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Las declaraciones de los 13 acusados empezarán a partir del 10 de noviembre

Tras dos días con sesiones, el 10 y el 11, se producirá una interrupción de la vista oral hasta el 30 del mismo mes, motivada por la ausencia de salas adecuadas

Juicio del caso Las Teresitas (Aarón S. Ramos)

Juicio del caso Las Teresitas Aarón S. Ramos

Las declaraciones de los 13 acusados por el caso de Las Teresitas comenzarán el 10 de noviembre próximo, según el calendario acordado por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El juicio de Las Teresitas, en el que se dilucidan las posibles responsabilidades penales por la compraventa del frente de esa playa, en Santa Cruz de Tenerife, comenzó el 9 de septiembre y por el momento han declarado los testigos de las acusaciones y las defensas.

La última sesión con las declaraciones de los testigos se celebró el 4 de octubre y la vista se reanudará el 17 de este mes con las pruebas periciales, que concluirán el 4 de noviembre.

Concluida la prueba pericial, se desarrollará la prueba documental en las sesiones de los días 7 y 8 de noviembre, según el calendario comunicado por el tribunal, que preside el magistrado Joaquín Ástor Landete.

Las sesiones se desarrollan en la sala de vistas con jurado del palacio de justicia de Santa Cruz de Tenerife, la más amplia de estas instalaciones, dado el número de acusados y defensas que participan.

Eso explica que, aunque las declaraciones de los acusados comenzarán el 10 y el 11 de noviembre, el juicio quedará interrumpido más de dos semanas, porque se necesita esa sala para celebrar otras causas con preso de carácter preferente.

No será hasta el 30 de noviembre cuando se reanude el juicio de Las Teresitas, tras esa interrupción, y continuará en días sucesivos con las declaraciones de los acusados, los informes y las conclusiones de las partes hasta la finalización de la vista oral.

Proceso para dilucidar responsabilidades penales

En el juicio de Las Teresitas se trata de dilucidar posibles responsabilidades penales por un supuesto pelotazo en la compraventa de los terrenos de la playa en 2001 por parte del Ayuntamiento a los empresarios Antonio Plasencia, expresidente de la patronal de la construcción Fepeco, e Ignacio González, expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

El Ayuntamiento pagó 52 millones de euros por unos terrenos valorados en 19 millones por el propio consistorio, lo que llevó al Tribunal Supremo a anular la operación.

La fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez pide ocho años de cárcel para el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo y para el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, ambos de Coalición Canaria, a los que acusa de malversación de fondos públicos y prevaricación. También pide la fiscalía cuatro años de cárcel para los entonces portavoces del PSOE, Emilio Fresco, y del PP, José Emilio García Gómez.

La misma condena de cuatro años se pide para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.

El exsecretario general municipal Eugenio de Zárate, el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca también se exponen a cuatro años de prisión.

Los empresarios obtuvieron un lucro de 39,4 millones de euros en esa operación a costa de las arcas municipales, según la acusación, que responsabiliza a Zerolo y a Parejo de dirigir las actuaciones en el Ayuntamiento para beneficiar a los vendedores de las parcelas.

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