El abogado del exsenador Miguel Zerolo afirma que actuó en “beneficio de los ciudadanos”

El abogado de Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador en Cortes de CC por la Comunidad Autónoma de Canarias, sostuvo en la primera sesión del juicio por la compra, supuestamente fraudulenta, del frente de la playa de la ciudad que su cliente actuó “en beneficio de los ciudadanos”, cuando el Ayuntamiento adquirió los terrenos, en 2001, por el triple de lo peritado por una arquitecta municipal. 

Miguel Zerolo se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por los posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de capitales. Ya ha sido condenado en firme a ocho años de inhabilitación por la concesión a dedo de un contrato de obras menores en un edificio público que luego terminaron siendo obras mayores de más de siete millones de euros. 

Este viernes, el expolítico y bastión fuerte de Coalición Canaria durante décadas, se ha vuelto a sentar en el banquillo porque podría haber beneficiado a empresarios “amigos” en la compra del frente de la playa que, en teoría y en parte, ya era propiedad del Ayuntamiento por cesión, mientras que otras parcelas serían propiedad de Costas. Y ello,  de acuerdo con un deslinde de 1961 ratificado por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007. En esa sentencia, el alto tribunal falló la anulabilidad de la venta y, en consecuencia, de la compra de los terrenos. 

Su abogado, Jorge Muñoz Cortés (suplente del exvocal del CGPJ, Agustín Azparren, que lleva la dirección de la defensa), aseguró durante las cuestiones previas que han marcado este viernes la primera sesión del juicio, que las parcelas destinadas a centro de talasoterapia y uso hotelero eran “beneficiosas” y estaban contempladas en un Convenio de 1986.

Este argumento le sirvió para explicar la importancia de una prueba pericial en la que se basaría la no existencia (o matización) de la malversación, ya que en la malversación debe haber un perjuicio y no un beneficio para la sociedad. 

Es el mismo que expresó el exsenador (desde 2015 no milita en Coalición Canaria) a su llegada, aparentemente relajado, al Palacio de Justicia. “Estoy feliz y contento por poder demostrar que parte de lo que se ha dicho no es cierto”. 

Autos judiciales “de corta y pega” 

Se prevé que el juicio dure tres meses. Será al final de la prueba oral cuando Zerolo y los restantes 12 acusados declaren, una vez escuchados testigos y peritos. Los abogados de la defensa de los demás acusados coincidieron en alegar “indefensión” de sus representados, mayormente porque se prolongó en exceso el secreto del sumario, “con autos no motivados ni razonados, sino que la instructora hizo un corta y pega en los que solo cambió la fechas”. 

Es lo que alegó Eduardo García Peña, el abogado de otro de los principales encartados, el exedil Manuel Parejo, también exmilitante de CC, exresponsable de Urbanismo, considerado mano derecha del exalcalde y exsenador, y para quien se piden otros ocho años de cárcel. 

“Y así hemos estado las defensas con los ojos vendados durante seis años”, quien dijo que, pese a estar personado en la causa, nunca recibió a tiempo los autos judiciales de la prórroga del secreto del sumario, lo que interpreta como “una grave vulneración del derecho a la tutela judicial”. 

Es una síntesis del mismo argumento que esgrimieron los restantes letrados, que pidieron que las declaraciones de sus representados fueran impugnadas porque se llevaron a cabo sin saber siquiera qué hechos delictivos les imputaban, ni tener conocimiento de la querella de la Fiscalía, pese a que en su momento, año 2007, denunciaron que esa querella había sido filtrada a los medios de comunicación. 

En la causa, además del mencionado Manuel Parejo, médico de profesión, con clínicas concertadas y de importante implantación en Tenerife, y que habría firmado documentos por los que se reconocía la cesión al Ayuntamiento de parcelas luego recompradas, están acusados los dos empresarios beneficiados, Ignacio González Martín y Antonio Plasencia, junto con Pedro González Martín, hijo del primero, y Carlos Plasencia Romero, hijo del segundo, gestores de su empresa Inversiones Las Teresitas, con la que se compraron los terrenos para luego revenderlos, tras recibir un chivatazo, nunca sabido por quién, de que el Supremo iba a fallar a favor de la edificabilidad en los mismos. 

Y también se sientan en el banquillo funcionarios y técnicos (uno de ellos, Antonio Messía de Yraola, en la actualidad es interventor en el Cabildo de Tenerife; el ex secretario general del Ayuntamiento Eugenio de Zárate, ha recibido recientemente una medalla por su labor) para quienes se solicitan cuatro años de cárcel. 

Los mismos que se piden para dos exconcejales del PSOE y del PP, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez, respectivamente, acusados por, presuntamente, haberse reunido con los empresarios para, también presuntamente fraguar la compra. Sus abogados señalaron que no hay fundamento para las acusaciones de malversación y prevaricación que pesan sobre ellos ya que “no hay pruebas de cargo, ni hubo acciones indagatorias, ni alguna averiguación sobre esas hipotéticas reuniones”. 

Es un juicio mediático, muy mediático. Pocas veces se han visto tantos periodistas, incluso no periodistas camuflados de periodistas, en un juicio de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con fuerzas policiales por si se infiltraba algún “indignado”. Lo fuerte, sin embargo, comienza el lunes, cuando el expresidente de CajaCanarias (luego Banca Cívica y por último, La Caixa), Rodolfo Núñez Ruano, explique por qué esa entidad bancaria concedió un crédito de 5.500 millones de pesetas a un hombre que trabajaba para el acusado Ignacio González, que al tiempo era consejero de Administración de esa Caja, con solo un sueldo de 1.200 euros al mes.