El juicio a los exdirectivos de Las Teresitas será en octubre

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife está cuadrando las fechas para que a lo largo del próximo mes de octubre los exdirectivos de la Junta de Compensación de Las Teresitas se sienten en el banquillo de los acusados. La Fiscalía Anticorrupción acusa al asesor legal, Mauricio Hayek, al expresidente, Jerónimo Delgado, al extesorero, Clemente Martín y al exsecretario, Álvaro Fernaud de los presuntos delitos de apropiación indebida y falsificación de documentos públicos y privados. El Ministerio Público solicita penas de cárcel que suman 23 años y ocho meses y la devolución de alrededor de 2,5 millones de euros.

Esta pieza separada del caso Las Teresitas investiga las irregularidades cometidas tras la venta por parte de la Junta de los terrenos de la playa a Inversiones Las Teresitas (ILT), propiedad de Ignacio González y Antonio Plasencia en el año 1998 por 33 millones de euros. Las penas solicitadas por el Ministerio Público abarcan entre los ocho años para el asesor jurídico y la exigencia de dos millones de euros, cinco años y medio para Delgado así como para el extesorero y cuatro años y medio para Fernaud, además de multas de diez meses para todo ellos, excepto para el último, para el que sería de quince. Para los acusados, la Fiscalía Anticorrupción exige la asunción de responsabilidad civil que para Martín Rodríguez y Delgado suman 126.212,46 euros para cada uno.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existen pruebas sólidas de que se dejaron de pagar a los propietarios de los terrenos del frente y la trasera de la playa alrededor de cinco millones de euros en cantidades que oscilan entre los 883.500 euros del Ministerio de Defensa, los 487.000 del Club Deportivo San Andrés o los 421.000 que no se le pagaron a particulares.

Además, existe un grupo de alrededor de un centenar de pequeños propietarios de Las Huertas cuyos terrenos fueron vendidos sin que recibieran nada a cambio y medio centenar de Montaña Morera cuyas casas han desaparecido del Registro de la Propiedad en el que los terrenos aparecen aún a nombre de ILT.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que Hayek se aprovechó de su ventajosa condición para obtener un “ilícito beneficio económico” hasta el punto de conseguir que el secretario emitiera un certificado en el que se reflejaba que era propietario de más terrenos que los reales. La presunta falsificación de estos documentos implicaría que años después se anularía el proyecto de reparcelación en el que se recoge el índice de participación de cada uno de los propietarios.

De esta manera, según el escrito, se habría justificado el cobro de las cantidades indebidas que el abogado había recibido ya de la Junta, lo que posibilitó que hiciera suyos esos dos millones de euros a través de distintas operaciones. En el año 2008, el Juzgado procedió a la retención de cerca de seis millones de euros que estaban en su poder.

Igualmente, se mantiene que el abogado convenció al resto de los directivos de la Junta para que se le permitiera ingresar en su propia cuenta un cheque por valor de 851.000 euros. Un dinero que iba a servir para cumplir con la reclamación de Defensa sobre la batería militar pero que se empleó en crear un fondo de inversión.

El abogado también es acusado de hacerse con casi 300.000 euros mediante el cobro de talones al portador y para evitar ser identificado por medio de una serie de cheques de importe que, en un caso, sumó 43.200 euros. Pero, en general, estos documentos no pasaron de los 3.000 euros con el fin de impedir el rastro y seguimiento, tal y como permitía la legislación bancaria en aquel momento. Además, siguiendo esta misma técnica, también cobró 216.000 euros por un lado y 36.000 por otro.

Por todo ello, no es raro que ya en 2007 las cuentas de la Junta apenas registraran un saldo de 5.122 euros a través de una técnica de cuyo diseño se responsabiliza directamente a Hayek. “Y todo ello a pesar de que un abundante número de propietarios cuyos derechos aparecían ya recogidos en 1989 dejaron de percibir el importe de sus respectivos derechos, o bien los recibieron en cantidad inferior a la que les correspondía. No existiendo por lo tanto capital a favor de la Junta con el que atender a los derechos económicos de los mismos”.

La Fiscalía apunta que, tras cobrar de ILT, se registraron intereses en las cuentas de la entidad de casi 800.000 euros que tampoco fueron repartidos entre todos sus miembros “y desconociéndose el destino de los mismos”. Por todo ello, el Ministerio Público señala que los ahora acusados “guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico, lejos de cumplir con el cometido de las obligaciones inherentes a los cargos que ocupaban, se aprovecharon de su situación”.

Para ello dispusieron “fraudulentamente” del patrimonio de la Junta “en evidente detrimento de los integrantes de la misma. Todas las cantidades obtenidas por los acusados se hicieron efectivas a pesar de que eran plenamente conscientes de la existencia de numerosos propietarios cuyos derechos económicos no habían sido satisfechos y de estar en los coeficientes de repartos que manejaban los órganos directivos”.

Con respecto al tesorero, se le acusa de haber actuado “con clara connivencia” con los demás encausados, “prevaliéndose de su condición, siendo plenamente conocedor de la situación económica de la Junta, haciendo uso de un acuerdo de delegados y sin someterlo a posterior valoración de la asamblea como ordenan los estatutos”.

De esta manera “absolutamente fraudulenta” y usurpando las funciones de la voluntad mayoritaria consiguió obtener la cantidad de 135.000 euros que también cobró a base de diversos cheques, uno por 74.000 euros y los demás por cantidades menores a los 3.000. Por su parte, el presidente utilizó la misma técnica para hacerse con una cantidad idéntica. En cuanto a Fernaud, se considera que en su condición de secretario y haciendo uso de las facultades expresamente conferidas por la legislación emitió un certificado por el que permitió que Hayek cobrara más de lo que realmente le correspondía.

Las investigaciones de esta pieza separada el caso de Las Teresitas fueron desde un principio asumidas por Lucía Machado, titular del Juzgado de Instrucción número 5 durante los últimos diez años. En este tiempo han sido llamados a declarar como testigos la práctica totalidad de los antiguos propietarios de la playa y de la trasera conocida como Las Huertas y Montaña Morera.

Además, hay otra pieza que analiza las cuentas del Centro Canario Nacionalista (CCN) cuyo presidente Ignacio González, es hijo del empresario del mismo nombre que compró y vendió estos terrenos. A finales de año está previsto que tenga lugar el juicio que sentará en el banquillo al exalcalde, Miguel Zerolo y otros doce acusados, entre los que figuran políticos, empresarios y funcionarios por presunta malversación y prevaricación en lo que supone el núcleo central del caso de Las Teresitas. Hace algunas fechas tuvo lugar el juicio civil que da cumplimiento a la anulación de la compraventa de los terrenos, aunque la sentencia no será emitida hasta que se conozca el resultado de la causa penal.