Denuncian en la Fiscalía la supuesta “permisividad” del Ayuntamiento lagunero con locales de ocio del casco

La propietaria de un antiguo bar en el llamado Cuadrilátero de La Laguna ha denunciado ante la Fiscalía el supuesto “trato de favor” dispensado en “los últimos años” a bares y establecimientos de ocio nocturno instalados en el centro de la ciudad tinerfeña, con presunta “permisividad” en la realización de actividades que supuestamente no ampara la autorización administrativa o comunicación previa.

Tal situación puede suponer la comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra el medio ambiente por parte de autoridades y empleados públicos, según se recoge en el escrito presentado ante la Fiscalía Provincial.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Tenerife Ahora, va dirigida contra la concejala de Ordenación del Territorio, María Candelaria Díaz (CC), que además gestiona Patrimonio Histórico, Hacienda, Desarrollo Local y otras áreas, y contra la ya exconcejala de Cultura, Economía, Comercio, Empresa, Empleo y Turismo María José Castañeda (PSOE), que presentó su renuncia a estas funciones a principios de mes tras formalizarse la ruptura del pacto de gobierno entre ambos partidos. Igualmente, se formula la denuncia contra técnicos municipales que hubieran podido participar en los supuestos hechos ilegales.

En concreto, la denunciante -que hace constar que cerró su bar recientemente tras 20 años de actividad- se refiere a los supuestos “incumplimientos de aforos, horarios, generación de ruidos por encima de lo permitido y ampliaciones de espacios no consentidos”, entre otras presuntas “irregularidades”, que, según el escrito, “son frecuentes en gran parte” de los locales ubicados en el centro histórico declarado como Patrimonio de la Humanidad.

Se alude en la denuncia a que los responsables de la Gerencia de Urbanismo supuestamente habrían tenido constancia de que estos presuntos incumplimientos de la legislación habían quedado “constatados por actas emitidas por la Policía Local”.

También se indica que entre las pruebas documentales aportadas figura que ambas concejalas, así como “el concejal de Seguridad”, supuestamente recibieron en sus cuentas de correo electrónico “oficiales” mensajes de una asociación de empresas de ocio en los que se les informaba de “los actos contrarios a las autorizaciones administrativas que promocionaban los establecimientos” del casco histórico, por lo que presuntamente tenían constancia de esas irregularidades.

En el escrito, presentado en la Fiscalía este verano, se afirma que los hechos denunciados son generalizados en el casco histórico, pero se mencionan “a título representativo” los casos de varios establecimientos de ocio sobre los que supuestamente se abrieron expedientes. A la denunciante no le consta que se hubieran adoptado medidas sancionadoras, de cierre o de reducción de horarios; alguno de ellos supuestamente incluso pudo recibir subvenciones públicas.