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El alcalde de La Laguna deja al presidente del Gobierno al borde de la imputación por el caso Grúas

A preguntas de su abogado defensor, su hermano Víctor, José Alberto Díaz aseguró que no firmó “ninguna de las resoluciones objeto de la investigación”

Sin embargo, Díaz dejó todo encaminado en agosto de 2014 para que el alcalde Clavijo levantara los reparos del interventor y su sustituto firmara el decreto de prórroga a Autogrúas Poli

José Alberto Díaz y Fernando Clavijo

José Alberto Díaz y Fernando Clavijo Flickr Presidencia Gobierno de Canarias

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (Coalición Canaria), abraza las tesis de la jueza que investiga el llamado caso Grúas: el que no haya firmado resoluciones puede estar tranquilo. Y, en sentido inverso, el que lo haya hecho puede tener problemas. Eso es lo que se desprende de la lectura del acta de su comparecencia como investigado en el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna por la gestión que el Ayuntamiento de la ciudad hizo en 2014 del servicio de retiradas de vehículos de la vía pública, prorrogando el contrato a la empresa concesionaria cuando se habían hecho cargo de ella siete de sus trabajadores, prestándole 120.000 euros de fondos públicos y desoyendo constantemente los reparos del interventor municipal, habilitado nacional.

Díaz era en aquel momento concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, y el alcalde era el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, también de Coalición Canaria. El primero no firmó ni un solo documento de los muchos que forman parte del expediente, pero el segundo sí lo hizo, firmó dos.

José Alberto Díaz compareció ante la jueza Celia Blanco el pasado día 16 para ejecutar la orden de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que atendía las peticiones de las acusaciones populares en contra del criterio de la instructora. Blanco y el fiscal que tiene adscrito a su juzgado eran hasta entonces de la opinión de que aquellos cargos públicos que, aun habiendo participado en el expediente, no hubieran firmado resoluciones del caso grúas, no tenían por qué comparecer como investigados. La Audiencia, en el segundo tirón de orejas que le propinaba por esta causa, le indicó el camino a seguir: llamar a declarar como investigado al entonces concejal de Seguridad Ciudadana.

Pero en la declaración de José Alberto Díaz ante la jueza, el fiscal y los abogados personado se conocieron muchas más cosas de las que el investigado estaba dispuesto a revelar. De entrada, su limitado interés por aclararlo todo, como había anunciado que haría cuando se supo que iba a ser llamado a declarar: el alcalde de La Laguna se negó a contestar a la abogada de Por Tenerife y al abogado de Unidos Se Puede, dos de los grupos de oposición en su Ayuntamiento. Del resto de su declaración se deducen muchas divagaciones y verdades a medias, cuando no ocultación de la realidad de los hechos, como corresponde al ejercicio del derecho del imputado a no acordarse de todo o a no decir verdad ni declarar contra sí mismo.

José Alberto Díaz a la salida del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna tras declarar por el caso Grúas

José Alberto Díaz a la salida del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna tras declarar por el caso Grúas EFE/Cristóbal García

Pero en algunas cosas sí fue contundente. Por ejemplo, en el momento en el que su abogado, su hermano Víctor Díaz, exconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, le preguntó si había dictado alguna resolución referida al caso Grúas. La respuesta fue escueta pero contundente: “No dicté ninguna de las resoluciones objeto de la investigación”. Hay otras dos personas que sí lo hicieron y una de ellas es Fernando Clavijo, que firmó dos decretos, concretamente uno levantando los reparos del interventor para conceder a Autogrúas Poli una prórroga de su concesión y otro en el que levantó similares reparos y otorgó a la misma empresa un préstamo de 120.000 euros con dinero municipal.

En la causa figura como investigado otro concejal de la Corporación, el actual portavoz de CC, Antonio Pérez-Godiño, que actuaba como concejal de Seguridad en funciones aquel agosto de 2014. Fue Godiño el que, después de que Clavijo levantara los reparos del interventor, firmó el decreto en el que se prorrogaba hasta agosto de 2019 el contrato a Autogrúas Poli, ya en aquel momento en manos de varios trabajadores, algunos con vinculaciones personales al entonces alcalde, Fernando Clavijo.

Aquel era un expediente que llevaba rodando dentro del Ayuntamiento varios meses y que fue preparado por José Alberto Díaz y su directora general de Seguridad y Movilidad, Rosario Hernández, sobre la que el actual alcalde cargó todas las responsabilidades. En el expediente -así es- figuran varios informes firmados por esta funcionaria, que a día de hoy continúa desempeñando las mismas funciones a las órdenes del concejal Jonathan Domínguez. Pero es igualmente cierto que en todos esos informes se hacen constantes referencias a que la iniciativa de todas las propuestas para prorrogarle el contrato a Autogrúas Poli parten del concejal teniente de alcalde, a la sazón José Alberto Díaz.

La firma de Díaz no aparece al pie de ninguna resolución del caso Grúas, pero es en él en el que delega la Junta municipal de Gobierno el 29 de julio de 2014, a escasos 18 días de que se tomara sus vacaciones (16 de agosto de 2014), quedando solo a la espera de que el interventor municipal emitiera un segundo informe contrario a la prórroga (22 de agosto) y de que la directora general elevara al alcalde su último informe (26 de agosto) en el que queda claro de qué cargo municipal partía la iniciativa de levantar los reparos de intervención y proceder a decretar la prórroga. El mismo 26 de agosto Clavijo firma el levantamiento de los reparos, y al día siguiente, el 27, Pérez-Godiño firma la prórroga actuando como concejal de Seguridad y Movilidad en funciones.

“Yo hubiera actuado como lo hizo el señor Pérez-Godiño”, dijo a modo de corolario de su declaración como imputado José Alberto Díaz el pasado día 16 ante la jueza Celia Blanco. Quizás se sentía cómodo porque aquel era el momento en el que le interrogaba su hermano Víctor y ya había detectado que la magistrada instructora no tenía ninguna intención de preguntarle en profundidad por los tres delitos que le imputa (prevaricación, malversación y tráfico de influencias), sino más bien por un cuarto, cohecho, que no le fue comunicado: “¿Actuó con alguna intención económica para sí mismo o para familiar o amigo?”

El alcalde de La Laguna declinó dar su versión a este periódico: “No hago declaraciones sobre lo que declaro en un juzgado”.

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