Las grúas municipales de La Laguna operan sin la tarjeta de transporte

Un grupo de trabajadores de Autogrúas Poli denuncia que la empresa, que desde el pasado 31 de enero de 2014 está intervenida por el Ayuntamiento de La Laguna, no dispone en estos momentos de la tarjeta de transporte, un documento obligatorio para desarrollar su actividad.

En este sentido, el colectivo explica que ésta caducó hace unos días sin que los gestores de la compañía hayan hecho nada por solucionarlo. De hecho, un representante de los empleados argumenta que, a pesar de que los interventores del Consistorio lagunero han enviado varias cartas exigiendo que pesenten la preceptiva tarjeta “se les está dando largas”.

Al respecto, apunta que “se trata de una situación más grave aún si se tiene en cuenta que la empresa está ahora bajo el control del Ayuntamiento”. Aún así, destaca que “se sigue operando de la misma manera que antes, aunque se estén incumpliendo la práctica totalidad de los puntos reflejados en el pliego de condiciones y sin que parezca importarle a nadie”.

No en vano, agrega que “el hecho de que esta importante documentación ya no está en vigor no impide que sigamos prestando servicios al Ayuntamiento y a la Policía Local”, lo que, a su juicio, puede llegar a provocar la paradoja de que “un día tengamos que retirar un vehículo por que no dispone de la tarjeta de transporte, cuando nosotros tampoco la tenemos”.

Sobre este apartado, esgrime que “lo que ocurre es que si una empresa no está al corriente en los pagos a la Seguridad Social y Hacienda no se la renuevan”. A esto se le suma, que “al menos uno de los propietarios debe estar en posesión del título de capacitación al transporte y, ahora mismo, nadie está en disposición de este requisito, por lo que es de presuponer que hasta la fecha estaban usando el del anterior propietario, José Padilla”.

Al margen de la incoherencia de no contar con esta exigencia, máxime cuando Autogrúas Poli presta servicios a una administración pública, el representante de los trabajadores detalla que “la multa por esta infracción puede rondar entre los 3.000 y los 30.000 euros e, incluso, la Guardia Civil podría inmovilizar el vehículo”.

Teniendo en cuenta que las cuatro grúas que conforman la flota de la empresa están operativas todo el día (tres en el turno de mañana, dos por la tarde y una por la noche), Autogrúas Poli “se está arriesgando a recibir una importante sanción”.

Por todo ello, un grupo de trabajadores tienen previsto denunciar esta serie de irregularidades, la próxima semana, ante el Cabildo de Tenerife para que adopte las medidas correspondientes.

En otro orden de cosas, desmienten que el Ayuntamiento lagunero se haya puesto al día con los pagos, ya que, según aseveran, “a pesar de que tras una larga espera se consiguió que en diciembre abonara las doce mensualidades atrasadas, lo que rondaba una cuantía superior a los 60.000 euros, desde entonces ha vuelto a la situación anterior y ya debe otras dos nóminas”.

Así pues, critican al concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, José Alberto Díaz, que “anda diciendo por ahí que el problema de Autogrúas Poli se ha solucionado por completo, cuando lo cierto es que a cada trabajador se le vuelve a deber una media de 3.000 euros”.

Incluso, enfatizan que a uno de los empleados, que estaba de baja cuando se regularizaron los pagos, se ha quedado sin cobrar, por lo que, en este caso, la deuda acumulada se eleva ya a las 14 mensualidades“.

Entre tanto, señalan que “en medio de esta gran incertidumbre, se ha llegado a especular con que Grúas Cuchi, que no tiene nada que ver con nosotros ni presta sus servicios para el Consistorio de La Laguna, se iba a hacer cargo de nuestras nóminas, en caso de que cobrara una deuda de 500.000 euros que tenía pendiente del Ayuntamiento de Santa Cruz”.

Sea como fuere, el colectivo se siente engañado por concejal del área y candidato de CC a la Alcaldía, José Alberto Díaz, del que dicen que “miente más que habla”.

Por último, afirman que, tal y como se vienen sucediendo las cosas, “la única solución posible es que el Ayuntamiento saque la empresa a concurso, con la condición de que el nuevo propietario subrogue a todos los empleados”.