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Los motivos por los que Fernando Clavijo se libra de 11 imputaciones

La nulidad de las grabaciones entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre de 2010 ha dejado sobre la mesa de la juez sustituta tan sólo las declaraciones, contradictorias, de denunciante, imputados y testigos

Fernando Clavijo, uno de los imputados.

Fernando Clavijo, candidato de CC a la Presidencia de Canarias.

La juez sustituta Teresa Álvarez de Sotomayor, en funciones de sustitución en el juzgado de Instrucción 1 de La Laguna, ha hecho suyos los argumentos que expuso la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife en sus escritos de 9 y 16 de marzo, y ha procedido a declarar nulas las escuchas telefónicas que la Policía Judicial grabó entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre de 2010, y todas las pruebas derivadas de ellas.

Asimismo, en un segundo auto, la juez declara el sobreseimiento provisional de los 13 imputados en la pieza 22 del Caso Corredor, aunque la causa se mantiene abierta para otros treinta imputados, el principal de ellos, el empresario del juego y la noche lagunera, Evaristo González Reyes.

De esta forma, sin las numerosas pruebas derivadas de las escuchas, sobre la mesa de la juez sustituta quedaron tan sólo las declaraciones de los imputados y testigos, declaraciones contradictorias que negaban todos los términos expuestos en su denuncia por el denunciante Carlos Calderón, que era propietario de un pub en el corazón de la zona de ocio llamada Cuadrilátero, el pub Sketch.

La ausencia del auto judicial firmado y motivado ha librado de imputaciones, al menos mientras no se aporten nuevas pruebas que puedan reabrir la pieza, al candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por CC, Fernando Clavijo, sospechoso hasta este viernes de tres supuestos tráficos de influencias, tres prevaricaciones, dos malversaciones de caudales públicos, dos falsedades documentales y una no promoción de perseguir delitos.

La juez, al igual que la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez, declara nulas las conversaciones entre Clavijo y Francisco Barreto, en las que se daban instrucciones para agilizar la apertura de un bar en La Cuesta pese a no tener licencia para ello, así como considera dos simples ilícitos administrativos, que no revisten entidad de delito penal, las ayudas irregulares a una concejal del Ayuntamiento de La Laguna y un asesor municipal de CC para su realojo tras detectarse aluminosis en sus viviendas y que dieron lugar a dos imputaciones de tráfico de influencias, dos prevaricaciones, dos falsedades documentales y dos posibles malversaciones.

Dos de las pruebas pedidas por el denunciante han quedado en el camino. Una es la toma de declaración a una testigo, sobre cuya protección no ha llegado a pronunciarse la Fiscalía, pese a que la acusación particular pidió esa protección en marzo pasado.

La fiscal sostuvo que el testimonio que esa testigo ofreció a un policía judicial no era prueba válida ya que no se prestó ni en sede judicial ni en comisaría, mientras que la juez entiende que la identificación de esta testigo de los asistentes a una posible reunión, en la que estarían Clavijo, el gerente de Urbanismo Roberto Remiro y el empresario Evaristo González Reyes, que sería quien daba instrucciones para acabar con el pub Sketch, no se hizo mediante rueda de reconocimiento o reconocimiento fotográfico directo, visto lo cual entiende que no hay indicios suficientes de una conducta delictiva

De la misma manera, estima que las actas sancionadoras al pub Sketch por incumplimiento de horario de cierre, no suponían ninguna persecución hacia el denunciante Carlos Calderón, ya que otros locales de su entorno también habían recibido sanciones, incluido el pub BB+, propiedad de Evaristo González Reyes, al tiempo que subraya que el denunciante sí tenía numerosos conflictos con la Gerencia de Urbanismo de La Laguna por las numerosas sanciones que le imponían por el cierre del local, lo que derivó en juicios contencioso administrativos que bien ratificaron las sanciones o dieron la razón al denunciante “por defectos formales”.

En relación con lo anterior, la juez considera que no hay indicios de otro de los posibles ilícitos que se le imputaba a Fernando Clavijo, el de no promoción de perseguir delitos, en relación a los intentos de extorsión que Calderón dijo que recibía del policía local Juan Pedro Lutzardo, ya que considera que Clavijo, que entonces era concejal de Seguridad Ciudadana, dio órdenes al jefe de los turnos de noche de la Policía Local que indagase esos hechos, además de afirmar ante el juez que no dio credibilidad a las afirmaciones de Calderón.

En cuanto al posible tráfico de influencias que pesaba sobre el candidato presidencial, en relación al retraso en el precinto de un local llamado Utopía, vinculado a Evaristo González Reyes, que regentaba su amigo José Antonio Santana, presidente de la patronal del Ocio (Fecao), nada puede atribuirse al ser nulas las escuchas, el mismo motivo por lo que no aprecia el tráfico de influencias en relación a la apertura sin licencia del bar de Francisco Barreto, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Aguere.

El caso sigue abierto

De esta forma, Fernando Clavijo queda libre, provisionalmente, de las 11 imputaciones que pesaban sobre él, pero en el sumario quedan decenas de miles de folios de conversaciones que sí cuentan con el respaldo judicial, salvo que la Audiencia Provincial dicte lo contrario y de por nulo el auto primero que dio lugar al resto de escuchas de comunicaciones telefónicas y telemáticas.

Por esas escuchas hay encausadas otras treinta personas, con un eje central, Evaristo González Reyes, al que se le imputan, entre otros, delitos contra el patrimonio, la Seguridad Social, cuatro posibles incendios de locales y robos.

Uno de esos supuestos robos sería justamente el auto judicial primero de las escuchas, que pudo ser reconstruido por constar en soporte informático, lo que González Reyes, el mismo que ha apartado de la causa (también provisionalmente) al magistrado instructor Cesar Romero Pamparacuatro, ha recurrido también ante la Audiencia Provincial.

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