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Bermúdez (CC), empeñado en que haya un "pequeño" hotel de 8 plantas en Las Teresitas

El presidente del Grupo Municipal Nacionalista en el Ayuntamiento pide a Cs que no ceda ante las "presiones" del PSOE y Unidas Podemos para paralizar en Plan Especial del frente de la playa

El presidente del Grupo Municipal Nacionalista en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez

El presidente del Grupo Municipal Nacionalista en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez

El presidente del Grupo Municipal Nacionalista, José Manuel Bermúdez, considera que la paralización del Plan Especial de Las Teresitas anunciada este por el portavoz socialista, José Ángel Martín, incumple el mandato del Pleno del pasado 31 de enero y "desprecia" la labor realizada desde 2016, por lo que el Ayuntamiento "tendrá que volver a empezar de cero".

Bermúdez confía en que tanto el concejal de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras, Juan Ramón Lazcano, como su partido, Ciudadanos, "no claudiquen ante la presión que ejercen sobre ellos Unidas Podemos y el PSOE y se mantengan en el acuerdo plenario casi unánime de hace solo 13 días, al que se opusieron solo los tres de UP".

Asimismo, afirma en una nota que no están a favor de la paralización, "que lo único que pretende es impedir los aparcamientos cubiertos, públicos y gratuitos de la playa, así como que el consistorio pueda usar la parcela con calificación de uso hotelero y autorice la construcción del pequeño establecimiento previsto en el plan".

El "pequeño" establecimiento es un hotel de ocho pisos, que se ubicará en una zona en la que hasta ahora no hay explotación turística.

Bermúdez lamenta que, de haber cambios, el plan tenga que iniciar de nuevo su recorrido administrativo y no podrá llevarse a cabo en esta legislatura. Según él, las modificaciones del grupo que, en su opinión, "presiona a Patricia Hernández" supondrán la realización de cambios sustanciales del plan especial, por lo que este tendrá que iniciarse de nuevo".

Bermúdez, empeñado en que haya un hotel

A su juicio, "no es de recibo que se pretenda quitar el uso hotelero a la parcela donde está prevista la construcción de una instalación de pequeñas dimensiones, ya que supondría que el Ayuntamiento, es decir los chicharreros, pierdan recursos si se modifica el uso turístico".

Bermúdez recuerda también que lo previsto en el plan dentro de este terreno, de 33.750 metros cuadrados de suelo y 40.000 metros cuadrados construidos, "no es otra cosa que un pequeño establecimiento hotelero, capaz de generar entre 160 y 200 empleos directos, a lo que se uniría la previsible repercusión en la economía de su entorno más próximo, como es el pueblo de San Andrés".

Guaguas, tranvías, comercios, aparcamientos y un hotel de 8 plantas

Unidas Podemos, tal y como expresó cuando rectificó su apoyo al Plan, ve "necesario" replantear el modelo de movilidad que, por una parte, prevé llevar tranvías y guaguas hasta la playa de Las Teresitas, "sin decantarse por un modelo eficaz de transporte público colectivo, y, por otra, vuelve a plantear construir aparcamientos en la zona del mamotreto, descartando así otras alternativas".

Asimismo, comenta en una nota que el plan especial "destruye la continuidad visual" entre San Andrés y la playa con la prevista construcción de un promontorio bajo el que se ubicarían una zona comercial y dos plantas de aparcamientos.

Para Trujillo, "la pérdida de los valores paisajísticos actuales se complementaría con la construcción de un hotel de ocho plantas que contradice el deseo ciudadano de preservar los valores naturales del paisaje que enmarca la playa".

Las Teresitas, el mayor 'pelotazo' urbanístico de Canarias

La ordenación del frente de playa de Las Teresitas dio pie al llamado caso Las Teresitas, que culminó con el ingreso en prisión del exalcalde de CC Miguel Zerolo, de los empresarios Ignacio González (ya fallecido) y Antonio Plasencia, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González.

El caso, por el que el Ayuntamiento compró (contra el criterio de los interventores municipales) unos terrenos muy por encima de su valor real y de los que en realidad ya poseía una parte, ha supuesto el mayor pelotazo urbanístico de Canarias y un quebranto multimillonario a las arcas públicas de la capital tinerfeña, que aún no ha recuperado el dinero malversado.

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