El alcalde Clavijo batió para La Laguna el récord regional de gastos desautorizados por la Intervención
El alcalde-presidente de La Laguna batió en los años 2014 y 2015 todos los récords regionales de gastos reparados por el interventor municipal, según en informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias para esos dos ejercicios, conocido este lunes. El alcalde-presidente de La Laguna en el ejercicio económico de 2014 y la mitad de 2015 fue el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
El informe de la Audiencia de Cuentas no hace otra cosa que ratificar lo que ya se conocía como una práctica habitual en el Ayuntamiento de La Laguna: la formulación constante de reparos por parte del interventor municipal y el levantamiento de esos reparos mediante acuerdos promovidos por el alcalde, Fernando Clavijo. Ocurrió con el caso Grúas, que en estos momentos de dilucida en los juzgados de la ciudad, y ocurrió con una veintena de contratos con proveedores de servicios públicos que también ha sido objeto de una denuncia de la oposición municipal.
El informe de auditoría de la Audiencia de Cuentas de Canarias para los años 2014 y 2015 refleja claramente que en ese consistorio el levantamiento de reparos de la intervención era en la etapa de Clavijo algo muy habitual. Y no solo por el número de expedientes, sino fundamentalmente por su importe.
Así, en 2014, el alcalde levantó reparos que supusieron 47 millones de euros, el más elevado de todos los ayuntamientos de Canarias. Es cierto que la mayor parte de esos reparos venían motivados por la nómina municipal, como también refleja el informe del órgano regional de fiscalización, y que estos supusieron para el año 2014 un total de 36,7 millones, y para 2015, 3,8, pero aún así, La Laguna se mantuvo a la cabeza.
En 2014, ese consistorio rivalizó por culpa de esas cifras con Arona en el mayor importe de acuerdos contra reparos, suponiendo un 29,7 y un 10,8% del total de Canarias.
En lo que no rivalizó con nadie el Ayuntamiento a cuyo frente estaba Fernando Clavijo fue en el número de reparos de la intervención motivados por lo que se llama “omisión de requisitos o trámites esenciales”. En los dos años objeto de fiscalización, “la totalidad de los reparos” formulados por la Intervención “obedecieron a esta causa, un total de 176 que, aunque solo representan un 4% del número total, el importe es un 36,3% del total” del Archipiélago.
También ocupa un puesto de relumbrón el Ayuntamiento de La Laguna en la omisión de fiscalización previa, es decir, en los reparos emitidos por incumplir ese requisito legal. Solo San Bartolomé de Tirajana le superó en ese registro con 14, 5 millones de euros frente a los 4,1 de la Ciudad de los Adelantados.
El informe de la Audiencia de Cuentas se detiene a analizar los nueve expedientes con reparos de la Intervención por prórrogas irregulares. De los nueve casos analizados, siete se corresponden con objeciones derivadas de “aspectos esenciales como el de la duración, que supera los plazos establecidos para las prórrogas”, una de las causas de que se haya judicializado una veintena de expedientes de varios mandatos municipales.
Los auditores se detuvieron particularmente en el expediente 401/2015 en el que detectaron que el reparo de la Intervención venía dado por la inexistencia de mutuo acuerdo de las partes para prorrogar el contrato antes de su vencimiento. No constaba, concretamente, la voluntad de la Administración, lo que se resolvió con un informe del “centro gestor” indicando que los trámites se habían realizado correctamente.
Otro de los expedientes analizados por el órgano fiscalizador, que no cumplía con el requisito de “fiscalización previa”, fue reparado directamente por el alcalde-presidente alegando los mismos motivos que los anteriores, “el carácter esencial del servicio y su obligatoria prestación por parte de la administración”.
Un motivo similar al esgrimido para prorrogar el contrato con Autogrúas Poli, la concesionaria del servicio de retirada de vehículos en la vía pública, actualmente en trámites judiciales con el actual alcalde y el portavoz de Coalición Canaria imputados.
