Coalición Canaria obvia un informe de 2019 y dice que nadie le advirtió de las ilegalidades en Emmasa

El concejal de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Dámaso Arteaga ha asegurado este viernes que hasta el pasado año ningún informe técnico municipal justificó que el canon de Emmasa fuera irregular. Y en un comunicado, indica que ante las dudas de la actual alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández (PSOE), respecto a la legalidad de la devolución de 2,3 millones anuales por parte de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), a la compañía Sacyr, Coalición Canaria reitera que ninguno de sus miembros ha tenido constancia de irregularidad alguna.

Señala Dámaso Arteaga que durante los mandatos en los que José Manuel Bermúdez fue alcalde de la ciudad (de 2011 a 2019), Emmasa estuvo presidida por Julio Pérez (PSOE) y por él mismo (CC) y como consejero Jose Ángel Martín (PSOE), y en este reitera que “no consta ningún informe técnico municipal que ampare o que justifique que el canon fuera irregular o ilegal”.

Sin embargo, en el informe del director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos de mayo pasado se hace referencia expresa a un dictamen emitido por esa misma área el 6 de marzo de 2019.

Dámaso Arteaga destaca que “la actual viceconsejera de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, Isabel Cubas, y que en aquel momento ocupaba el cargo de jefa de los Servicios Jurídicos Municipales consideró, en uno de los informes, que se trataba de un canon anticipado, por lo esta figura era reconocida y asumida por el propio Ayuntamiento y sus servicios”.

Subraya asimismo que “la propia lógica del mecanismo administrativo indica que todos los miembros del consejo conocían que este canon se venía abonando, porque precisamente, tanto presidentes como consejeros, acudían a las reuniones donde se aprobaban las cuentas anuales”.

“Entre ellos, destacan los socialistas, José Ángel Martín y Julio Pérez, que estamparon sus firmas durante la etapa en la que José Manuel Bermúdez era alcalde”, agrega.

Respecto al incremento del precio del agua por efecto directo del pago del canon, “tal como ha insinuado” Patricia Hernández, Arteaga afirma que “no se ajusta a la verdad”, ya que “el precio siempre se ha vinculado con el IPC, por lo que, cuando éste se ha incrementado, los ciudadanos lo han notado en el recibo.”.

Pero también cuando el IPC ha sido negativo, se ha aplicado una disminución en el importe del recibo, tanto es así que la tarifa del agua está congelada desde el año 2013, asevera Dámaso Arteaga.

Coalición Canaria tiene “claro que cualquier indicio de irregularidad que pueda surgir en torno a este asunto, indudablemente será puesto en manos, tanto de los técnicos municipales como de la Justicia, si fuese necesario, para la adopción de cuantas decisiones resultasen precisas en defensa del patrimonio público municipal”.