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El Ayuntamiento de Santa Cruz solicita dos años después la recuperación del dinero pagado por Las Teresitas

El servicio jurídico pide a la Audiencia Provincial que se dicten las diligencias que impulsen la ejecución de la sentencia, en particular la responsabilidad civil y la recuperación del dinero

La oposición ha criticado en repetidas ocasiones la inacción del Ayuntamiento ya que en dos años no se ha pedido la ejecución de la sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo y que este confirmó en todos sus extremos

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Sede principal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El servicio jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó el pasado miércoles ante la Audiencia Provincial un escrito en el que solicita a este órgano que dicte las diligencias necesarias que impulsen la ejecución de la sentencia sobre Las Teresitas, en particular la responsabilidad civil y la recuperación del dinero. 

La solicitud se produce tras la instrucción formulada por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, el pasado 29 de marzo, un día después de conocerse la resolución del Tribunal Supremo sobre esta causa y una vez los servicios jurídicos hayan constatado que las aclaraciones solicitadas por algunas de las partes no tienen afección sobre el ámbito del Ayuntamiento.

Una nota del Ayuntamiento indica que la citada instrucción, de la que ahora dimana la petición a la Audiencia, ordenaba a la asesoría jurídica del Ayuntamiento las actuaciones necesarias para recuperar el dinero público invertido en la compra de los terrenos del frente de la playa, así como hacer efectivas las indemnizaciones en favor de esta entidad local.

Para el Ayuntamiento, con esta actuación se da un nuevo paso para la restitución de los perjuicios provocados al patrimonio municipal en el llamado caso Las Teresitas, por el que cumplen condena el exalcalde de la ciudad y exsenador de CC Miguel Zerolo (de CC), el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo (de CC), el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo Juan Víctor Reyes y el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín González. También se encuentran cumpliendo condena los empresarios Antonio Plasencia y Ignacio González.

La nota remitida desde el Ayuntamiento afirma que acordó en mayo de 2017 adherirse a la solicitud de medidas cautelares planteada por el Ministerio Fiscal y asegurar "la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento".

Dos años "sin mover un dedo"

Sin embargo, la oposición ha criticado en repetidas ocasiones la inacción del Ayuntamiento ya que, en palabras del portavoz socialista local, José Ángel Martín, tras ese acuerdo en mayo de 2017 no se llevó a cabo ninguna medida para recuperar el dinero. 

El portavoz socialista negó en marzo de 2019 esa buenas intenciones del alcalde y de Coalición Canaria, y señalaba dos operaciones (de momento fallidas), del Cabildo de Tenerife, presidido por Carlos Alonso (CC), y de la Comunidad Autónoma, por Fernando Clavijo (CC), con las que se ha tratado de beneficiar económicamente a uno de los empresarios condenados, Antonio Plasencia, históricamente vinculado a las grandes operaciones económicas del partido.

Patricia Hernández, candidata del PSOE a la alcaldía de Santa Cruz, criticaba el pasado 30 de marzo que el alcalde no haya "movido un solo dedo en estos dos últimos años en los que se podría haber pedido la ejecución de la sentencia para salvaguardar los intereses de la ciudad".

En su opinión, "tardar dos años da el suficiente margen a los condenados para mover su dinero y que, a la hora de la verdad, puedan utilizar triquiñuelas para no pagar ni un solo euro de los que le deben a los chicharreros", alertó.

La sentencia sobre este caso, avalada por el Tribunal Supremo, afirma que el Ayuntamiento pagó 52 millones de euros por la compra de varias parcelas del frente de la playa a la empresa Inversiones Las Teresitas, SL, cuando algunas tasaciones, entre ellas la municipal, situaban el precio en 20 millones de euros. Además, había parcelas que se ha demostrado que son de titularidad pública.

Antes de esta sentencia, la Audiencia Provincial había anulado la operación de compraventa y requería la devolución de los fondos pagados a los vendedores, Inversiones Las Teresitas, al Ayuntamiento capitalino.

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