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El Gobierno canario cierra con el Santander la compra de los dos edificios de Añaza amenazados por los desahucios

El Ejecutivo regional y el banco al que está vinculada la firma Luri 6 alcanzan un preacuerdo para la compraventa por la Comunidad Autónoma de las 358 viviendas VPO de alquiler, informó el alcalde José Manuel Bermúdez

Imagen de una avenida del barrio santacrucero de Añaza, en una foto de archivo

Imagen de una avenida del barrio santacrucero de Añaza, en una foto de archivo

El Gobierno de Canarias y el Banco Santander han llegado a un preacuerdo a través del cual el Ejecutivo autonómico comprará los dos edificios de Añaza con 358 viviendas en alquiler que están gestionadas por LURI 6, vinculada a la entidad financiera, para que sean puestas en alquiler social y poner así fin a los desahucios de los vecinos.

Así lo ha anunciado, informó la agencia Europa Press, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien ha indicado que este jueves ha recibido la llamada del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para informarle de unas gestiones que ha realizado el miércoles y que ha calificado de "muy positivas".

El alcalde ha valorado el "esfuerzo personal" del presidente Clavijo para lograr una "solución definitiva" al problema que estaban padeciendo los vecinos, pues al adquirir los inmuebles será el propio Gobierno de Canarias quien los pondrá en alquiler de forma directa, asegurando así los contratos de alquiler.

José Manuel Bermúdez ha avanzado que este preacuerdo entre el Banco Santander y el Ejecutivo canario se va a sustanciar en los próximos días, pero insistió en que es un acuerdo "muy importante" porque da una "solución definitiva" a este problema.

Preguntado por si finalmente se celebrará la reunión prevista este viernes, Bermúdez ha aclarado que, si bien la entidad no ha confirmado si finalmente va a asistir, en principio se mantendrá para que el Gobierno de Canarias pueda informar de primera mano en qué consiste el pacto con el banco.

El alcalde quiso recordar que las viviendas que va a adquirir el Gobierno tienen categoría VPO, por lo que ve "lógico" que ejerza un derecho sobre ellas. Igualmente, valoró la coordinación que ha habido entre el Gobierno, el Cabildo y el Ayuntamiento, pues han demostrado que, "cuando trabajan juntas no hay nadie que, queriendo cometer una injusticia, pueda realizarla".

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