IUC alerta sobre la poca vivienda para alquiler social en Santa Cruz, donde faltan 6.700 para cubrir las necesidades de 2030
El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, advirtió este lunes de que Santa Cruz debe contar en 2030 (en 12 años) con un total de 11.600 viviendas para alquiler social, según se recoge en un reciente estudio de la Fundación Alternativas. Este establece las necesidades globales en esa materia para España.
En cambio, hoy en día Santa Cruz cuenta con 4.884 viviendas destinadas a alquiler social y, por ello, tendría que ampliar esa oferta en otras 6.716, para así satisfacer las necesidades previstas con el horizonte puesto en 2030. En realidad, la situación en Santa Cruz puede agravarse fácilmente porque hay menos vivienda en alquiler, crece el alquiler vacacional y abundan los bajos salarios, el desempleo y la pobreza, por lo que se trata de un panorama peor que el estatal, asegura el partido en la oposición en el Ayuntamiento capitalino en una nota de prensa.
Trujillo afirmó que habría que dotar al municipio de 560 viviendas para alquiler social anualmente, durante doce años, para así estar en condiciones de abordar los problemas de vivienda. Sin embargo, el grupo de gobierno municipal rechazó en mayo la propuesta llevada al pleno por IUC para construir 70 viviendas de alquiler social al año, entre 2019 y 2022, por considerarlo un objetivo excesivo, aunque sí asumió la necesidad de dotar al municipio de más vivienda social.
En la actualidad, el municipio cuenta con 1.502 viviendas de alquiler social de titularidad municipal, 2.475 propiedad del Instituto Canario de la Vivienda y 907 de Visocan.
El partido IUC considera que hay que fijar una estrategia para dotar el municipio de un parque de viviendas en alquiler social de carácter permanente, para poder atender a las familias con rentas más bajas.
El concejal progresista denunció que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 reduce su presupuesto en relación con su predecesor y consolida la caída del gasto estatal público en vivienda en el 65% en relación con el año 2009.
El enfoque del nuevo plan es dar ayudas a quienes están peor, pero renuncia a impulsar más vivienda protegida. Por lo tanto, los ayuntamientos tienen que hacer algo, al tiempo que presionan a la comunidad autónoma y al Estado para dotarse de vivienda de alquiler social.
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