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Sí Se Puede denuncia saturación en la atención social en Santa Cruz y pide medidas para combatirla

Con la intención de conocer la eficacia del servicio de las UTS, que gestiona Óscar García, del PP, la concejala Frías solicita el número de inserciones laborales de personas usuarias de esas unidades durante todo 2017

Asunción Frías, junto a su compañero y concejal de Santa Cruz Pedro Fernández Arcila

Asunción Frías, junto a su compañero y concejal de Santa Cruz Pedro Fernández Arcila

La formación Sí Se Puede ha reclamado este martes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que tome medidas ante la saturación de las unidades de trabajo social (UTS) y ha pedido información detallada sobre el funcionamiento "de este elemento clave" de los servicios sociales municipales.

La concejal de Sí Se Puede Asunción Frías exige en un comunicado al edil responsable del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García (del PP), "que dé la cara y no oculte la realidad desesperante para las personas usuarias del servicio y desbordante para el personal de las UTS". La petición se realiza tras haberse rechazado en el pleno de diciembre pasado una moción de Sí Se Puede dirigida a reforzar los equipos de trabajo y a tomar otras medidas complementarias para mejorar el funcionamiento de las UTS.

Por los motivos expuestos, la concejala ha registrado este martes una solicitud de información en la que detalla todos los datos que Sí Se Puede quiere conocer sobre el funcionamiento de las UTS en la capital tinerfeña durante 2017.

Entre los datos que pide Frías para evaluar con detalle el grado de saturación del servicio está la cantidad de familias que a 31 de diciembre de 2017 se encontraban en lista de espera para solicitar la Prestación Canaria de Inserción (PCI), además del número de todas esas peticiones gestionadas en 2017, y cuántas fueron resueltas y cuántas familias la cobraron a lo largo del año.

Sobre esta prestación, la concejala de Sí Se Puede demanda saber la cantidad de solicitantes de PCI pendientes de resolución por parte de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, aparte del número de familias del municipio que pidieron su renovación en 2017 y aún no la han cobrado.

Además, con la intención de medir la eficacia del servicio en uno de sus últimos fines, que debe ser el de facilitar la integración social, Frías pide el número de inserciones laborales de personas usuarias de todas las UTS durante 2017. 

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