La planta de cloro de Santa Cruz está fuera del mapa de riesgos químicos y del Plan Municipal de Emergencias

La planta de producción de cloro inaugurada el pasado 11 de mayo y ubicada en la Dársena Pesquera de Tenerife no está incluida en el mapa de riesgos químicos ni en el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) de Santa Cruz. Esta fábrica ocupa una parcela de casi cinco mil metros cuadrados y, con su producción anual de 22.000 toneladas, abastecerá de cloro a las islas y zonas del África occidental. Dado que la planta se sitúa en terrenos de Santa Cruz de Tenerife, la fuerza política Izquierda Unida Canaria (IUC) se ha dirigido al Ayuntamiento de esta ciudad solicitando información sobre el protocolo de seguridad diseñado.

Pero esta fuerza política ha presentado además una pregunta ante la Unión Europea (UE) a través de su eurodiputada Paloma López, por medio de la cual se interesa por las medidas que van a adoptar las autoridades para ordenar una actividad “compleja y peligrosa”, que genera compuestos tóxicos que son finalmente vertidos al mar. Igualmente, preguntan si existe amparo en la UE para la instalación de este tipo de fábricas ajenas a los mapas de riesgos químicos y a la valoración de las consecuencias que podrían traer consigo. “En concreto: ¿Garantizan las autoridades europeas que la planta de producción de cloro de Santa Cruz cumple con la normativa europea?”, han cuestionado.

Desde IUC se recuerda que a pesar de las recomendaciones de la UE y de los convenios internacionales, el Gobierno español firmó hace años un acuerdo con la industria del cloro que permite su fabricación con la tecnología más contaminante hasta el año 2020. Hasta esa fecha las empresas dedicadas al sector no tendrán que emplear las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para disminuir la contaminación.

Aunque esta fuerza política presentó hace meses una pregunta al pleno sobre esta cuestión, no se le respondió hasta el pasado viernes y fue tan sólo para señalar que se está a la espera de que la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) y la Autoridad Portuaria confirmen si se cumplen los condicionantes impuestos en su día. Además, desde el grupo de gobierno se admitió que la fábrica no está incluida en el PEMU porque este fue redactado y aprobado en el año 2013, es decir, tres años antes de la apertura de la planta química.

En agosto de 2015, la Cotmac aprobó la declaración de impacto ambiental correspondiente con varios condicionantes para asegurar frenar el posible efecto ambiental de una fábrica de estas características. Entre estos se enumeraba que, al instalarse la fábrica en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, debería estar sujeta a la política ambiental marcada por la Autoridad Portuaria a través de su Código de Conducta Ambiental y, además, debería elaborar un plan de emergencia ambiental.

Igualmente, la actividad debía estar sujeta al Real Decreto por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, por lo que debía prepararse un informe de seguridad.

El concejal de IUC en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Ramón Trujillo, quiere saber si la Corporación local tiene establecido algún plan de emergencia en caso de que se produzca un escape de cloro y si se ha coordinado con Protección Civil para esta eventualidad. Igualmente, el concejal se interesa sobre si el PEMU ha sido ya revisado para incluir a este nuevo riesgo.