Urbanismo, incapaz de hacer valer el deslinde que hubiese salvado a los imputados de Las Teresitas
La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz ha fracasado en su intento de que el deslinde de la playa de Las Teresitas transcurra a lo largo del actual muro. De esta manera se hubiese evitado que un tercio de los terrenos comprados por la Corporación local a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) en 2001 dejasen de ser públicos. Precisamente, el carácter demanial de estas parcelas es una de las patas del causa penal conocida como caso Teresitas que mantiene imputadas a trece personas, entre ellas el anterior alcalde, Miguel Zerolo, el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo y los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
Desde la época en la que Luz Reverón ocupó el cargo como concejal de Urbanismo se decidió interponer un recurso contra el deslinde que ya fracasó a su paso por la Audiencia Nacional (AN) y lo hace ahora ante el Tribunal Supremo (TS). La delimitación defendida por el organismo autónomo, la Junta de Compensación e ILT en sus correspondientes recursos apostaba por sostener que los terrenos del fondo de Las Teresitas habían perdido su carácter de dominio público tras las obras de ampliación de la playa a finales de la década de los años sesenta.
Fue entonces cuando el Ayuntamiento se hizo con estos solares apelando a un convenio firmado con la Dirección General de Costas que le otorgaría la propiedad a cambio de la ejecución de las obras. Sin embargo, ahora el Supremo ratifica que las actuaciones “llevadas a cabo en los terrenos del pleito no han sido legalizadas ya que se realizaron algunas no autorizadas y no se firmó el acta de reconocimiento final, por lo que el Ayuntamiento no obtuvo la propiedad de los terrenos ganados al mar”.
Lo cierto es que la Corporación local incluyó los solares como propiedades suyas, los integró en la Junta de Compensación que se los vendió a ILT en 1998 junto con el resto del parcelario. Irónicamente el Ayuntamiento volvió a comprar los mismos terrenos tres años más tarde por el doble de precio. Pero la Fiscalía Anticorrupción llama la atención sobre el hecho de que más allá de un error administrativo en realidad se habría incurrido en una posible prevaricación al comprarse y venderse suelo que era público y que por lo tanto no puede ser objeto de ninguna operación mercantil.
La sentencia es importante dentro de este engorroso proceso judicial dado que viene a ratificar que un tercio de los terrenos siguen teniendo carácter demanial, ya que una sentencia anterior había obligado a que la Administración pública definiera si consideraba que deberían seguir teniendo esta categoría. Pues bien, el fallo no deja ninguna duda al respecto y apela al estudio técnico encargado por Costas en el que se demuestra que los terrenos tienen las características de antigua playa.
De hecho, precisamente por esta circunstancia en el año 2007 se anuló la compraventa de los terrenos a instancias de un grupo de residentes en el cercano barrio de Montaña Morera conocidos como los extranjeros. Meses antes ya el Supremo había anulado la compraventa por no haberse incluido una tasación válida de las parcelas. De haber salido adelante el punto de vista de la Gerencia el edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como mamotreto también hubiese quedado fuera del dominio público.
