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Los redactores del plan del Antiguo Santa Cruz desafían al Cabildo y ratifican su propuesta de derribar 28 edificios históricos "sin valor"

García Barba y Mañoso dan una rueda de prensa con el edil de Urbanismo, Carlos Tarife, ante la polémica por la invención de una categoría de "protección documental" que permite demoler inmuebles del siglo XVIII al XX

Ambos arquitectos afirman que se trata de edificios "de escasísimos valores patrimoniales", criterio opuesto al del área de Patrimonio Histórico del Cabildo y de la Asociación Nuestro Patrimonio, que ya ha alegado contra el plan

El plan estaba en exposición pública desde el pasado 19 de julio durante 45 días hábiles, pero el Ayuntamiento informa del documento en la recta final, cuando surgió la controversia a raíz de una información publicada por este diario

Carlos Tarife (centro), concejal de Urbanismo en Santa Cruz, del PP, junto a los redactores del plan del Antiguo Santa Cruz

Carlos Tarife (centro), concejal de Urbanismo en Santa Cruz, del PP, junto a los redactores del plan del Antiguo Santa Cruz

Los dos arquitectos redactores del plan del conjunto histórico del Antiguo Santa Cruz, Federico García Barba y Joaquín Mañoso, han desoído al Cabildo de Tenerife y las críticas ciudadanas y de partidos políticos sobre su propuesta de crear una nueva categoría de "protección documental" que permite derribar 28 inmuebles históricos de los siglos XVIII al XX en el centro de la capital tinerfeña. Los dos técnicos han mostrado su sorpresa por la polémica suscitada ya que se trata de edificaciones que, desde su óptica, presentan "escasísimos valores patrimoniales", algo que choca con el criterio del área insular de Patrimonio Histórico.

Ambos se han visto obligados a comparecer, junto al concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), para dar explicaciones sobre un documento -el de evaluación ambiental estratégica del plan- que estaba en información pública desde el 19 de julio pasado, durante 45 días hábiles, pero que había pasado inadvertido hasta que la pasada semana Tenerife Ahora publicó que contenía una figura de protección, no prevista legalmente, que posibilita intervenciones como su demolición completa. En tales casos, el único requisito que se impone a sus propietarios es dejar constancia en fotos y planos de la existencia de esos inmuebles, para su incorporación a un archivo público.

García Barba justificó el controvertido criterio de catalogación que han utilizado en el plan por el objetivo de lograr una rehabilitación urbana de este ámbito, sobre todo, del que diagnosticó que tiene "un alto grado de abandono" debido, en parte, a las "excesivas" condiciones de protección estética, las cuales desde su punto de vista no están justificadas de manera suficiente e impiden su recuperación. Mañoso opinó que algunas manifestaciones que ha podido escuchar estos últimos días llevan a pensar que no se conoce el documento y que es perjudicial hacer "tanto ruido" en una situación inicial de la tramitación del plan.

Pero la realidad es que en el Cabildo y hasta en el propio Gobierno canario sus servicios de Patrimonio Histórico y Cultural se han puesto en alerta. Por el momento, la consejera de Patrimonio Histórico del Cabildo, Josefa Mesa (PSOE), ya ha declarado que su servicio administrativo informará de forma desfavorable a esta propuesta de plan, debido a que la "protección documental" no está recogida en la ley y no garantiza en realidad la preservación de los valores de un inmueble, pues de hecho se permitiría su "sustitución", es decir, su derribo para construirse otro nuevo en su lugar.

La consejera insular también ha avanzado que, en un primer análisis de las edificaciones que figuran en ese listado, lo razonable es que se les pueda asignar una categoría de protección de las previstas por ley, y discrepa de los redactores del plan en cuanto a que en general se trate de inmuebles sin valores históricos y artísticos algunos.

Esa es también la línea de la Asociación Nuestro Patrimonio, la primera en reaccionar sobre este documento que había permanecido dormido durante todo el verano pese a estar en información pública. Precisamente, este lunes este colectivo, según anunció en Facebook, registró un escrito en el que pide la supresión de esta categoría y la protección real de los inmuebles, dado que el Antiguo Santa Cruz es un conjunto ya muy mermado por la destrucción, en la segunda mitad del siglo XX, de una parte importante de su configuración original.

Entre las construcciones que se permitiría demoler figuran la antigua sede del CajaCanarias y de la Consejería de Hacienda del Gobierno canario, junto al teatro Guimerá, o la del Círculo de Bellas Artes, así como viviendas de arquitectura tradicional canaria de los siglos XVIII al XX, de una y dos plantas.

En todo caso, García Barba y Mañoso han recordado que hasta ahora solo se dispone de un borrador técnico del plan especial y de la fase de evaluación ambiental que tramita el Gobierno de Canarias. Luego se constituirá una mesa de trabajo para analizar las alternativas que se establezcan. A continuación, el documento resultante se expondrá al público y se consultará a las administraciones, momento este en el que se podrán presentar alegaciones y sugerencias.

Para elaborar este plan se han analizado 285 parcelas, de las que 279 están edificadas. De estas más del 40% sufre abandono o está sin uso aparente, y los arquitectos que lo han redactado proponen la catalogación de 162 inmuebles, mientras que para 28 plantean que se haga una catalogación documental (es decir, que solo llegarán al futuro en forma de fotos y planos, porque a su juicio carecen de valores suficientes para protegerlos).

Tarife destacó que, pese a la polémica originada, la Gerencia de Urbanismo prevé aumentar el 9,4% el número de inmuebles protegidos en este casco histórico.

García Barba explicó que el objetivo es mejorar una zona abandonada y que para elaborar el plan se han analizado cuestiones como los elementos históricos, la estética y la contribución a la definición del ambiente del Antiguo Santa Cruz.

Los arquitectos proponen proteger 162 edificios en las categorías integral, ambiental y parcial, y el resto analizar qué se puede hacer con ellos, pues hay diez inmuebles que no tienen condiciones para ser catalogados porque hay solares y edificios posteriores a 1980.

Mañoso comentó que, cuando se habla de patrimonio histórico, cultural o artístico se pone la atención sobre una de las muchas herramientas, que es el catálogo, cuando en muchas ocasiones el problema es más complejo y está relacionado con cómo mejorar la vida en las zonas urbanas. A su juicio, hay que tener en cuenta que en este caso se trata de una zona que está "vacía" y que algunas edificaciones tienen un estado técnicamente difícil.

En la línea del Cabildo y de la Asociación Nuestro Patrimonio se han manifestado también los partidos de la oposición Sí Se Puede y PSOE.

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