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Purga de trabajadores sociales en una oposición de Santa Cruz de Tenerife

Solo 17 de los 164 profesionales que concurrieron a una oferta de empleo público de la capital tinerfeña aprobaron el examen que incluía epígrafes sobre servicios sociales y dependencia que no existen en las leyes canarias

Dos aspirantes que no superaron la prueba aseguran que el tribunal calificador justificó sus suspensos argumentando que “habían escrito pocos folios”

Los trabajadores invirtieron “más de dos meses” intentando adaptar el temario a la realidad del Archipiélago y en este proceso “localizaron puntos de las bases de la convocatoria copiados de Andalucía”

Opositores realizando un examen. Cedida/Europa Press

Imagen de archivo de opositores realizando un examen. Cedida/Europa Press

Lo que pretendía ser una oportunidad para muchos trabajadores y trabajadoras sociales de Santa Cruz de Tenerife acabó siendo una purga de opositores. De los 164 profesionales que se presentaron a la convocatoria de oferta de empleo público para acceder a una lista de reserva en la capital tinerfeña, solo 17 han aprobado el examen teórico de desarrollo de conocimientos celebrado en abril de 2019. La prueba, de carácter eliminatorio, supone el 40% del total de la oposición, y superarla es un requisito indispensable para poder realizar la parte práctica y optar al puesto.

La primera parte consistía en la resolución de un cuestionario tipo test de 30 preguntas y la segunda, en el desarrollo escrito de un tema concreto. “En el caso de no superar alguna de las partes, se consignará la puntuación obtenida y no apto/a en la media”, reza el documento. Únicamente el 10% de los solicitantes salió airoso de un examen que desde su citación en noviembre de 2018 se percibió caótico por parte de los aspirantes, ya que algunos de los epígrafes del contenido exigido en las bases no existen en las leyes canarias.

El 19 de noviembre de 2018 el Ayuntamiento capitalino publicó en su página web las bases y el temario que entraba en el examen. En el documento, firmado por el Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos de la corporación municipal liderada entonces por Coalición Canaria, figuran 20 temas. La primera falta aparece en el punto 7, sobre la Ley 8/1987 de Servicios Sociales de Canarias.

Una de las cuestiones que los trabajadores sociales debían dominar sobre este aspecto era “el régimen de infracciones y sanciones administrativas”. Sin embargo, tal y como critican algunas de las trabajadoras sociales que participaron en la OPE, se trata de un apartado que no aparece en dicha norma. Además, a pesar de que en el momento de la convocatoria la ley permanecía vigente, apenas dos semanas después del examen dejó de estar en vigor al ser sustituida por la ley 16/2019 del 2 de mayo.

El siguiente error aparece en el tema 12, sobre la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. “Objeto, alcance, usuarios y áreas de actuación” eran algunos de los puntos a estudiar. Sin embargo, estos conceptos tampoco aparecen en esa ley, sino que se corresponden con los que recogía la antigua ley de Servicios Sociales. Este desajuste entre epígrafes y contenido obligó a los opositores a pasar “más de dos meses” adaptando el temario y buscando a través de Internet las posibles respuestas. “Toda esa preparación requiere una amplia inversión de tiempo que quitas a estudiar”, señala una de las trabajadoras sociales.

El proceso de búsqueda y preparación del examen a través de la red y de distintos manuales de texto condujo a los profesionales, según lo que ellos mismos indican, a darse cuenta de que algunas de las bases y preguntas de la convocatoria de Santa cruz de Tenerife estaban inspiradas en pruebas desarrollados en Andalucía. Un libro sobre trabajo social de la Junta de Andalucía les permitió darse cuenta de estas similitudes. "Si no hubiéramos encontrado el ejemplar, no hubiéramos podido elaborar esa parte del temario", explican.

Suspendidos por “escribir poco”

Después de que el 17 de mayo se publicaran los devastadores resultados de los exámenes, el 5 de junio se asignó a los opositores que solicitaron la revisión de la prueba un día y una hora para atender sus solicitudes. Sin embargo, el tribunal calificador ratificó las notas de las 32 personas que acudieron a analizar su examen.

El proceso de revisión tampoco fue el idóneo desde el punto de vista de algunas de las trabajadoras sociales que se presentaron a la convocatoria y han preferido mantenerse en el anonimato. “Yo saqué un 3,92, y el argumento que me dieron fue que un examen de tres páginas no estaba ni para corregir, pero en cuanto a contenidos no alegaron nada”, confiesa una de ellas. Otra de las profesionales tuvo la misma experiencia: “No había ninguna anotación en mis respuestas al examen, solo me dijeron que había escrito poco”. Por su parte, la evaluación práctica tuvo lugar el pasado 20 de junio, pero las calificaciones aún no han sido publicadas.

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