La Sala de Gobierno del TSJC también se opone al emplazamiento judicial de El Sobradillo
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se opone a la construcción de la ciudad de la justicia de Santa Cruz de Tenerife en El Sobradillo y reivindica su construcción en el sector de Cabo Llanos.
En un comunicado, plantea que, si no existe una parcela para que la infraestructura esté unida en una sola sede, se mantenga la actual sede del Palacio de Justicia en la avenida Tres de Mayo -se especializaría en jurisdicción penal- y se construya otro edificio para el resto de órdenes jurisdiccionales.
“Tal solución es preferible al traslado a la periferia. Para ello ha de tenerse en cuenta que la distancia entre las dos sedes sería semejante a la existente, por ejemplo, entre los extremos de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, y que, si bien es deseable la concentración, la implantación del expediente digital hace que tal factor no resulte crítico en la actualidad”, expone.
Además, la Sala señala que el retraso derivado de los trámites urbanísticos puede ser paliado mediante la adopción de “soluciones transitorias” que garanticen la unidad de sede de los órganos pertenecientes a cada orden jurisdiccional, adoptándose “con carácter inmediato” las medidas necesarias para que el juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife cuente con unas instalaciones “dignas y seguras”.
La Sala, que critica la falta de “consenso” y diálogo con todos los colectivos afectados por el traslado, afirma que, aunque la sede de El Sobradillo sería amplia y de disponibilidad inmediata, está lejos del casco -a 11 kilómetros-, no tiene dependencias administrativas ni despachos de abogados, aislaría a la Administración de Justicia, ocasionaría problemas de tráfico y tiene peor conectividad que Cabo Llanos.
Además, subraya que la parcela de El Sobradillo estaba destinada a la Consejería de Educación y se llegó a redactar incluso el proyecto de edificación, pero se desechó esa opción por un inmueble de nueva construcción en Tres de Mayo ocupado en régimen de alquiler.
“Las mismas razones que desaconsejaron la solución que hoy se pretende endosar a la Administración de Justicia son perfectamente aplicables en el presente caso, debiendo añadirse, además, que la actividad propia de los juzgados afecta a numerosos colectivos y genera un mayor número de desplazamientos de ciudadanos, por requerir trámites presenciales”, comenta.
No obstante, para ayudar a buscar una salida consensuada, la Sala de Gobierno acuerda designar una ponencia integrada por los magistrados Pedro Hernández Cordobés, Joaquín Astor Landete y Juan Luis Lorenzo Bragado con el fin de que recaben la información precisa de las distintas administraciones e informen al pleno.
