Santa Cruz de Tenerife estudia el caso de las cinco familias que llevan once años desalojadas por unos desprendimientos

La concejala Yaiza Gorrín en la Comisión de Control del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife este jueves.

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha comprometido a reunirse con las familias afectadas por los derrumbes del barrio de María Jiménez. Se trata de 5 familias que llevan once años desalojadas de viviendas y que han vivido toda una batalla judicial.

El grupo Unidas Podemos Yaiza Gorrín asegura que el consistorio ha accedido a reunirse con esas familias para tratar de buscar una solución. Y es que, según la documentación que los afectados han trasladado a este partido, una sentencia obliga al Ayuntamiento a devolver la habitabilidad a las viviendas.

La actual concejala de Vivienda, Marta Arocha (PSOE), ratificó el compromiso de mantener esta reunión con las familias este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Control solicitada por la concejala de Unidas Podemos Yaiza Gorrín. Allí, la concejala de la formación morada recordó que hace 11 años el alcalde de entonces, Miguel Zerolo, firmó un decreto en el que se comprometía a rehabilitar las viviendas.

Podemos explica además que se interesó en la Comisión de Control por saber si en las 40 viviendas de protección oficial que el Ayuntamiento tramita construir en María Jiménez es posible realojar a estas familias, a lo cual respondió Marta Arocha que “podrán acceder siempre que cumplan los requisitos como al resto de personas” demandantes de una vivienda.

El coste en alquileres para el Ayuntamiento a favor de estas cinco familias asciende a 37.000 euros al año, por lo que Yaiza Gorrín lamentó que “la mala gestión de CC haya supuesto, además del sufrimiento a estos santacruceros damnificados por un derrumbe, haber empleado cientos de miles de euros del erario público hasta ahora en una medida provisional y no en la solución definitiva”. Aspecto este en el que coincidió la edil de Vivienda, quien prometió sentarse con los afectados “porque la solución se está alargando en el tiempo y es un gasto que podemos establecer de otra manera”.

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