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Sí Se Puede solicita que se amplíe dos meses el plazo para alegar contra el Plan de Residuos de Canarias que incluye la incineración

El partido considere "insuficiente el plazo de 20 días otorgado" por la Consejería de Sostenibilidad, "una duración que es la mínima legalmente exigida" y que, de mantenerse, convierte el trámite de información pública en "carente de sentido"

Imagen de archivo de la celda de vertido legal en el Complejo Ambiental de Arico, en Tenerife

Imagen de archivo de una celda de vertido legal en el Complejo Ambiental de Arico, en Tenerife

La formación política Sí Se Puede ha rechazado el plazo para presentar alegaciones al Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan) "por insuficiente e inoportuno" y pide a la Consejería responsable de esa gestión que lo amplíe en dos meses.

La organización ecosocialista reclama al Gobierno de Canarias esos dos meses adicionales "para garantizar las condiciones mínimas en un proceso de participación pública", según figura en el documento presentado este viernes, 14 de junio, firmado en representación de Sí Se Puede por Ruth Acosta, que integrante la Comisión de Ecología del partido canario y que es también consejera electa de Sí Se Puede en el Cabildo de Tenerife, dentro de la coalición Sí Podemos Canarias.

La solicitud presentada por Sí Se Puede destaca que la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad dio un plazo de 20 días hábiles para someter a información pública, audiencia y consulta el Plan Integral de Residuos de Canarias. Dado que el anuncio de esta resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente se publicó el pasado 31 de mayo en el Boletín Oficial de Canarias, estos trámites concluirían antes de finalizar el mes actual de junio.

A juicio de Sí Se Puede, "la importancia de este plan para el medio ambiente de las islas exige un estudio pormenorizado, de tal forma que puedan aportarse alegaciones según un análisis serio y mínimamente riguroso". Ello explica que el partido canario considere "totalmente insuficiente el plazo de 20 días otorgado, una duración que es la mínima legalmente exigida y que, de mantenerse, convierte el trámite de información pública en un acto meramente formal y carente de sentido", asegura Acosta.

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