El TSJC condena a la empresa pública Tragsa a readmitir a una trabajadora que no volvió a emplear por estar embarazada
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió el 6 de junio pasado un fallo a favor de los intereses de una trabajadora de la empresa pública del Estado Tragsa que prestaba sus servicios en La Gomera al considerar que la motivación del despido de esta empleada había sido su situación de embarazo, según informó el sindicato CCOO en una nota este sábado.
Esa trabajadora, que desempeña sus funciones como emisorista con la función de dar comunicación en los casos de conatos de incendios en la citada isla, pertenecía a la empresa pública Tragsa, entidad adscrita al Ministerio de Medio Ambiente que había sido contratada para dar tales servicios por el Cabildo gomero. La empleada trabajaba en turnos de mañana, tarde y noche.
La misma persona ya había sido contratada por la misma sociedad pública en tres ocasiones anteriores, bajo la modalidad contractual de obras y servicios determinados.
Cuando esta misma trabajadora volvió a ser requerida para una nueva campaña contraincendios forestales, se le comunica que debía pasar el reconocimiento médico y en él se constató que la trabajadora estaba embarazada. Tras esta evaluación médica, se determina que no era apta para desempeñar el puesto de trabajo.
La defensa de la trabajadora, representada por CCOO, entonces argumentó que la situación laboral de esa empleada era la de fija discontinua y que su situación de embarazo parecía el único motivo para que no se le contratase nuevamente, pues se trataba de la única limitación que podía tener esa trabajadora para realizar los turnos, especialmente de noche, más aún teniendo en cuenta que el convenio colectivo no contempla la obligación de que la trabajadora fuera requerida a pasar un reconocimiento médico como requisito para su contratación.
Finalmente, el Tribunal Superior ha fallado a favor de la trabajadora al declarar el despido nulo. Ahora Tragsa la tiene que reincorporar en su puesto, además de reconocer que la demandante es fija discontinua. La sentencia obliga a Tragsa a abonar los salarios de tramitación y le impone una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
