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USO denuncia "la precariedad" de las trabajadoras que atienden a víctimas de violencia de género en Tenerife

El sindicato denuncia que las empleadas están fuera de contrato desde el pasado julio y añade que el retraso en los pagos del IASS, del que dependen, ha provocado que “a día de hoy” solo hayan percibido el 50% de su salario

Protesta contra las agresiones machistas.

El comité empresarial de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo y la responsable de USO-Canarias, Judit Álvarez Mendoza, han denunciado este viernes la “precariedad” laboral de las 70 trabajadoras de los Servicios Insulares de Atención Especializada para Víctimas de Violencia de Género de Tenerife.

Según dijeron en rueda de prensa los representantes de USO, el pliego de condiciones no se ajusta "en ningún caso" al convenio de intervención social de 2015, “que es el que se les debe aplicar”.

Las trabajadoras denuncian que están fuera de contrato desde el pasado julio, y que el retraso en los pagos del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), del que dependen, ha provocado que “a día de hoy” solo hayan percibido el 50% de su salario, ha explicado Tania Mosquera, miembro del comité empresarial y psicóloga de menores.

Mendoza ha recordado que el índice de mujeres asesinadas a manos de sus parejas desde 2008, cuando se recogieron los primeros datos, no solo no ha disminuido, sino que “desgraciadamente” va en aumento, y “por eso es tan importante la labor que realizan estas trabajadoras”, porque la sociedad “está sufriendo las consecuencias de la violencia de género”, ha recalcado la sindicalista.

En 2018, 47 mujeres fueron asesinadas en España, pero “es que en 2019 ya vamos por 49”, así que “no entendemos como estas trabajadoras”, técnicas, especialistas, psicólogas, abogadas y asistentes sociales, “pueden tener un nivel tan precario de condiciones laborales”, ha añadido.

Las trabajadoras denuncian, además, que a pesar de haber enviado cuatro solicitudes de reunión al Cabildo de Tenerife, al IASS y al presidente del Gobierno de Canarias, no han recibido ningún tipo de respuesta.

Por este motivo, desde USO-Canarias han hecho un llamamiento al IASS, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias para que se sienten a hablar y a negociar con las trabajadoras, “pues aunque ahora se abonen las facturas pendientes, las técnicas seguirán con las mismas condiciones precarias”, ha mantenido Mendoza.

En este sentido, las trabajadoras insisten en que no es solo un problema económico, sino de derechos laborales, que incide “negativamente” en la calidad del servicio de valoración, intervención y seguimiento que prestan.

Ha afirmado que las 70 trabajadoras de las once oficinas de Tenerife atienden a más de 300 víctimas de violencia de género al día, por lo que, de media, cada técnica atiende a cinco personas en un día. “Es algo muy grave y no lo está contemplando absolutamente nadie”, ha remarcado Mendoza.

En relación a los derechos laborales, Mosquera ha explicado que el actual pliego de condiciones ni siquiera contempla las subidas salariales acordes con el IPC, lo que las ha obligado a negociar un cambio por días libres con la empresa para poder “sufragar la situación”.

Aún así, las trabajadoras también se encuentran con dificultades para poder conciliar esos días libres, dado que el actual pliego de condiciones establece que el 75 por ciento del personal debe estar presente en la oficina, detalla Mosquera.

El comité empresarial de Nuevo Mundo ha recordado que en el pasado ya se habían sentado a negociar con el IASS, “por eso estamos tan sorprendidas. Sorprendidas de que hayamos tenido que recurrir a los medios de comunicación porque el IASS no responda a nuestras peticiones”.

A este respecto, Mendoza ha criticado que el Gobierno se haya sentado a negociar con otros colectivos "masculinos" del sindicato, y todavía no haya atendido a las técnicas de atención insular.

“Nos hemos personado incluso en el Cabildo, pero a fecha de hoy no hemos obtenido respuesta. Ni siquiera para intentar entender cuáles son nuestras preocupaciones”, ha concluido la trabajadora social, Susana González. 

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