Visocan abre otro agujero a inquilinos de La Laguna cuatriplicando sus alquileres

Javier Baca, de 55 años, lleva tres años en el paro. Cobra una prestación por desempleo de 420 euros, lo mismo que su mujer, Ángeles Rojas, de 42 años, que está en la misma situación. Entre ambos, ingresan 840 euros y con ellos viven sus tres hijos de 25, 18 y 12 años, en una de las 119 viviendas de protección oficial de San Matías, en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), que gestiona la empresa de vivienda pública de Canarias (Visocan). Este mes le ha llegado una factura de Visocan de 262,76 euros que, asegura, no puede pagar, pues a duras penas podía sufragar cada mes los 50 euros de renta que le cobraban desde 2017 junto a una deuda de “unos 3.000” euros que dice acumular.

Baca, Rojas y sus hijos llegaron a la casa en la que residen actualmente en 2015, después de que el Gobierno de Canarias les dieran esta posibilidad cuando pidieron que les arreglaran los desperfectos del inmueble que habitaban en La Esperanza. “Nos ofrecieron una VPO en San Matías, pero debíamos renunciar previamente como demandantes de vivienda pública, a todos nos hicieron renunciar, porque en ese momento el Ejecutivo le habían dicho a Visocan que si no ocupaba las viviendas vacías que tenía, las debía abonar en su totalidad”, asegura Baca.

Hasta 2017 “llegaba casi a pagar cada mes la renta (de 250 euros), aunque algunas veces no lo conseguía”, asegura Baca, pues su último trabajo, como vigilante en un piscina, acabó en 2016 y desde entonces no consigue trabajo. Aquel año, Visocan y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna firmaron un convenio para que el Consistorio subvencionara los alquileres a las familias más necesitadas y así dejaran de acumular deuda.

José Alberto Díaz, entonces alcalde de la ciudad tinerfeña, aseguró en su momento que las viviendas de San Matías tenían una naturaleza jurídica distinta de las otras casas de Visocan a la que sí podía subvencionar el Gobierno regional. Estas viviendas están bajo un régimen de alquiler privado, a pesar de ser propiedad de una empresa pública. El acuerdo consistía en la financiación por parte del Ayuntamiento del alquiler a las familias con menos recursos y estas debían pagar, como mínimo, 50 euros al mes. Y además, todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 y menores de 65 años, debían realizar acciones formativas anuales de, al menos, dos horas de duración, que tuvieran alguna relación con la búsqueda de empleo.

“Era una maniobra de Coalición Canaria para conseguir el voto, porque coincidió en épocas en las que ya se empezaba a hablar de problemas electorales”, asegura Baca, quien firmó porque “en ese momento estaba ahogado y agobiado”.

Cuando podía, desde 2017, Baca pagaba los 50 euros de alquiler que le cobraba la entidad, aunque el importe total ascendía a los 316 euros, que sufragaba el Ayuntamiento de La Laguna fruto del convenio firmado. “Muchos meses no hemos podido pagar ni los 50 euros de alquiler por los gastos que hemos tenido”, recuerda quien también es el portavoz de la asociación Vicocasa. Así, asegura que tiene una deuda acumulada de “3.000 euros” a la que no puede hacer frente. Y este mes de diciembre, le llegó de Visocan un aumento de su factura de 212 euros más sin previo aviso de que le subirían la renta.

En un escrito firmado por el gerente de la empresa pública de viviendas de Canarias, Víctor González, este afirma que “debido al alto grado de morosidad por el incumplimiento en las obligaciones de pago de un gran número de inquilinos, Visocan se ha demorado en la citación a los inquilinos para la renovación de las ayudas que el Ayuntamiento se comprometió a dar a los mismos en base a dicho convenio, debido al estudio por parte de esta entidad de la viabilidad económica de la continuación de la vigencia del convenio”.

González asegura en el documento que en noviembre de este año presentó un escrito al Ayuntamiento “comunicándole la problemática existente” y añade que no han recibido “contestación alguna”, que intenta paliar con el Gobierno de Canarias una situación heredada de las políticas clientelares de Coalición Canaria en el municipio. Esta es la causa, según Visocan, de que “en diciembre de 2019 se haya facturado a los inquilinos a los que se les estaba aplicando alguna ayuda en el importe de alquiler de dicho mes en la totalidad, al no haberse procedido (tachado en el texto ponía ”ya que no habían procedido“) a la renovación de la misma”.

Así, añade que a partir de enero, Visocan citará a los inquilinos de las VPO de San Matías “para que traigan la documentación necesaria para la concesión de las ayudas correspondientes al último periodo de vigencia del convenio con el Ayuntamiento de La Laguna, que vencerá el próximo mes de junio de 2020, si no se prorroga el mismo”.

Visocan ha tomado esta decisión a pesar de que actualmente existe un convenio en vigor firmado en junio de este año por Díaz y González, prorrogable hasta un máximo de cuatro años, en el que se establece, de forma similar al anterior, que los inquilinos con dificultades económicas que residen en las 119 VPO de San Matías recibirán una ayuda del Consistorio al alquiler y pagarán, como mínimo, 50 euros.

En dicho acuerdo, Visocan se comprometió a “determinar los inquilinos” que puedan ser “objeto de arrendamiento conforme a la propuesta que haga el Ayuntamiento” y “aplicar las ayudas a los beneficiarios”. También formalizaría los contratos, en los que recogen “los precios de alquiler, la cuota que asumen los inquilinos y su compromiso a participar en programas sociales y actividades formativas que determine el Ayuntamiento”.

Por su parte, el Consistorio lagunero se comprometió a “tramitar y conceder la ayuda al alquiler a los beneficiarios dentro del límite de las posibilidades presupuestarias” y eximía “a los beneficiarios de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social”. Además, el área de Bienestar Social se encargaría de determinar los beneficiarios de las ayudas, además de los programas en los que debían participar los inquilinos.

El actual alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), ha explicado a este diario que desde sus servicios jurídicos se trabaja “para encontrar un encaje legal, una vía adecuada para dar salida a este problema” heredado de Coalición Canaria. “Que nuestro ayuntamiento ayude a las familias más necesitadas para tener una vivienda digna es socialmente muy plausible, pero se debe hacer por el camino legal, porque lo que tenemos ahora es una especie de contrato particular entre cada vecino y el anterior alcalde”. El caso de San Matías, al igual que las viviendas de Las Chumberas, han sido dos de las herencias envenenadas de CC con las que ha tenido que lidiar en estos meses el gobierno municipal.

El Instituto Canario de la Vivienda, órgano del que depende Visocan, también se desmarca de la postura de la empresa pública y asegura que su intención es “negociar para intentar encontrar una solución conjunta con el Ayuntamiento, estudiando caso por caso de los vecinos”.

El propio consejero regional, Sebastián Franquis, aseguraba este viernes en el Parlamento la preocupación de todo el Ejecutivo ante esos encajes legales necesarios, y que en 15 días se renovará a todo el consejo de administración de Visocan para abrir una nueva etapa.