El alcalde nacionalista de Santa Cruz de Tenerife vuelve a cuestionar el catálogo que destapó casi 80 vestigios franquistas

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el concejal que quería hacer del monumento a Franco un atractivo turístico, Guillermo Díaz (PP) se han abstenido este miércoles ante la propuesta de la Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias de estudiar el catálogo de vestigios franquistas elaborado por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno regional. La idea es que después de este período se conforme un comité especial que “analice su contenido y elabore una ponencia”. En un comunicado enviado por el Ayuntamiento se insiste en que “no parece lógico que el Gobierno apruebe un catálogo que sólo hace referencia a un municipio, aplicando la Ley solo en Santa Cruz” y se subraya que la falta de una estrategia de memoria histórica y de un catálogo de toda Canarias genera “inseguridad jurídica”. Así, José Manuel Bermúdez asegura que “Santa Cruz aplicará la Ley en los términos en los que ésta se expresa, pero las administraciones necesitamos seguridad jurídica para el desarrollo de los actos administrativos derivados de ella”.

La Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias se ha dado un mes para estudiar este catálogo. Se trata de un estudio que evidenció decenas de vestigios, nombres de calles franquistas así como honores y distinciones del régimen. Un informe de 3.000 folios elaborado por un equipo técnico liderado por una de las mayores expertas en el tema en Canarias, la catedrática de Historia del Arte María Isabel Navarro, que lleva estudiando desde 1979 las obras del Mando Económico de Canarias. El trabajo además incorporaba las investigaciones que ya conocía el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), tras otro estudio encargado por él mismo y liderado por la misma experta.

De “dudas” también habla Guillermo Díaz en ese comunicado y que hacen referencia a “la naturaleza del encargo de la comisión de un estudio monográfico de Santa Cruz de Tenerife y, además, respecto a los criterios que se están utilizando para priorizar los mandatos de la Ley de Memoria Histórica, pues además del catálogo autonómico, recoge también el desarrollo de una Estrategia definida y otros asuntos vinculados a dicha normativa”.  

¿Qué dice la Ley al respecto?

Desde el año 2007 existe una Ley de Memoria Histórica en el ámbito nacional que insta a que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.

Desde entonces, la mayoría de los ayuntamientos de Canarias han ido poniéndose al día eliminando exaltaciones del régimen, aunque aún quedan vestigios. En 2019, el Parlamento de Canarias aprobó una Ley canaria de Memoria Histórica con el fin de acelerar la retirada de elementos franquistas, de contar con su mapa de fosas, banco de ADN y garantizar partidas en esta materia después de que el Gobierno de Mariano Rajoy dejara esta área sin presupuestos.

La ley Canaria de Memoria Histórica es cierto que apunta que se “elaborará y aprobará un catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas existentes en el ámbito territorial canario”. No obstante, no apunta que no se pueda aprobar dicho catálogo por fases, como se está haciendo, para poder acelerar la retirada de monumentos y vestigios que urgen como el llamado monumento a Franco. Un complejo escultórico que fue denunciado en 2017 por el abogado Eduardo Ranz, de la asociación memorialística Ranz Orosas, un experto que fue clave en la exhumación de Franco del Valle de Los Caídos.

También es cierto que la Ley de Memoria Histórica de Canarias añade que “El Gobierno de Canarias, a propuesta de las consejerías competentes en materia de memoria histórica, educación y patrimonio cultural, aprobará la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con carácter bienal, en la que se recogerán los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”. Desde la aprobación de esta ley en 2019, una pandemia de por medio, la ley ha tenido que ir desarrollando todos los elementos que la componen: la Comisión Técnica de Memoria Histórica (constituida en 2020), la aprobación de un protocolo de exhumaciones (aprobado en 2021) y trabaja en esta estrategia, así como en el catálogo que incluya toda Canarias.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife alude ahora a la necesidad de que se apruebe esta estrategia así como el catálogo de toda Canarias “para evitar inseguridad jurídica en los actos administrativos que se deriven de la aplicación de dicha normativa”.

Otras ciudades ya están al día

Mientras tanto, pocas son las huellas que van quedando en otras capitales canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, desde principios de los 80 se cambió la calle al general Franco por Primero de Mayo. Aunque en esta ciudad no se construyeron grandes monumentos como el de Franco o a Los Caídos en Santa Cruz de Tenerife, poco a poco se han ido borrando las huellas de la memoria. También en Arrecife o en Santa Cruz de La Palma se eliminaron todas las exaltaciones del régimen.

En el plazo de un año la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias espera contar con un catálogo de vestigios completo de todo el Archipiélago. El de Santa Cruz de Tenerife resultaba urgente por la cantidad de ellos sin suprimir aún de la vía pública y porque existía un riguroso trabajo encargado a la Universidad de La Laguna en este sentido. No obstante, la mayoría de municipios de Canarias se han ido adaptando poco a poco a las leyes de memoria histórica, primero a la de Zapatero del año 2007 y después a la autonómica de 2019. Cabe resaltar como dato llamativo que en el año 2020, el municipio de Moya (gobernado por el PP) eliminó una placa de exaltación a Franco que descubrió accidentalmente al pie de una Cruz.