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Sin ayudas ni ingresos después de seis meses en un plan de empleo público: "Nos sentimos estafados"

Guadalupe Herrero firmó un contrato de formación y aprendizaje de limpieza en hoteles y oficinas y, cuando acabó, le dijeron “que no tenía derecho a absolutamente nada”. Lleva desde junio sin ingresos y no puede hacer frente a los gastos de los materiales escolares de sus hijas, o, simplemente, del día a día

180 personas fueron contratadas cinco meses antes de las elecciones locales y su contrato terminó justo al constituirse las nuevas corporaciones

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, explicó durante un pleno que ese plan de empleo social, al tener la modalidad de formación y aprendizaje, no da derecho a percibir una prestación e instó al Gobierno regional a implementar un programa de trabajo para que los afectados puedan recibir ayudas

Afectados por un plan de empleo público que les ha dejado sin ingresos ni ayudas.

Afectados por un plan de empleo público que les ha dejado sin ingresos ni ayudas.

Cinco meses antes de las elecciones locales, en diciembre del año pasado, 180 personas paradas de larga duración iniciaron un plan de empleo del Gobierno regional en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la modalidad de formación y aprendizaje, para desarrollar labores de limpieza. El contrato finalizó en junio de 2019, justo con el fin del anterior mandato institucional, y “para nuestra sorpresa, nos dijeron que no teníamos derecho a absolutamente nada”, “nos sentimos estafados”, afirma Guadalupe Herrera, una de las portavoces de los afectados, la mayoría personas que superan los 50 años y una treintena en riesgo de exclusión social.

Herrero tienen 49 años y dos hijas de 16 y 14. Antes de entrar a trabajar en “limpieza de hoteles y oficina”, cobraba una prestación por desempleo, pero asegura que le dijeron que “si no cogía el contrato, nos quitaban las ayudas”. Ahora, tres meses después de que finalizara su labor, explica que tiene un plato de comida en la mesa “gracias a la ayuda de familiares”, pero no tiene con qué afrontar los gastos de los materiales escolares de sus hijas, que empiezan el instituto o, simplemente, hacer frente al día a día.

Herrero asegura que esos contratos la perjudicaron incluso “para la medicación, porque nosotros teníamos cuota cero y ahora tenemos que pagar un 40%, y no lo tenemos, porque no estamos cobrando nada”. Además, considera que “era un contrato basura”, porque las “nóminas nunca fueron las mismas, cada mes recibíamos unos ingresos distintos” y las labores no se limitaban a la limpieza de hoteles u oficinas, “también había que pintar o levantar muros”.

“Nosotros no pedimos limosna. Pedimos que nos hagan un nuevo contrato. Reclamamos responsabilidades a las autoridades y ellos se lavan las manos”, explica Herrero.

En un pleno celebrado el pasado 26 de septiembre, la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández explicó que este programa de empleo “estableció una fórmula de contratos de formación y aprendizaje”, lo que implica que los afectados “estaban obligados a hacerlo, porque si estaban cobrando la prestación por desempleo y no aceptaban esa modalidad, no podían entrar en el programa, perdían la prestación por desempleo y después no tenían derecho ni a esa prestación, ni a la prestación por insuficiencia de cotización, que sí da derecho el plan de empleo social” sin esa modalidad específica.

Hernández reconoció que “si se les hiciera un convenio en las mismas circunstancias, sí tendrían derecho a la prestación” y, por ello, se aprobó la moción presentada por Coalición Canaria, grupo que impulsó esos planes de empleo en periodo preelectoral, para “instar al Gobierno de Canarias a implementar un programa de empleo” para los afectados.

Desempleo en Canarias

Los últimos datos del Ministerio de Trabajo informan que en Canarias la cifra de personas desempleadas es de 204.529 y, según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, la tasa se sitúa en el 21% en el segundo trimestre del año, mientras que la media nacional se ubica en el 14%. 

Y en el caso de las personas desempleadas que no reciben ninguna prestación, esta cifra aumenta al 42%, según datos de julio, es decir, que 86.700 ciudadanos de Canarias que están en paro no cuentan con ningún tipo de ingresos.

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