Tres proyectos clave para la depuración de aguas residuales siguen paralizados en el sur de Tenerife
Retrasos y más retrasos en la realización de inversiones públicas destinadas a resolver el enorme problema que Tenerife tiene, y también Canarias, en cuestiones relacionadas con el saneamiento y el tratamiento de las aguas residuales. El partido Sí Se Puede ha llamado la atención este jueves sobre esa situación, que afecta sobremanera a los vertidos de aguas residuales sin depurar en la costa del sur de Tenerife, el área de más desarrollo turístico y con un creciente carga poblacional.
Según dijo este jueves el portavoz de la Coordinadora Insular de ese partido, Esteban Lorenzo, ahora mismo el sur tinerfeño “espera por la ejecución de las depuradoras de Santiago del Teide-Guía de Isora (oeste), Granadilla y Arona este-San Miguel”.
Tal y como argumentó Lorenzo, “la parálisis de esos proyectos mantiene una situación insostenible para el medio ambiente, para la salud pública y para la economía de los municipios turísticos del sur”. Apuntó que “las más que posibles sanciones de la Unión Europea (UE) por incumplimientos de las directivas comunitarias sobre el tratamiento del agua pueden tener un impacto indeseado en los municipios afectados”.
“La realidad -añadió la misma fuente- es que las depuradoras del oeste y de Granadilla solo han avanzado en la reserva de suelo para la ejecución de las obras, mientras que el proyecto de saneamiento del subsistema de Arona este-San Miguel sigue paralizado”.
En el principal eje del desarrollo económico insular
Sí Se Puede interpuso en 2015 ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias una denuncia por responsabilidad penal ante los vertidos de aguas residuales sin depurar en el litoral de Adeje y Arona, acciones que se ejecutan “impunemente” desde hace más de seis años, según se señalaba en el texto de aquella denuncia, y que afectan a los sistemas naturales protegidos por la declaración de Zona Especial de Conservación Franja Marina Teno-Rasca. “Hay un grave riesgo para la salud de las personas que acceden a ese litoral para realizar actividades deportivas o de baño”, sostiene Sí Se Puede.
Los vertidos de aguas residuales sin tratar incumplen gravemente la ley porque esta obliga a depurar en los municipios que cuenten con más de 10.000 habitantes equivalentes.
La forma ilegal en que estos se están produciendo desde hace años está reconocida en el documento público titulado Último censo de vertidos desde tierra al mar en Canarias, de la Consejería de Medio Ambiente del propio Gobierno autonómico, en el que además se deja constancia del mal estado de las instalaciones que encauzan los vertidos.
Igualmente, documentos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife reconocen de forma explícita que “parte del agua residual no es reutilizada en la agricultura tras su paso por la depuradora, sino enviada directamente al mar, y ello sin tener en cuenta las obligaciones de carácter medioambiental”.
