Los psicólogos piden formar parte de los equipos base en la nueva Ley de Servicios Sociales
Los psicólogos pedirán a los grupos políticos que en el proyecto de Ley de Servicios Sociales se les incluya en los equipos base de intervención social, y advierten de que el texto remitido al Parlamento está “cojo” al obviar esta especialidad, básica para la integración social.
Miguel Díaz, vicedecano del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, explica en una entrevista a EFE que hay que felicitarse por el hecho de que haya un nuevo proyecto que “supera” la actual Ley de Servicios Sociales en Canarias, que data de 1987, y recuerda que hubo un intento de borrador la pasada legislatura que quedó sobre la mesa.
Ello motivó que con el Gobierno constituido a partir de 2015 entre CC y PSC se entendiese como prioritario actualizar la norma y se creó una comisión de trabajo al respecto, además de convocar el Consejo General de Servicios Sociales y poner en marcha mesas de trabajo para realizar aportaciones en cada ámbito.
Estas mesas de trabajo estaban constituidas por representantes de las administraciones públicas (cabildos y ayuntamientos), el llamado “tercer sector” y los colegios profesionales involucrados en los servicios sociales.
Miguel Díaz, que es vocal de Psicología Social, Comunitaria y Voluntariado en el órgano colegiado de los psicólogos en Santa Cruz de Tenerife, detalla que se conformó una comisión con representantes de once colegios profesionales para reflexionar sobre los aspectos mínimos que debía contemplar la ley, aparte de los específicos.
Al respecto, la primera consideración que solicitaban los colegios profesionales era la de que se estipulase en la ley que los servicios sociales son un derecho universal, esto es, para todos los ciudadanos al margen de procedencia, nivel cultural y económico, “y eso se ha conseguido” en el texto remitido al Parlamento por el Gobierno regional.
Otra solicitud era la de que cualquier Ayuntamiento canario dispusiese de un servicio básico o sistema de atención primaria de servicios sociales integrado por un equipo interdisciplinar, que ofrezca de forma conjunta “la mirada” de los distintos profesionales “básicos” en este campo, como son la educación social, el trabajo social y la psicología.
“Esta parte no la hemos conseguido porque lo que se ha recogido en la ley es una mención al profesional de referencia, y que ese cometido lo va a desempeñar exclusivamente el trabajador social”, explica Miguel Díaz.
Los psicólogos no cuestionan que exista un profesional de referencia y defienden el papel del trabajador social, pero piden que haya un equipo para efectuar el diagnóstico y el seguimiento del itinerario que debe pasar una persona o una familia para solucionar su problema desde una “triple mirada”, y por ello reivindican el sentido profundo de la psicología en los servicios primarios de intervención social.
“Nadie discute que es fundamental la psicología en la atención especializada en centros de menores, pisos tutelados, mujeres víctimas de violencia de género... Lo que queremos es recuperar y potenciar este papel en el servicio primario de intervención desde el inicio del recorrido para sacar a una persona de la situación en la que vive”, argumenta Díaz.
Cuestiones como los problemas de dependencia, falta de habilidades cognitivas o sociales para empoderarse como persona o grupo humano no pueden ser vistas solo desde la mirada del trabajo social, sino desde la diversidad, puntualiza el psicólogo, quien plantea sustituir en los municipios el concepto de Unidad de Trabajo Social (UTS) por equipo de intervención social.
Si no se conforman equipos con las tres profesiones de mayor implicación en este ámbito habría “una asignatura pendiente” en la nueva ley de Servicios Sociales, advierte Miguel Díaz, quien subraya la relevancia de la psicología en el crecimiento personal, humano y social, en el comportamiento y la conducta, mientras que cuando se habla de necesidades y carencias es competencia del trabajador social.
El texto enviado al Parlamento está ahora mismo “cojo” porque no recoge la mirada más amplia y evolucionista que podría tener la ley, indica el psicólogo, pues al fundamentar de nuevo el sistema básico de intervención en el trabajo social “estamos cercenando el sistema global de intervención en la comunidad”.
El avance de la ley estaría “en recoger esta triple mirada” aunque haya “un problema económico”, porque si se extiende esta propuesta en los municipios, el desarrollo del sistema primario de servicios sociales exigiría tres profesionales y, aunque se puedan establecer prioridades en cuanto a las perspectivas económicas, los psicólogos entienden que se precisa un trabajo “integral” en esta materia desde los ayuntamientos.
En este ámbito ha habido un trabajo conjunto de los colegios profesionales de psicólogos de las dos provincias canarias, junto al Consejo General de Psicología estatal, pues esta demanda ha sido ya recogida en leyes autonómicas de Andalucía, Valencia y País Vasco.
Los psicólogos, que habían expresado su demanda a la consejera de Política Social, Cristina Valido, vieron con sorpresa cómo no se recogió este planteamiento en el texto enviado al Parlamento sino “al revés, pues se refuerza el rol del trabajador social.
Por ello en septiembre habrá una nueva reunión intercolegial para propiciar “una reflexión conjunta” con el resto de colegios profesionales sobre este asunto, y luego los psicólogos se reunirán con Ciudadanos y con los grupos con representación en el Parlamento de Canarias para plantear que esta “triple mirada” es básica para intervenir de forma integral en la realidad social.
