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La empresa de viviendas de Los Realejos aprueba vender 11 pisos públicos a un constructor local a la mitad del valor de tasación

La decisión de la junta general de la entidad municipal supone enajenar a una sociedad privada local ese complejo residencial del barrio de La Cruz Santa, con tasación más reciente de 1,06 millones y venta aprobada en 583.000 euros

IUC, en la oposición, considera "escandaloso que en apenas año y medio el valor de esas 11 viviendas pase a casi la mitad" y llega a plantear si "se ha realizado una venta escandalosamente a la baja para favorecer a un empresario"

Fachada del edificio de viviendas sociales objeto de enajenación, en La Cruz Santa

Fachada de las viviendas públicas que van a ser enajenadas a una constructora privada, en La Cruz Santa

La junta general de la empresa pública de viviendas de Los Realejos, Viviré, adscrita al Ayuntamiento de esa localidad del norte de Tenerife y en proceso de disolución por imperativo legal, acordó el martes 29 de mayo pasado la enajenación de las 11 viviendas de promoción pública que esa entidad construyó en el barrio de La Cruz Santa, inmuebles situados en la calle de Tindaya. La venta de ese complejo residencial se acordó con el único voto en contra de la representación de Izquierda Unida Canaria (IUC), en manos de los concejales Melania González y Esaúl González.

Hasta aquí, parece que todo se ha gestionado con normalidad, si no fuera por que la compraventa autorizada de esas 11 viviendas tiene como beneficiaria a una firma privada determinada, Construcciones Alta, SL; se realizó sin la convocatoria de un concurso público, según afirmó IUC, y se dio el visto bueno a que fueran adquiridas por la citada mercantil por un valor muy inferior al de la tasación más reciente que se hizo de tal complejo público. El informe del tasador situó el valor de mercado de los 11 pisos en 1,062 millones de euros, y lo hizo en enero de 2017. Es la tasación más reciente sobre el particular, aseguró IUC.

La venta a Construcciones Alta se aprobó en la junta general de Viviré ya mencionada, una entidad pública ahora controlada por el PP (tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Los Realejos y su alcalde es Manuel Domínguez, también presidente insular del partido y consejero en el Cabildo de Tenerife) y creada en una etapa con mandato en el Ayuntamiento de CC. La cantidad con que se autorizó la operación de compraventa fue de 583.000 euros, en torno a la mitad de la tasación ya reseñada, y la operación parece que aún no se ha consolidado en su totalidad.

De esa manera, fue la operación, tal y como ha reiterado a este periódico digital la actual portavoz de IUC en el Ayuntamiento de Los Realejos, Melania González. González, que forma parte de la junta general de Viviré (equivalente al consejo de administración de una empresa), estuvo en la reunión en que se decidió la enajenación y ha sido su partido el que la ha cuestionado porque entiende que no se ha defendido de la mejor manera posible el patrimonio público de todos los realejeros.

En estos momentos, siempre según la denuncia planteada por IUC, no se sabe si la operación de venta de esas viviendas públicas en beneficio de una empresa privada local, la señalada y muy conocida en el municipio, cuenta con la autorización de la Comunidad Autónoma de Canarias (que aportó una subvención para crear esos inmuebles sociales), si se debió realizar la compraventa a través de un concurso público o si es completamente legal que se haya aprobado la operación por un precio que es prácticamente la mitad del valor de tasación más reciente que existía para ese complejo residencial, tal y como subrayó la citada concejala de IUC, en la oposición en ese Consistorio y con dos representantes en el pleno.

En proceso de liquidación de la sociedad municipal

Con el fin de liquidar las deudas contraídas por la empresa pública Viviré y de clausurar esta entidad municipal, se indica en una nota de IUC, "Manuel Domínguez decidió vender las 11 viviendas a una empresa privada por un importe de 583.000 euros, cuando su tasación en enero de 2017 fue de 1.062.000".

De esta manera, advierte el partido de izquierdas, Construcciones Alta podrá adquirir (la operación aún no está cerrada) "unas viviendas que fueron construidas con dinero de los contribuyentes para ser ocupadas por familias humildes del municipio, y esto lo puede hacer a un precio medio de unos 50.000 euros cada una. Una auténtica ganga", entiende IUC.

El mismo partido recuerda que dichas viviendas públicas se habían puesto a la venta por la pública Viviré con precios que llegaban hasta los 83.300 euros. Entonces, plantea IUC, "¿cómo es posible que en menos de un año y medio unas viviendas que estaban listas para la venta hayan perdido casi la mitad de su valor? Esta es la pregunta que Manuel Domínguez debe responder".

IUC plantea que, "o se ha realizado una venta escandalosamente a la baja para favorecer a un empresario determinado, cuestión muy grave, o hay que lamentar que un bien patrimonial de los realejeros se haya devaluado a la mitad en tan poco tiempo. En este segundo caso, que es el que avala el grupo de gobierno, ¿quién es el responsable?, ¿no piensa dimitir nadie?".

El partido en la oposición reincide en el argumento de que "es escandaloso que en apenas un año y medio el valor de esas 11 viviendas pase a casi la mitad"; por ello, se cuestiona "si estamos ante un botellazo realejero de parecidas proporciones a los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular".

La empresa pública Viviré está inmersa en un proceso de disolución desde hace dos años. Desde el año 2005, IUC ha venido advirtiendo de la inviabilidad de esa empresa, "creada con un presupuesto inicial de 21.372 euros y que en sus 14 años de existencia jamás ha contado con personal propio, por lo que ha tenido que externalizar prácticamente todas sus actuaciones".

En realidad, asegura IUC, fue una "empresa fantasma, sin personal y sin presupuesto". La gestión de esta entidad pública "ha sido nefasta, tanto en la época de CC como en la del PP", y además señala que "las viviendas de La Cruz Santa se colocaron en principio en régimen de venta y luego pasaron a régimen de alquiler, pero en ambos casos con unos precios tan elevados que imposibilitaron, por un lado, el acceso a ellas de los demandantes, y por otro, la recuperación de la inversión por parte de Viviré para seguir desarrollando políticas sociales" en este mismo segmento o capítulo. 

"El apoyo de IUC a la disolución de esta empresa siempre estuvo ligado a la promesa de Manuel Domínguez, realizada en varias ocasiones, de traspasar tales inmuebles al Ayuntamiento, para ponerlos a disposición de demandantes de vivienda pública en el municipio". "Con este chanchullo", afirma IUC, "Domínguez incumple claramente esa promesa y demuestra una vez más que su palabra no es de fiar".

Actualmente, hay más de 600 demandantes de viviendas sociales en Los Realejos, "a los que Manuel Domínguez da la espalda con esta operación inmobiliaria claramente especulativa", sostiene la portavoz de IUC en el municipio norteño, Melania González.

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