Consigue 800 firmas y una reunión con el alcalde para evitar el derribo de su casa

A Luisa Hernández Clemente le queda poco tiempo para resolver una situación que puede dejarla, a ella y a sus tres hijos, en la calle y sin ningún lugar en el que vivir. Su casa, situada cerca de la avenida de Los Majuelos, en el municipio de La Laguna (Tenerife), debe ser derruida por orden del Ayuntamiento de La Laguna, por “haber realizado obras en la vivienda sin tener la correspondiente licencia”.

Tras haber intentado en varias ocasiones que el alcalde lagunero, José Alberto Díaz (CC), la reciba, Luisa Hernández ha reunido más de 800 firmas de sus vecinos para lograr el primer paso en su lucha por conservar su casa: que el regidor local se reúna con ella personalmente.

La vivienda, situada en el barrio de Los Andenes, lleva 40 años construida, está registrada en el catastro y tiene los pagos de la contribución al día, según relata Luisa Hernández. El motivo de la orden de derribo es, según explica, que en su momento se realizaron algunas obras sin licencia, algo “muy común en aquellos años en esta zona”, asegura.

“Empecé a reunir firmas simplemente para que el señor alcalde se digne a darme una cita, solo para eso”, afirma Luisa Hernández. “Cada vez que iba al Ayuntamiento, la secretaria me decía que tenía que componer la agenda, pero en cuanto le dije que tenía 800 firmas me encontraron un hueco”, asegura la afectada. Este martes, si no hay contratiempo, será recibida por Díaz, pero no contará con el asesoramiento de un abogado porque, dice, no puede pagarlo.

Tres reuniones, tres versiones distintas

Según su relato, cada vez que ha asistido al Consistorio le han dado una explicación distinta del problema que tiene su casa. “Primero me dijeron que tenía que buscar a un aparejador. Fui con uno y cuando llegamos nos dijeron que él no pintaba nada allí y que tenía que ir con un arquitecto”, explica. “En esa reunión me dijeron que tenía que tirar la casa entera”, exclama. “Entonces pedí ayuda a los Servicios Sociales para intentar parar el derrumbe”, comenta.

Tras insistir, consiguió una segunda reunión en el Ayuntamiento, de nuevo sin la presencia del alcalde. “Fui con un arquitecto, y hasta él se quedó con la boca abierta, porque dijeron que la casa no tenía derecho a prescripción urbanística ni nada”, relata. Llegó el momento de la tercera y última reunión celebrada hasta ahora. “Me dijeron que me respetaban el techo y el salón, pero que tenía que tirar la parte delantera de la casa y hacer un volado abierto”, afirma Luisa. Eran buenas noticias, a medias, porque ya no debía derribar todo el inmueble. Sin embargo, añade, “ahora es su palabra contra la mía” porque, tal y como ella misma explica, no quedó constancia de lo dicho. Luisa teme que hayan cambiado de nuevo de versión y vuelvan a pedir el derrumbe completo del edificio.

“Me llegó la carta el 3 de agosto diciendo que tenía un mes para derribar la casa, pagándolo yo, además”, pero ella, según explica, carece de recursos económicos y no tiene otra vivienda. El plazo dado por el Ayuntamiento ya ha vencido y ahora Luisa vive con la incertidumbre de cuánto tiempo permanecerá su casa en pie. “Vivo con mis tres hijos, uno de ellos es menor de edad, y yo trabajo cuando me llaman para sustituciones”, asegura. La situación es precaria, “así que estoy al borde del infarto y de la depresión”, asegura angustiada.

Este martes Luisa conocerá si por fin debe derruir toda su casa, parte de ella o si desde el Ayuntamiento le dan alguna solución que ella pueda asumir económicamente.