El polígono de Güímar ya vierte sus aguas residuales a la depuradora

Las aguas residuales del polígono industrial de Güímar, en la costa este de Tenerife, han sido conectadas ya a la depuradora correspondiente tras poner en marcha el proceso de tratamiento biológico, penúltimo paso antes de que la estación funcione al 100% con todas las garantías de depuración.

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha recordado este viernes que el pasado día 10 visitó la planta con los alcaldes de Güímar, Arafo y Candelaria y aseguró entonces que en un breve plazo de tiempo la estación depuradora estaría funcionando. “Este viernes hemos conectado ya el caudal de aguas al tratamiento biológico, con lo que el problema de las aguas residuales del polígono se ha resuelto y con la conexión de este tratamiento se interrumpe la caravana de camiones cisterna hacia La Campana y vuelve la normalidad a la EDARI del otro polígono”, ha afirmado.

De esta manera se ofrece al polígono “con seguridad” un servicio que nunca se había resuelto y que estaba causando un daño medioambiental, señala el presidente, para añadir que “como todo proceso que se inicia estaremos unos días comprobando que todo funciona conforme a lo establecido y con las cautelas necesarias”.

Pedro Martín ha subrayado que desde el Cabildo se ha trabajado “con toda la celeridad” para resolver un problema que afectaba “a un buen número de empresas de tres municipios y finalmente, y antes de lo esperado, aquí está la solución”.

Cabe recordar que la actual alcaldesa de Candelaria, Mari Brito (PSOE), y los exregidores locales, Gumersindo García (exalcalde de Candelaria, PSOE), Carmen Luisa Castro (exalcaldesa de Güímar, PP) y José Juan Lemes (exalcalde de Arafo, por PP y luego por CC) van a ser procesados por la comisión de presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y prevaricación en la gestión de los vertidos de aguas residuales en este polígono. Según el auto del Juzgado número 1 de Güímar, los citados ediles, “quienes eran titulares de las infraestructuras del polígono, de forma consciente y voluntaria, sin justificación aparente omitieron desde julio de 2013 las actuaciones administrativas a que estaban imperativamente obligados en el control y legalización de los vertidos de aguas residuales al medio marino”.