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De A Coruña a Tenerife

Lidia Rodríguez

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En Cambre, A Coruña, la consultora Altamira ha comenzado los trámites para desalojar a medio centenar de personas de sus viviendas de protección oficial (VPO). Altamira es la consultora que lleva los productos inmobiliarios del Banco Santander. La misma semana, en Tenerife, los vecinos del barrio de Añaza denunciaban posibles ilegalidades ante la supuesta compraventa de viviendas de protección oficial entre el Banco Santander y el fondo buitre Cerberus. Dos casos con líneas paralelas, no perpendiculares.

En el caso de Cambre, en A Coruña, las personas que viven en estos pisos se encuentran en situación de vulnerabilidad (parados de larga duración, ancianos enfermos, víctimas de violencia de género). Personas a las que la consultora no quiere renovar los contratos. Una vez más, se hace efectivo eso de que la banca siempre gana. Han esperado a que llegase el vencimiento del contrato para poder vaciar los pisos. Una estrategia tan sencilla como cruel. En el caso de Añaza, el 90% de los vecinos utilizan los recursos sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Aunque la Fiscalía haya admitido a trámite la denuncia de los vecinos de Añaza y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), encabezada por Inma Évora, el papel que juega el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias sigue siendo clave. Y es que los mismos que reconocen que van a hacer todo lo posible para ayudar a los vecinos del barrio de Añaza son los que en época no electoral muestran connivencia con la banca.

Y así, mientras se dibuja la nueva burbuja que nos va a explotar a todos en la cara, esta semana ha salido el Informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España.

Una vez más, Canarias lidera el ranking de las regiones con mayor exclusión social. Hay un 40% de personas en riesgo de exclusión, de las cuales el 16,6% no puede permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días, y el 20,2% sufre retrasos en los gastos de la vivienda personal. Además, el 20% de la población, en muchas ocasiones, depende de los servicios de su ayuntamiento, como los vecinos de Añaza que ahora no solo tienen que lidiar con la pobreza, sino también con la familia Botín.

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