Espacio de opinión de Tenerife Ahora
OHL y el puerto de Granadilla (II)
Las investigaciones derivadas de la trama Lezo están dejando entrever un caso de presuntos sobornos en la construcción del puerto de Granadilla. El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha puesto el foco en SATO, una filial de esa constructora que formó parte de la UTE que ganó el concurso para el desarrollo del puerto de Granadilla. Además de Luis Suárez Trenor, han empezado a sonar más nombres de Coalición Canaria presuntamente vinculados a la causa.
Ahora, según ha contado ABC, la Unidad Central Operativa (UCO) ha cedido un informe a la Audiencia Nacional donde se señalan algunos nombres algo conocidos. Entre esos nombres estarían Luis Suárez Trenor, Julio Bonis y Antonio Castro. Del expresidente de Puertos de Tenerife, Suárez Trenor, ya se advertía en 2016 que había movido grandes cantidades de dinero de origen desconocido entre los años 2000 y 2006.
En 2006, Baltasar Garzón conectaba a Suárez Trenor y a Miguel Zerolo, condenado por el caso Las Teresitas, con la filial de la trama Forum Filatélico en Santa Cruz. En 2009, las malas lenguas decían que existía una conexión entre el puerto de Granadilla y el famoso pelotazo de libro. Ahora, diez años más tarde, la Audiencia Nacional conecta la operación Lezo con el puerto de Granadilla.
Del puerto de Granadilla pocas son las buenas noticias que se dan. Si Canarias Ahora contaba hace no mucho que pasado un año de su inauguración ha resultado un proyecto que no tiene una utilidad al cien por cien, en junio del año pasado la Asociación de Geógrafos españoles elaboraba un informe que situaba al puerto de Granadilla como una de las inversiones canarias en las que más se ha despilfarrado dinero público.
El delpilfarro que resalta la Asociación de Geógrafos españoles estuvo acompañado de la polémica y de las voces que gritaron en contra de su construcción. Ben Magec, Ecologistas en Acción o Greenpeace fueron algunos de los colectivos ecologistas que mostraron su descontento con lo que calificaban de “disparate medioambiental”.
El Tribunal Superior de Justicia llegó a paralizar las obras por considerar que podía afectar a los sebadales, una especie protegida en aguas canarias. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente aprobó un nuevo Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias cambiando esa especie de categoría de protección. Continuará la historia de un entramado político-empresarial del que todavía no conocemos su magnitud.
