¿Y ahora qué, señor Bermúdez?

Hoy se cumplen tres semanas desde que se hiciera pública la sentencia de 27 de abril dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el llamado caso Las Teresitas, en las que poco o nada se ha sabido acerca de las acciones y recursos que usted, como presidente de la Junta de Gobierno de la ciudad, ha promovido o pretende promover para seguir defendiendo el interés del pueblo de Santa Cruz en la recuperación del dinero público invertido en su momento para la compra de los terrenos.

No voy a pretender que usted, en su condición de alcalde, pida perdón a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife por unos hechos en los que, ciertamente, no ha tenido intervención ni responsabilidad alguna.

Ahora bien, abusando de mi antigua condición de letrado consistorial, si me permite la injerencia -confío en que así sea por los costosos sacrificios personales que, sé que le constan, me supuso ser designado por el Ayuntamiento para formular la demanda reconvencional en la causa civil de Las Teresitas-, sí que le voy a pedir públicamente que adopte una serie de medidas que sí que están a su alcance y considero absolutamente imprescindibles para que el pueblo de Santa Cruz pueda recuperar algún día la confianza en su Ayuntamiento.

La primera medida que debería tomarse con carácter inmediato, si es que ya no se hubiera acordado a la fecha, es instar ante la Audiencia Provincial la ejecución provisional de los pronunciamientos civiles de la sentencia de 27 de abril de 2017. Nadie comprendería que se diga que se está haciendo todo lo posible por recuperar el dinero invertido en la compraventa de las parcelas del frente de playa de Las Teresitas y que, teniendo a su alcance una herramienta como la prevista en el artículo 989.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se haga uso de esta facultad para que los que se han beneficiado del delito reintegren al Ayuntamiento los 52 millones de euros indebidamente pagados en su momento, más los intereses devengados y las costas causadas. Mientras se sustancian los recursos de casación, ¿en qué mejores manos puede estar el dinero que en las del propio Ayuntamiento?

El hecho entendible de que usted no quiera hablar todavía de conductas delictivas en el caso de Las Teresitas, por eso del respeto a la presunción de inocencia, al no ser firme la sentencia, no impide que usted y su equipo de gobierno puedan reprobar públicamente los hechos que se declaran probados por la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que no hacen sino confirmar los que años antes había declarado probados con fuerza de cosa juzgada la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de mayo de 2007.

Urge, como mínimo, un reconocimiento, sin ambages, por parte del máximo órgano de representación política de los ciudadanos en el Gobierno municipal, de la extrema gravedad de las anomalías habidas en el proceso concertación de voluntades entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la entidad mercantil Inversiones Las Teresitas del que surgieron el convenio urbanístico de septiembre de 2001, el contrato de compraventa anulado y la modificación puntual del PGO aprobada en 2004. Negar una herida es impedir que sane, y así es muy difícil avanzar hacia el futuro y que la ciudad pueda recobrar el pulso.

Señor alcalde, cuando uno trata de mantenerse al margen de un hecho tan relevante para la historia de la ciudad corre el riesgo de vivir de espaldas a la realidad. Esta situación de aletargamiento o ignorancia deliberada, en la que lleva sumido el Ayuntamiento de Santa Cruz desde septiembre de 2001, a día de hoy ya no es sostenible. Toca reaccionar, hacer autocrítica, hablar con claridad, encontrar soluciones, que en ningún caso pasan por seguir guardando silencio.

Debe reconocerse sin tapujos que, salvo honrosas excepciones, fallaron todos los mecanismos de control y saltaron por los aires todas las garantías procedimentales, y que sólo la intervención de una funcionaria ejemplar evitó que este expolio a las arcas municipales quedara impune. Que nadie dude que, sin el esfuerzo y tenacidad de doña Pía Oramas González-Moro, esta trama corrupta y jerarquizada que hoy describe la sentencia de la Audiencia Provincial habría logrado su objetivo, sin saldar una sola baja.

La actuación llevada a cabo por Pía Oramas bien merece la más alta distinción y reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ya no sólo por haberse mantenido firme en el momento en que se fraguó la compraventa en la defensa de su independencia frente a los vaivenes políticos y empresariales, sino, sobre todo, por haber tenido la valentía de hacer públicas las presiones a las que se vio sometida por no querer suscribir una tasación externa que no compartía, y por sacar fuerzas para defender con aplomo en el juicio que los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento en el año 2001, en realidad, tenían un valor tres veces inferior al que finalmente se pagó por ellos. Ha llegado la hora de que, la que fue su casa durante tantos años, le muestre públicamente su gratitud por su lealtad inquebrantable al pueblo de Santa Cruz y por habernos enseñado al resto de funcionarios municipales el camino a seguir. Si la Villa, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife a día de hoy conserva el título de Invicta es gracias a ella, que no le quepa la menor duda, señor alcalde.

Algunos con muchos menos méritos en su bagaje que Pía Oramas han sido distinguidos con el título de Hijo Adoptivo de Santa Cruz o tienen una placa con su nombre en una céntrica calle de la ciudad. La posibilidad de que se lleve a cabo este acto de desagravio público con Pía Oramas no está reñido con el respeto al derecho a la presunción de inocencia, por lo que no hay razón alguna para seguir aplazándolo.

Por otro lado, a nadie se le escapa que tras 16 años en el Gobierno municipal por parte de los representantes electos condenados por el fallo de la sentencia del caso de Las Teresitas, se cierne sobre las principales actuaciones urbanísticas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en las dos últimas décadas un halo de sospecha de corrupción. No se puede esperar sentado a que todo llegue a su fin sin necesidad de pisar el barro, toca remangarse y adentrarse en el lodazal en que se ha convertido Santa Cruz. Muchas son todavía las causas abiertas como para no esperar que en las sentencias venideras se irán sumando nuevas condenas por delitos de corrupción. Hay que estudiar sin dilación qué posición procesal debe jugar el Consistorio en cada uno de esos procesos. No son solo fantasmas del pasado, no hay margen para la improvisación, el Ayuntamiento se juega su presente y futuro.

El Ayuntamiento de la capital, desde ya, debe colocarse al frente de esta lucha, dotándose de los mecanismos de control interno necesarios para prevenir, detectar y minorar el riesgo de que puedan reproducirse en el futuro este tipo de comportamientos que tanto daño han causado al patrimonio y a la imagen pública de la ciudad. A este fin, debería estudiarse por la Corporación la utilidad de someter a la organización municipal a un programa de cumplimiento normativo (compliance), mediante la elaboración de un plan a medida de prevención de riesgos disciplinarios y penales en el ámbito de la Administración municipal que culmine con la aprobación de un código ético o de buen gobierno específico para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus entes instrumentales, que bien pudiera apoyarse en otras herramientas tales como la creación de un servicio de inspección que se encargue de investigar las posibles infracciones que se pudieran cometer en este campo, y la constitución de una comisión encargada de velar por el cumplimiento del código ético, con capacidad decisoria en materia disciplinaria y para promover la persecución de infracciones disciplinarias y delitos que puedan cometerse en el marco de la Administración local, o la implementación de un canal de denuncias para que los ciudadanos puedan hacer llegar de manera anónima sus denuncias respecto a aquellas conductas de autoridades y empleados públicos municipales que consideren contrarias a la ética.

Señor Bermúdez, se acabó el tiempo de espera, llegó la hora de actuar con decisión, de estar a la altura del mayor reto al que seguramente se ha enfrentado en su trayectoria política. Toca tomar urgentemente decisiones dolorosas pero necesarias. Y el que no esté preparado para ello que dé un paso al costado.

*Ruymán Torres Pérez fue letrado de la Gerencia de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife de 2002 a 2015 y defendió al Ayuntamiento en el juicio civil por el caso Las Teresitas