El escabroso caso Nadia

Que un padre desalmado sea capaz de especular y enriquecerse fraudulentamente a costa de la grave enfermedad de su hija pequeña produce indignación y escándalo público por agredir la buena fe de quienes se volcaron a ayudar a la niña en nombre de la solidaridad, tantas veces puesta a prueba y otras varias decepcionada por la picaresca o el engaño.

En este caso se han rebasado todos los límites de los principios morales que deben entramar una convivencia cívica donde la entrega y colaboración, individual o colectiva, subsanen las carencias institucionales y la ineptitud burocrática de un pretendido estado de bienestar que hace aguas por debajo de su línea de flotación. Solo la sociedad civil es capaz de resolver sus propios problemas, porque la resolución, encomendada a los servidores públicos, adolece de falta de eficacia suficiente por intereses ajenos al bien común y una indeseable mediocridad humanitaria en los responsables políticos contratados en las urnas por el pueblo.

La buena voluntad popular se halla indefensa ante el chantaje emocional divulgado en medios de comunicación donde, a veces, quienes estamos involucrados en esta parcela de activismo social, comprobamos cómo quienes más necesitan la solidaridad colectiva son rebasados por casos puntuales que encuentran un filón mediático donde exigir derechos, quizá inmerecidos, a costa de quienes se quedan en lista de espera por el pudor de no mendigar soluciones para cubrir necesidades básicas y urgentes desde una situación de precariedad extrema. Son los trabajadores sociales quienes, con su cualificación y buen hacer, tratan de controlar presuntos desvíos y compensar las penurias burocráticas de una gestión de despacho que ellos tratan a pie de calle.

La reflexión que induce la denigrante actuación paterna, que ha saltado a la opinión pública como estallido de bomba en racimo, tiene una doble vertiente: de un lado, la constatación de que puede no tratarse de un caso aislado y único. Apenas profundicemos con objetividad, exenta de flojera sentimentaloide, podemos sospechar de algún negocio cercano de parecidas características. Pero es complicado declarar indicios sin pruebas fehacientes. Pruebas que no siempre se aportan por parte de los beneficiarios de donaciones masivas, con justificantes y facturas de cómo se ha invertido la millonaria recaudación. (Dejamos a un lado la calificación de economía sumergida o condición de dinero negro. Sería motivo de otro trabajo de opinión).

Es lamentable cómo la desconfianza generada por el caso Nadia perjudica gravemente a la gran mayoría de afectados por casos reales de enfermedades raras. Criaturas indefensas ante el abandono institucional y el negocio montado en USA y otros, a costa de la desgracia de los más vulnerables.

La segunda lectura reflexiva se refiere a la actuación de la Justicia, que ha aplicado la rapidez debida y la contundencia adecuada a la gravedad del caso. Nada que objetar ante la evidencia de indicios que permiten sustituir racionalmente el tópico concepto de presunción de inocencia por el de culpabilidad flagrante. También los medios han actuado, en general, de acuerdo con la razonable y razonada información de unos hechos incuestionables debidamente contrastados.

Pero surge la inquietud y desconfianza, no en la Justicia, sino en quienes la imparten: ¿qué hacen en la calle, sin haber pasado aún por la cárcel, quienes han cometido “presuntos” delitos, todavía más graves que el aquí comentado? ¿Qué pasa con el clan Pujol, que todos siguen de rositas con su fastuosa vida? ¿Acaso lo de tirar de la manta es suficiente chantaje protector, en plan mafia, para eludir la ley? ¿Qué hacen, todavía en libertad y con sus alardes de ostentación, los Bárcenas, Rato, Blesa, Chaves, Griñán, Urdangarin y tantos otros supuestos delincuentes cuya presunción de inocencia es tan frágil y absurda, cuando menos, como la de este padre desnaturalizado?

La ley es igual para todos. La Justicia, también. Pero quienes deben aplicar una e impartir otra parecen no saberlo. O al menos no obran según el respeto debido a un estado de derecho donde el concepto de democracia impone la separación de poderes y, por ende, de intereses que corrompen la ejecución equitativa de igualdad para todos. Lo contrario, la realidad española actual, es una aberración institucional y un insulto para el pueblo soberano.

Lástima de efigie simbólica, dama de piedra balanza en mano, con el fiel trucado para aparentar equilibrio y ojos tapados con una venda que apenas es de gasa traslúcida; cuando no, unas gafas 3D para ver a todo color solo lo que interesa ver.