El régimen que dirige España desde 1978 no admite oposición

En España, a los gobernantes y medios de comunicación oficiales les encanta utilizar la palabra “régimen” para referirse de manera peyorativa a gobiernos contrarios a los intereses de las empresas españolas y estadounidenses.

Sin embargo, tanto para sí mismos como para regímenes afines emplean otras palabras como “democracia” o “gobierno”, pero ellos saben perfectamente que todos y cada uno de los países del mundo son dirigidos y gobernados por un “régimen” que puede ser de diferentes maneras, según su sistema económico y social (capitalismo, socialismo, religioso, feudal, etcétera) y de gobierno (más o menos democrático,  participativo, dictatorial, totalitario, feudal...).

En el caso de España, tenemos el mismo régimen desde 1978, un modelo de Estado basado en una monarquía hereditaria (sin elecciones) y la elección “libre” por parte del electorado de parlamentarias y senadoras que a su vez eligen al presidente o presidenta del Gobierno y lo fiscalizan, supuestamente; es decir una democracia burguesa monárquica.

En España todas las ciudadanas y ciudadanos pueden hacer valer sus derechos democráticos, siempre y cuando no vayan en contra del régimen. Desde que sean protestas y opiniones contrarias a este, son reprimidas y sus dirigentes encarcelados, con lo cual ocurre lo mismo o peor que en otros países criticados por el régimen español donde también aplican medidas coercitivas para garantizar su continuidad.  

El conflicto de Catalunya que estamos viviendo con preocupación desde el 1 de octubre del año pasado representa el movimiento de oposición al régimen del 78 más importante desde su creación. Hemos visto cómo cargos públicos elegidos democráticamente que ni han robado ni le han hecho daño físico a nadie están siendo encarcelados con amenaza de sufrir condenas de hasta 30 años de prisión, mientras seguimos viendo cómo políticos delincuentes (la mayoría miembros del partido gobernante) que han robado dinero necesario para el bienestar de la población y la salud (educación, sanidad, pensiones, etc) pasean a sus anchas por el país.

Yo no soy independentista. Me considero un canario socialista y republicano, pero creo que todas las opciones políticas, salvo que tengan connotaciones fascistas, son respetables. Las y los independentistas catalanes luchan por conseguir sus objetivos y fines políticos; y por ello no me cabe en la cabeza que los condenen y encarcelen como si fueran delincuentes o como si estuvieran utilizando la violencia. Entiendo y me parece lógico que el Estado español apueste por defenderse, pero, si quieren dar ejemplo de democracia, deberían actuar de otra manera.

Como conclusión creo que para resolver la cuestión catalana primero hay que garantizar la pluralidad política y que las personas que se oponen al régimen del 78 no sean por tal motivo reprimidas y encarceladas. En segundo lugar, hay que escuchar al pueblo a través de una consulta libre, directa y universal.

*Concejal de Izquierda Unida Canaria en el Ayuntamiento de Granadilla