La Fiscalía pide juzgar al alcalde nacionalista de La Victoria y a un concejal por contratar a dedo a afines del PP

La Fiscalía Provincial ha pedido la apertura de juicio oral para el alcalde de La  Victoria, Haroldo Martín (CC ), y para el concejal Fermín Correa (que perteneció al PP y hoy es edil no adscrito tras ser expulsado por el PP) por un delito continuado de prevaricación administrativa debido a la supuesta contratación ilegal de afines al Partido Popular.

El Ministerio Fiscal, en un escrito fechado el 19 de noviembre y cuyo contenido publica este lunes La Opinión de Tenerife, pide para ambos cargos públicos una pena de 10 años de inhabilitación por unos hechos acaecidos entre 2011 y 2013, cuando ambos eran socios de gobierno en el municipio norteño de Tenerife.

Tras las elecciones de 2015, Correa fue alcalde con el apoyo del PSOE, entonces el PP lo expulsó por no pactar con CC y una moción de censura en febrero de 2016 devolvió el bastón de mando al nacionalista Haroldo Martín, con el que gobernó en un pacto CC-PP en el mandato anterior.

En su escrito, la Fiscalía expone que Martín y Correa tomaron decisiones “con pleno conocimiento” de que eran “contrarias a la legalidad vigente y con desprecio a ella”, vulnerando los preceptos, entre otras, de la Ley de Contratos del Sector Público. El interventor municipal formuló reparos a esos pagos.

Entre los hechos supuestamente ilícitos que detalla el Ministerio Fiscal se incluyen 41 facturas por un montante de 36.770 euros a favor de dos personas cercanas al PP, según recoge la información publicada por el citado periódico.

Al exconcejal del PP la Fiscalía lo acusa de simular un contrato menor para eludir la obligación legal de cumplir los principios de publicidad y concurrencia, tanto para cubrir sendas funciones de servicios jurídicos municipales como para el transporte del centro de estancia diurna, ambos de la Concejalía que llevaba Correa, la de Bienestar Social.

Con esta causa penal son varios ya los alcaldes y excaldes del norte de Tenerife que se exponen a juicio oral por respectivas causas penales, como es el caso de dos del PP,  Lope Afonso, en Puerto de la Cruz, y Milagros Pérez, en Santa Úrsula; y dos del PSOE, Fidela Velázquez, en San Juan de la Rambla, y Aurelio Abreu, en Buenavista.