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Caso Las Teresitas

La Justicia bloquea las cuentas y los bienes del exsenador Miguel Zerolo

La magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife apercibe al ex alcalde de la capital tinerfeña de que cualquier movimiento sobre sus bienes muebles e inmuebles podría ser alzamiento de bienes

El bloqueo también alcanza a los doce restantes acusados, entre ellos Manuel Parejo y los empresarios Antonio Plasencia, Ignacio González y su hijo Carlos González Santiago.

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador Miguel Zerolo abandona el Palacio de Justicia tras depositar la fianza por el llamado caso de Las Teresitas  / Cristóbal García/EFE

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador Miguel Zerolo abandona el Palacio de Justicia tras depositar la fianza por el llamado caso de Las Teresitas / Cristóbal García/EFE

El juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha decretado este martes el bloqueo de las cuentas corrientes y de todos los bienes muebles e inmuebles del ex alcalde de la capital tinerfeña y ex senador de Coalición Canaria Miguel Zerolo, además de los restantes doce acusados por el caso Las Teresitas.

Zerolo fue citado por el Juzgado para comunicarle la decisión judicial después de que el pasado 19 de enero aportara como bienes para cubrir la fianza por su responsabilidad civil en el caso Las Teresitas, tan sólo un coche mini Cooper y sus participaciones en dos empresas constituidas en 2005 y sin apenas capital social, como son Tadasana Consulting S.L., dedicada a la gestión empresarial, y Parivrita S.L., creada en julio pasado y dedicada a la compra-venta inmobiliaria.

Los restantes acusados aportaron bienes muebles e inmuebles, pero no en cantidad suficiente para cubrir la fianza de 109,4 millones de euros que fijó la magistrada María de los Ángeles Zabala en su auto de apertura de juicio oral de esta causa, en septiembre de 2015.

El ex alcalde estaba citado a las 10.00 horas, al igual que los ex portavoces municipales de los grupos socialista y popular, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez respectivamente; el ex edil de Urbanismo, Manuel Parejo (ya condenado a tres años de prisión por el caso Mamotreto); el ex gerente de Urbanismo, José Tomás Martín; los funcionarios Víctor Reyes, José Eugenio de Zárate Peraza de Ayala, Antonio Messía de Yraola y José Luis Roca, además de los empresarios Ignacio González, Pedro González, Antonio Plasencia y Carlos Plasencia.

La magistrada no solo les ha anunciado el bloqueo de sus cuentas bancarias sino que además les ha apercibido de que no pueden llevar a cabo ninguna acción sobre sus bienes muebles e inmuebles, ya que de lo contrario podrían incurrir en un delito de alzamiento de bienes.

En un principio, tanto Zerolo como los ex concejales y funcionarios municipales acusados intentaron que su parte de la fianza fuera cubierta por la aseguradora del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero Zurich Seguros indicó al juzgado que la póliza suscrita excluye las consecuencias de posibles hechos delictivos.

Por lo que se desprende de la investigación judicial, Miguel Zerolo cuenta con una cuantiosa fortuna, aunque gran parte de sus bienes, incluida su propia casa en la capital tinerfeña, no está a su nombre. Durante dos años no tocó un euro de su cuenta bancaria, según dijo, porque en dos ocasiones le había tocado la lotería. Muchos de sus activos proceden de acciones sobre minas de Perú, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Australia, Botswana, Mongolia y Estados Unidos, que cotizan en las bolsas de medio mundo.

En julio de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias entregó al juzgado de Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife toda la documentación de la investigación judicial sobre ex alcalde, realizada en una pieza separada en el Tribunal Supremo, ya que hasta enero de ese año Miguel Zerolo estaba aforado por su condición de senador.

La instrucción, ya cerrada, está pendiente de fecha para que se lleve a cabo el juicio oral, lo que según fuentes judiciales no será antes del verano. La Fiscalía pide para el ex alcalde nacionalista 8 años de cárcel, los mismos que pide para el ex concejal de Urbanismo Manuel Parejo, mientras que para el resto de los acusados solicita cuatro años de prisión.

Se les acusa de malversación de caudales públicos y prevaricación por comprar por tres veces su precio los terrenos del frente de playa de Las Teresitas, terrenos que les fueron arrebatados a los vecinos en 1998 mediante una junta de compensación y que en parte ya eran propiedad del propio Ayuntamiento.

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