El Juzgado de La Gomera remite a la Audiencia la documentación para resolver el recurso por el archivo del caso Telaraña
El Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián de La Gomera, el único que existe en la isla, ha vuelto a dar muestras de la lentitud con la que tramita las causas judiciales. La Audiencia Provincial ha tenido que esperar más de cuatro meses para recibir toda la documentación necesaria para resolver el recurso de apelación del conocido como caso Telaraña, por el que se investiga al presidente del Cabildo insular y diputado autonómico, Casimiro Curbelo.
La jueza que ha instruido el procedimiento en su recta final, la sexta que pasa por el caso, María Lourdes Goya, dictó el auto de sobreseimiento provisional de la causa en octubre de 2016, pero no resolvió hasta septiembre de 2017 el recurso de reforma interpuesto por la acusación popular contra el archivo. Tras desestimar el escrito presentado por el Movimiento Cívico contra la Corrupción, una asociación que preside el exconsejero Pedro Medina Calero, el Juzgado de San Sebastián de La Gomera ha tardado más de cuatro meses en remitir toda la documentación de la causa a la Audiencia Provincial.
En una diligencia de ordenación dictada el pasado 6 de febrero, a la que ha tenido acceso mirametv.com, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial da por recibidas las actuaciones seguidas en el procedimiento 490/2010, número de referencia del caso Telaraña, “para la resolución del recurso de apelación” interpuesto por el Movimiento Ciudadano contra la Corrupción.
El escrito del letrado de la Administración de Justicia nombra a Jaime Requena Juliani, uno de los tres magistrados que dictaron la sentencia del caso Las Teresitas, como ponente del fallo que se alcance sobre la apelación. El recurso, según la diligencia de ordenación, se resolverá “conforme al calendario de señalamiento y de causas preferentes y urgentes”.
La línea cronológica del caso Telaraña alcanza así su octavo año de tramitación, lo que supone un nuevo retraso en la resolución de la causa. La propia jueza de instrucción utilizó el argumento de las “dilaciones indebidas” en el auto mediante el que desestimó el recurso de reforma presentado contra el archivo, trámite previo a la remisión del expediente a la Audiencia Provincial, pese a que una parte importante de la demora se ha debido a la falta de recursos del Juzgado de San Sebastián y al constante cambio de jueces en la instrucción del procedimiento.
El recurso de apelación cuestiona que el auto de archivo se haya dictado cuando faltan por realizar varias diligencias solicitadas tanto por la acusación popular como por la Fiscalía. Entre las diferentes pruebas que no se han practicado, según la acusación popular, destaca que no se han llevado a cabo los informes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en relación con las declaraciones de renta y patrimonio de Curbelo, tal y como solicitó en diciembre el Juzgado a petición del Ministerio Público.
Tampoco se han aportado a la causa los informes de la Guardia Civil sobre determinados movimientos bancarios del empresario Fortunato Arteaga, considerado un presunto testaferro del presidente del Cabildo de La Gomera. Los denunciantes también solicitaron, sin éxito, que se aclarasen los estudios cursados por una de las hijas del diputado autonómico, a la que Curbelo ingresó durante cerca de dos años cantidades en efectivo desde distintas sucursales de la isla. Otra de las diligencias que no se ha concluido, pese al auto de sobreseimiento provisional, es la investigación a una de las sociedades implicadas, Inversiones Galga, SL.
La jueza María Lourdes Goya mantiene un criterio distinto y considera que no existen indicios suficientes para mantener la investigación contra Casimiro Curbelo por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación.
La última de los seis instructores del caso Telaraña dictó el auto de sobreseimiento cuando no llevaba ni un año en una plaza por la que han pasado hasta seis personas distintas. Su decisión llegó en un momento clave, tras el aforamiento del presidente del Cabildo, lo que provocó que el Juzgado pisase el acelerador para decidir si enviaba la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) o la archivaba, como finalmente hizo. La Fiscalía respaldó la decisión del Juzgado y no presentó recurso.
