Nadie sabe quién negoció ni decidió la compra de la casa Siliuto en Santa Cruz

Aparentemente, ni los acusados ni los testigos que han comparecido este martes en la vista oral del caso Siliuto saben quién decidió la compra de esa casa por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, quién negoció un precio de casi el doble que el tasado por los técnicos municipales o quién pactó que fuera el Consistorio local el que pagara la plusvalía.

En la primera sesión del juicio, ha comparecido como testigo Francisco Alonso Siliuto, quien, junto a su hermana, en 2002 vendió al Ayuntamiento la casa familiar, situada en el barrio del Toscal, por 612.000 euros, según la tasación realizada por ellos mismos, a lo que se suman los 11.000 euros de la plusvalía.

Los técnicos municipales tasaron la vivienda en 332.000 euros, si bien el Ayuntamiento encargó una tasación externa a Tinsa, que elevó el valor hasta 706.000 euros. Como acusados están los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia y el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes.

La Fiscalía, que no acusa a Manuel Parejo, pide para Norberto Plasencia diez años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos, y siete para Víctor Reyes por malversación.

La acusación particular que representa a Izquierda Unida Canaria (IUC) pide 16 años de prisión para Norberto Plasencia, los mismos que para Víctor Reyes, y ocho años para Manuel Parejo, en los tres casos por malversación de caudales públicos.

La venta se aprobó en una reunión del consejo de administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la que a nadie llamó la atención que el inmueble, que se iba a destinar a casa de la juventud, se adquiriera por casi el doble del valor tasado por el Ayuntamiento.

“La sintonía fue total, no hubo ninguna discrepancia ni reproches, el apoyo fue unánime”, explicó el concejal Dámaso Aretaga, que compareció como testigo porque fue uno de los miembros del consejo de administración que aprobó la compra a ese precio.

Arteaga no recuerda si se leyó la propuesta que aprobó, pero sí que el expediente establecía que el precio era razonable y que contaba con informe favorable de la Intervención municipal y del secretario de la Gerencia.

En el acuerdo del consejo de administración se establecía, como dice la ley, que la plusvalía corresponde a la parte vendedora, pero en la escritura notarial de compraventa, justo antes de la firma, se cambió para que la asumiera el Ayuntamiento. Ninguno de los acusados aclaró quién fue el responsable u órgano político que decidió esa compra ni quién estableció el precio.

Norberto Plasencia, que entonces era el concejal al frente de la Gerencia de Urbanismo, dijo que él llevaba solo unos meses como responsable y que se limitó a tramitar un expediente que tenía informe favorable de la Intervención y de legalidad, sin saber quién tomó la decisión de comprar.

Tampoco comprobó que en la misma notaría a la que acudió a firmar la compraventa se acababa de modificar la escritura a petición del vendedor para que el Ayuntamiento se hiciera cargo del impuesto de plusvalía, en contra de lo aprobado por el consejo de administración.

Víctor Reyes, el secretario delegado de la Gerencia, indicó que el precio de compra que él incluyó en la propuesta que se sometió a la aprobación del consejo de administración le vino dado y que debió fijarse en “algún tipo de negociación” con los propietarios.

Esas decisiones solo podían tomarlas los responsables de la Gerencia de Urbanismo, es decir, o el gerente (José Tomás Martín, que compareció como testigo), o el consejero director (Norberto Plasencia), pero a Reyes no le consta ninguna reunión.

Reyes dijo que en el consejo de administración los concejales eran conscientes de lo que se aprobaba y no pueden alegar que no tuvieran conocimiento. Aseguró que el vendedor es quien tendría que haber pagado la plusvalía, así que no sabe por qué se cambió la escritura notarial.

También defendió que el precio acordado entre el Ayuntamiento y la propiedad era adecuado, dentro de parámetros normales, y descalificó el informe de la arquitecta municipal Berta Álvarez, que tasaba el inmueble en la mitad, porque era “inconexo” y se hizo sin siquiera visitar la casa ni incluir fotos ni planos.

Manuel Parejo declaró que en ese tiempo no era responsable de la Gerencia de Urbanismo, así que se limitó a votar a favor de la compra en el consejo de administración porque no había reparos ni de legalidad ni de Intervención.

Pero sí reconoció que fue él quien en 2005 firmó la resolución de pago de la plusvalía, porque también constaba un informe favorable de Intervención de manera que no podía negarse, puesto que así figuraba en la escritura de compraventa.

El vendedor, Francisco Alonso Siliuto, testificó que él había puesto como condición que la plusvalía la pagara el Ayuntamiento, pero como no figuraba así en la escritura el día que fue a firmar pidió que se cambiara “y lo aceptaron”, sin que el notario advirtiera de que la ley establece que el pago corresponde al vendedor.

Alonso Siliuto insistió desde el principio en que él no negoció ni se reunió con nadie, que toda su relación con el Ayuntamiento en la operación fue por escrito, mediante instancias.

En una de esas instancias, él mismo escribe que se había reunido con el teniente de alcalde, entre otros, pero en su comparecencia judicial insistió en que no recuerda haberse reunido con nadie.

También declaró que en 1999 el Ayuntamiento había rechazado comprar el inmueble, pero de repente, en 2002, hubo un cambio de criterio, le pidieron que remitiera su tasación y luego supo por el periódico que se había aprobado la adquisición.

Entre los testigos compareció José Tomás Martín, que fue gerente de Urbanismo, quien no recuerda mucho de este caso particular, salvo que el expediente contaba con informes favorables y que no hubo reparos en el consejo de administración que lo aprobó.

Lo que sí dejó claro es que la plusvalía corresponde abonarla al vendedor, y señaló que nunca ha visto un caso en que sea el Ayuntamiento el que la pague.

Otro testigo, José Luis Roca, quien fuera interventor delegado de Urbanismo, no participó en los informes que dieron lugar a la adquisición de la vivienda, pero sí informó favorablemente en 2005 a que el Ayuntamiento pagara la plusvalía porque no se había percatado de que había una discrepancia entre el acuerdo del consejo de administración y la escritura notarial. Tras darse cuenta, elaboró otro informe avisando de esa discrepancia.