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Sí Se Puede reclama que se reponga en derecho a las personas residentes en el Valle de las Huertas y Montaña Morera

Pedro Fernández Arcila anuncia que defenderá en el pleno del 28 de septiembre la necesidad de que el Ayuntamiento de Santa Cruz adopte medidas tras el Tribunal Supremo haber confirmado la condena a Mauricio Hayek

Pedro Fernández Arcila, líder de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz

Pedro Fernández Arcila, líder de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, exige a Coalición Canaria (CC) el fin de la época Zerolo-Hayek. Tras la confirmación de la condena al abogado por el Tribunal Supremo, Sí Se Puede reclama reponer en derecho a las personas residentes en el Valle de las Huertas y Montaña Morera.

Arcila plantea en una moción que defenderá en el pleno del próximo 28 de septiembre la necesidad de que el Ayuntamiento adopte determinadas medidas, una vez el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres años y medio de prisión para el que fuera asesor jurídico de la Junta de Compensación de Las Teresitas, Mauricio Hayek, como autor de un delito de apropiación indebida en un caso, el del Valle de las Huertas, vinculado al caso Las Teresitas.

El portavoz ecosocialista establece que esta sentencia deja resuelto penalmente de manera definitiva y para la historia de este municipio un deleznable comportamiento que durante varias decenas de años tuvieron que sufrir muchos vecinos y vecinas de San Andrés, como consecuencia de los abusos realizados por el entonces abogado de la Junta de Compensación, que solo se movió por un afán de lucro desmedido.

La iniciativa de Sí Se Puede plantea, en primer lugar, que la Corporación santacrucera muestre su solidaridad con los vecinos y vecinas afectados, "a la vista del sufrimiento que han tenido que soportar durante decenas de años como consecuencia de la actuación delictiva del asesor jurídico de la Junta de Compensación de las Teresitas".

Esta declaración debe contemplar el interés del Ayuntamiento capitalino en que, de la manera más rápida posible, se reponga a estas personas económicamente por los daños ocasionados.

Asimismo, Arcila plantea como una actuación imprescindible la creación de una comisión municipal "con el fin de determinar las razones por las que la Gerencia de Urbanismo, como administración tutelante, no intervino en el periodo en que se produjo ese tipo de actuaciones delictivas”.

A juicio de Sí Se Puede, la confirmación de la condena mencionada por parte del Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento a modificar el planeamiento urbanístico municipal para ajustarse a los criterios establecidos por la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial emitida el 27 de abril de 2017, de manera que se adecue la ordenación urbanística a los intereses municipales. Igualmente, la Corporación debe proceder a recuperar los usos dotacionales señalados por la Audiencia Provincial. 

Finalmente, la moción contempla que el Ayuntamiento determine el aprovechamiento urbanístico de la parcela 103, previo informe de los servicios técnicos municipales.

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