La falta de acuerdo levanta el telón del juicio por la construcción de un centro comercial en suelo rústico en Tenerife

No hubo acuerdo entre las defensas y las acusaciones para alcanzar una sentencia de conformidad, pese a las negociaciones que se han llevado a cabo en las últimas semanas, y el juez levantó este jueves el telón de una de las vistas más esperadas por presunta corrupción urbanística en Tenerife. En el punto de mira de la Justicia se encuentra la construcción del centro comercial El Trompo, que sentará en el banquillo, a lo largo de cinco sesiones, al exalcalde de La Orotava Isaac Valencia, al secretario municipal, José Carlos de Tomás Martí, y al empresario Ambrosio Jiménez.

La Fiscalía y la acusación popular de Iniciativa por La Orotava, que representa el abogado Pedro Fernández Arcila, consideran probado que el exalcalde y el secretario incurrieron en delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio por permitir la construcción del centro comercial en un suelo rústico y en contra del planeamiento municipal. Para cada uno de ellos solicitan tres años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación.

En el caso de Ambrosio Jiménez, las acusaciones consideran al promotor responsable de un delito contra la ordenación del territorio, por el que le piden dos años de cárcel. Con estos antecedentes, y tras una instrucción llena de contratiempos, arrancó este jueves la primera de las cincos sesiones previstas en el juicio por el caso de El Trompo.

La sesión no estuvo exenta de sorpresas, como el intento de personación a última hora, bajo la figura de la acusación particular al ser parte perjudicada, de la abogada del bingo que la empresa Automáticos Canarias tiene en el centro comercial de El Trompo. La Fiscalía dejó claro que solo cabe su presencia en el juicio si se adhiere al escrito de acusación del Ministerio Público, algo que no será fácil si se tiene en cuenta que la empresa de juegos de azar se vería afectada por la petición de derribo de la parte de la instalación que incumple actualmente el Plan General de Ordenación (PGO). La letrada, que mostró síntomas de estar más cerca de los intereses de los acusados que de los planteamientos de la fiscal, llegó incluso a pedir la nulidad de las actuaciones.

En las dos horas que duró la primera sesión, el juez de refuerzo del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, aunque la vista tiene lugar en La Laguna, tuvo tiempo para rechazar, precisamente, la petición de nulidad de las actuaciones solicitada por las defensas durante las cuestiones previas. Sí aceptó las nuevas pruebas aportadas por el abogado del secretario municipal, que se comprometió a estudiar de cara a la segunda jornada de la vista, que tendrá lugar el próximo lunes 20 de junio.

Entre los argumentos de los abogados de los acusados destacó la petición de prescripción del delito contra la ordenación del territorio, a lo que la fiscal mostró su oposición tajante: “Las obras terminaron en 2004 y las declaraciones comenzaron en 2006; no hay prescripción”. En el caso del letrado del secretario municipal, también se puso el dedo en “las dificultades” que se ha encontrado para acceder a toda la documentación y la “falta de conocimiento” de las actuaciones, un extremo también rechazado por el Ministerio Público, que recordó la “gran repercusión mediática” del procedimiento.

La defensa de Isaac Valencia, en manos del catedrático de Derecho Penal Esteban Sola, abogado del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, amenazó con elevar a una instancia superior “la expulsión” del procedimiento de la acusación popular de Iniciativa por La Orotava por, entre otros argumentos, presentar fuera de plazo el escrito de acusación. Pedro Fernández Arcila mantuvo lo contrario, hasta el punto de asegurar que esa posibilidad sigue abierta a día de hoy porque en la instrucción “se suspendió el plazo y todavía no se ha levantado”.

Hechos probados

La Fiscalía considera probado que las obras se llevaron a cabo en un suelo categorizado como rústico, “potencialmente productivo”, por lo que el centro comercial, que ocupa una superficie de 56.200 metros cuadrados, se construyó gracias a unos trabajos “ilegales y de imposible legalización”.

Aunque la Policía Local detectó los primeros movimientos de tierra en noviembre de 2001, el promotor Ambrosio Jiménez no solicitó la licencia del edificio, que ya se había construido en una parte importante, hasta julio de 2002. En octubre, el secretario municipal informó a favor del permiso urbanístico, pese a que “el edificio multiusos objeto del proyecto era incompatible con la normativa en vigor”, tal y como sostiene el Ministerio Público.

El funcionario acusado se apoyó también en un dictamen externo encargado por el Ayuntamiento de La Orotava, en el que se alude a la legalización que iba a suponer la tramitación de la revisión del PGO, que no entró en vigor hasta el año 2004 y que desde comienzos de 2002 suspendía la concesión de licencias hasta su aprobación, y a la supuesta extensión de la normativa aplicable a los terrenos colindantes, sometidos al Plan Parcial Las Arenas Sector 10. Todo ello sirvió de paraguas para que el exalcalde Isaac Valencia dictase el 12 de octubre de 2002 un decreto con el que se autorizó el edificio construido por Ambrosio Jiménez.

Las pruebas periciales realizadas durante la instrucción de la causa concluyeron que, además de incumplir el planeamiento vigente en el inicio de las obras, el centro comercial sobrepasa la superficie de aprovechamiento urbanístico que establece el nuevo PGO, al superar en 2.137 metros cuadrados el límite marcado. Esta es la parte que la Fiscalía pide en su escrito que sea derribada a cargo del bolsillo de los acusados.

También considera probado la fiscal que tanto el informe del secretario como el decreto de Isaac Valencia se realizaron sin tener en cuenta que el proyecto de Ambrosio Jiménez establecía una zona destinada a “garajes colectivos”, lo que requería de una licencia específica que no fue otorgada hasta el 16 de agosto de 2006.

El juicio por el caso de El Trompo se reanudará el próximo lunes 20 de junio a las 9.00 horas y sentará, de nuevo, a los tres acusados en el banquillo. La única duda es Ambrosio Jiménez, que ha solicitado no tener que asistir al resto de sesiones por “cuestiones de salud”. El juez dejó la decisión en manos de un informe médico que ha sido encargado al efecto. Al finalizar la vista de este jueves, el constructor, que ha manifestado en más de una ocasión que no le gusta ser fotografiado, mandó un saludo a los periodistas que le apuntaban con sus cámaras y móviles: “¿Soy guapo?”.