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La acusación popular pide al alcalde de Santa Úrsula que exija a los condenados pagar de su bolsillo los daños causados

El denunciante de la causa presenta un escrito en el Ayuntamiento para que se solicite la responsabilidad patrimonial a Milagros Pérez (PP) y Víctor Hernández (PSOE) por sus contrataciones ilegales

El Consistorio local nunca se personó en el procedimiento pese a ser el principal perjudicado por los actos delictivos de sus antiguos gestores

Los dos procesados, uno del PP y otro del PSOE, no han renunciado aún a sus actas de concejales 

La condenada del PP Milagros Pérez, junto al concejal del PSOE Víctor Hernández, también con pena de inhabilitación

La condenada del PP Milagros Pérez, junto al concejal del PSOE Víctor Hernández, también con pena de inhabilitación

La pelota está ahora en el tejado del Ayuntamiento de Santa Úrsula. La acusación popular ha presentado este miércoles un escrito en el Consistorio para que el actual alcalde, Juan Acosta (AISU-CC), exija la responsabilidad patrimonial derivada de la condena a la anterior dirigente local, Milagros Pérez (PP), y a su socio en el pasado mandato, el concejal Víctor Hernández (PSOE), informó este miércoles mirametv.com.

Tras ser considerados responsables de un delito continuado de prevaricación por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, por el que han sido castigados a una pena de ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, el denunciante, Octavio Hernández, ha movido ficha para que la administración solicite que los dos procesados paguen de su bolsillo los daños causados a las arcas municipales.

El fallo de la jueza Beatriz Méndez, que considera probado que ambos encartados colocaron a dedo a personas afines en el Ayuntamiento en contra de la legislación vigente, descartó en la sentencia una condena que implique la responsabilidad patrimonial de Milagros Pérez y Víctor Hernández.

El principal motivo que argumentó la titular del Juzgado de lo Penal nº 5 de Santa Cruz de Tenerife se basa en que el Consistorio de Santa Úrsula, "que podría tener la consideración de perjudicado por dicha actuación, no se ha personado en la causa para su reclamación de los daños y perjuicios ocasionados". A esta frase se agarra ahora el denunciante para que el actual alcalde intente recuperar el dinero público perdido por las contrataciones ilegales de su predecesora en el cargo.

El escrito de la acusación popular se apoya en los artículos 109 y 116 del Código Penal, donde se regula la reparación del daño económico por parte de toda persona criminalmente responsable de un delito, que en este caso es la prevaricación continuada. Preguntado por la petición del denunciante, Juan Acosta ha preferido mantenerse al margen del contenido de la sentencia y ha eludido hacer declaraciones.

En el documento presentado este miércoles en el Ayuntamiento tinerfeño, la acusación popular pide al alcalde de Santa Úrsula que se tome conocimiento de la sentencia en la próxima sesión plenaria. El escrito también solicita que, "previo informe de intervención pertinente, relativo a la cuantificación del quebranto producido a las arcas municipales por la suma total de las contrataciones declaradas arbitrarias por la sentencia, y previo informe jurídico sobre la posibilidad de reclamar daños y perjuicios a los dos acusados y/o responsabilidad civil subsidiaria al PP y al PSOE (...), se acuerde el inicio de acciones judiciales para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados". 

Los dos sentenciados mantienen por ahora sus actas de concejales

Los dos condenados conservan en la actualidad su acta de concejales y, a día de hoy, mantienen su intención de evitar una posible renuncia. Esta situación, después de haber sido inhabilitados en primera instancia por prevaricación continuada, provoca un debate jurídico sobre el que ya se pronunció la Junta Electoral Central en otro caso análogo por el mismo delito.

A raíz de la condena en primera instancia del exalcalde de Arona José Alberto González Reverón, por el conocido como caso Enchufe, la primera de las tres inhabilitaciones que sufrió por su gestión municipal, la Junta Electoral Central resolvió que el dirigente nacionalista tenía que abandonar el Ayuntamiento tinerfeño pese a que, en aquel momento, la condena aún no era firme (posteriormente fue confirmada por las instancias superiores).

En el mismo sentido se posicionó en su informe la entonces secretaria del Consistorio. Las dos resoluciones jurídicas hacen referencia a la necesidad de dar cumplimiento al artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

La Junta Electoral Central concluyó que la renuncia de las actas de los concejales inhabilitados en primera instancia se tiene que producir en el pleno municipal, sin que sea necesario que la decisión se someta a votación. Sobre esta cuestión, aunque no forma parte del escrito de la acusación popular, también tendrá que posicionarse el actual alcalde. 

La cercanía de las próximas elecciones puede ser un factor decisivo para que los dos condenados mantengan su acta de concejales en Santa Úrsula durante las escasas semanas que restan para que se disuelva el Ayuntamiento. Ni el PP ni el PSOE se han manifestado de forma pública sobre el futuro de Milagros Pérez y Víctor Hernández.

Hasta hace una semana, el presidente insular de la formación conservadora, manuel Domínguez, mantenía su apoyo a una nueva candidatura de la exalcaldesa, ahora inhabilitada tras la sentencia de primera instancia, contra la que cabe recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

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