El macrojuicio del caso Arona: 16 acusados, 262 testigos y 14 semanas de vista oral
El juicio de la pieza principal del caso Arona que, junto con el caso Las Teresitas, sería una de las mayores tramas de corrupción urbanística que se hayan podido conocer en la provincia tinerfeña, arranca el próximo martes, 12 de enero, en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, con un tribunal especial, y con 16 acusados en el banquillo, entre políticos, empresarios, arquitectos, técnicos municipales y otros funcionarios.
Se sentará de nuevo en el banquillo José Alberto González Reverón, exalcalde de Arona entre 2003 y 2012, año en que fue obligado a dimitir tras ser condenado en firme por prevaricación por la contratación ilegal de dos personas. El pasado mes de diciembre fue enjuiciado junto con Antonio Sosa, exconcejal de Urbanismo y Medioambiente, por los delitos de prevaricación y malversación de caudales.
Para González Reverón se solicitan 35 años de inhabilitación, tres años de cárcel y 20.000 euros de multa por prevaricación, prevaricación urbanística y tráfico de influencias. En el caso de Sosa se piden dos años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercicio de cargo público por prevaricación continuada y prevaricación urbanística continuada, más otro año de cárcel y 6.000 euros de multa por supuesta malversación de caudales públicos.
Asimismo volverá a sentarse en el banquillo Manuel Barrios, del Centro Canario Nacionalista y que fue mano derecha de González Reverón entre 2003 y 2007. Se le acusó de prevaricación junto con el exalcalde por esa contratación ilegal de personal municipal, pero fue absuelto.
Ahora está acusado por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio (prevaricación urbanística) y un posible delito continuado de prevaricación, por lo que le piden dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, lo mismo que al resto de los que formaban parte del Gobierno local de Arona: Sebastián Martín (CC. Fallecido), Daniel Martín Martín (CAN), José Luis González (CAN), Alfonso Barroso (CC), Juan José Alayón (CC) y Félix Sierra (PP).
Los restantes acusados son los arquitectos Jorge Menéndez, Zenón Rodríguez y Antonio Luis González, por cohecho (se piden penas de tres y cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación para ejercicio profesional por pagar a cambio de obtener licencias urbanísticas), además del técnico municipal Roberto de Luis y del arquitecto municipal Eliseo de la Rosa, ambos acusados también de cohecho y para quienes se piden 8 y 6 años de cárcel. De acuerdo con la Fiscalía, cobraban comisiones para conceder y desbloquear licencias urbanísticas.
En el banquillo se sentarán asimismo la que fue subinspectora de la Policía Local de Arona, Hortensia García, por prevaricación, para quien se piden 8 años de inhabilitación; el empresario Arsenio Zamora, quien presuntamente mediaba en el cobro de las supuestas comisiones (cohecho) y el cabo de la Guardia Civil en Playa de las Américas José Luis González aunque fuentes judiciales indican que hay una segunda pieza separada aún sin señalar, que tendrá por protagonistas a este personaje y a José Alberto González Reverón.
Doscientos sesenta y dos testigos
Están previstas 14 semanas de vista oral, desde el 12 de enero hasta el 11 de mayo, a razón de tres sesiones por semana, que se celebrarán en la sala seis del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Los delitos de los que se acusa son contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, y según la Fiscalía, estos hechos fueron continuados en el tiempo.
El sumario de esta supuesta trama delictiva entre funcionarios, miembros del Gobierno local de Arona entre 2003 y 2007 (aunque ha habido ampliación de denuncias hasta 2011), ocupa 60 tomos y se concluyó en 2013. Contra la formulación de apertura de juicio oral, los entonces imputados presentaron recursos de apelación que tardaron un año en resolverse y que resultaron desestimados en su totalidad.
Están llamados a declarar 262 testigos, entre los que figuran personas claves de la vida empresarial tinerfeña, que en su momento estuvieron imputados, como el exconsejero del Cabildo tinerfeño, José Luis Delgado; el director general de la Cámara de Comercio, Vicente Dorta y el técnico de la Cámara de Comercio Carlos Morales Plasencia.
La organización del enjuiciamiento de esta macrocausa no ha sido fácil. Primero, porque hubo que resolver en qué sala se celebraba y después qué tribunal juzgaba, de forma que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial no quedara colapsada.
Otra piedra en el camino ha sido la sustitución de la fiscal Inmaculada Violán quien, como responsable de Medioambiente y Urbanismo, estuvo al frente de la investigación del caso Arona desde que el 17 de enero de 2007, el socialista Francisco García Santamaría le elevase una denuncia por posibles delitos contra la Ordenación del Territorio, prevaricación continuada y tres delitos de prevaricación contra el ex alcalde y su equipo de Gobierno.
Violán ha sido sustituida por la que era fiscal especializada en violencia machista, Francisca Sánchez, quien en la pieza separada por la que se enjuiciaron en diciembre pasado a José Alberto González Reverón y Antonio Sosa, delegó en su compañero Jaime Serrano-Jover.
La corrupción como forma de gobierno
García Santamaría interpuso la denuncia por la aprobación de licencias para ejecución de obras, demolición de obras y nueva construcción, prórroga de licencias y licencias de primera ocupación con los informes desfavorables del Servicio de Urbanismo, a los que se adhirió el secretario accidental, con las advertencias de ilegalidad, en el caso de la concesión de las licencias municipales, y con los reparos u oposición del interventor y del secretario accidental en los casos aprobación de proyectos o contrataciones.
En esa primera denuncia, el exedil socialista se refería a 93 licencias concedidas entre el inicio de 204 y finales de 2006. Sesenta de esas licencias fueron informadas desfavorablemente por ir contra el Plan General de Ordenación de Arona, por ir contra el Plan Especial Territorial de Ordenación del Turismo, por carecer de la autorización previa de la legislación sectorial de aplicación o por ser contrarias a la normativa vigente en materia de habitabilidad, funcionalidad y seguridad.
Las otras 33 licencias fueron concedidas pese a los mismos reparos de ilegalidad mencionados, o pese a vulnerar el Texto Refundido de Leyes de Ordenación y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Se trataba de licencias para edificar en terrenos ubicados en unidades de actuación que no habían sido gestionadas debidamente, con parcelas que aún no tenían siquiera la condición de solar.
A esta primera denuncia siguieron otras, impulsadas por el abogado Felipe Campos y el recién estrenado primer teniente de alcalde, José Antonio Reverón, de Ciudadanos por Arona. Finalmente, el caso Arona se basa en 205 licencias municipales concedidas con los reparos o los informes técnicos contrarios y advertencias de ilegalidad, además de 75 expedientes de contratación con los informes en contra.
