El futuro político del presidente canario, a remolque de la Justicia por el caso Grúas

El futuro político del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC), pende de un hilo judicial, después de que un fiscal haya pedido su imputación por prevaricación y malversación de fondos públicos en el llamado caso Grúas, circunscrito a su gestión pública como alcalde en el segundo municipio más poblado de Tenerife y el cuarto de Canarias, con más de 100.000 habitantes, en San Cristóbal de La Laguna.

Los hechos se remontan a 2014, cuando Clavijo era alcalde de La Laguna, en el pasado mandato. Entonces concedió un crédito de 120.000 euros a Autogrúas Poli, SL, adjudicataria del servicio municipal de grúas y empresa privada que, lastrada por las dificultades económicas -entre otras razones por el retraso en los pagos del propio Ayuntamiento-, ya había quedado en manos de un grupo de trabajadores de la misma entidad, la mayoría de ellos amigos del propio Clavijo.

Como ahora ha constatado el fiscal del caso, Santiago Sánchez, en un escrito fechado el pasado 27 de julio, “de lo actuado se desprende que la voluntad del señor [Fernando] Clavijo era la concesión del préstamo aún sabiendo la ilegalidad de este por así habérselo advertido el interventor”.

La decisión final sobre la imputación del presidente canario queda así en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), instancia ante la que será elevada la causa por la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, Celia Blanco, al estar aforado Clavijo.

Esta jueza había archivado el procedimiento en 2017, que surgió tras una denuncia de dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, Unidos Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), este último liderado por Santiago Pérez, un exdirigente histórico del PSOE tinerfeño -el partido con el que gobierna CC en el municipio- y además profesor ya jubilado de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (ULL).

Pero en octubre de ese año, tras ser recurrido el archivo por los denunciantes citados, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordenó reabrir la causa no sin antes dar a la magistrada un rapapolvo por haberla sobreseído sin las suficientes investigaciones previas.

Incluso el propio fiscal que ahora ve delito en la actuación del entonces alcalde llegó a apoyar el archivo, pero, tras la reapertura del proceso, ha cambiado su criterio después de la declaración de numerosos testigos, incluyendo los trabajadores que lograron hacerse con Autogrúas Poli (algunos de los cuales reconocieron en el juzgado tener una relación personal con Clavijo), funcionarios municipales y el expropietario de Autogrúas Poli (que declaró ante la Guardia Civil que el entonces alcalde lo había obligado a contratar a sus amigos). También tras haber sido imputado el actual regidor municipal, José Alberto Díaz, y el concejal Antonio Pérez-Godiño, ambos del mismo partido que el hoy presidente autonómico (CC) y con cargos de responsabilidad en el momento en que se produjeron los hechos investigados.

Díaz tiene ahora la consideración procesal de investigado porque la Audiencia Provincial corrigió en marzo de este año otra decisión anterior de la jueza instructora, que había descartado su procesamiento.

En su escrito del 27 de julio de este año, el fiscal considera que, aunque el crédito fuera luego devuelto al Ayuntamiento por Autogrúas Poli, la actuación de Clavijo supuso “una total ausencia de tutela del patrimonio público, al autorizar el citado préstamo sin regulación legal, plazo y fianza para garantizar su devolución”. “El señor Clavijo, en su condición de alcalde presidente de La Laguna, tenía la detentación material de los caudales y una facultad de decisión jurídica sobre estos, y siendo totalmente conocedor de ello dispuso [de estos] apartándolos de su destino publico y beneficiando única y exclusivamente a un particular”, sostiene el Ministerio Fiscal.

Se da la circunstancia de que los siete trabajadores que acabaron siendo dueños de Autogrúas Poli declararon en 2012 en un juzgado que, “a efectos de notificación”, esta empresa tenía su sede justo en el mismo edificio donde está el domicilio social de la gestoría que perteneció a Fernando Clavijo, Administración Ecológica. Cinco de esos empleados, luego reconvertidos a empresarios, confesaron ante la jueza que  conocen al mandatario por la práctica del kárate (algunos dijeron conocerlo desde niño o como adolescente) o por trabajar juntos en la multinacional francesa de bricolaje Leroy Merlin, donde Clavijo estuvo empleado como jefe de sección.

El servicio municipal de grúas de La Laguna se privatizó en 2004, cuando Clavijo era concejal de Seguridad Ciudadana en un gobierno que presidía Ana Oramas, actual diputada de CC en el Congreso. El propietario inicial de Autogrúas Poli, José Padilla, vendió la empresa en 2011 y, años después, declaró ante la Guardia Civil que había sido coaccionado por Clavijo, siendo este ya alcalde, para que la concesión quedara en manos de un grupo de trabajadores con vinculación “directa o indirecta” con el regidor municipal.

Y así fue. En 2013, en pleno conflicto laboral en la empresa planteado por los trabajadores no propietarios, el Ayuntamiento autorizó a Autogrúas Poli una reducción de plantilla a la mitad (de 22 a 11), lo que dejó en la calle a varios empleados no afines a Clavijo.

Los incumplimientos del contrato, ignorados

En 2014, el Gobierno municipal asumió temporalmente el servicio y, para ello, nombró a dos funcionarios como interventores. Para entonces, la empresa concesionaria atravesaba un momento de enormes dificultades económicas. Con una deuda que ascendía a 300.000 euros, Autogrúas Poli acumulaba impagos de nóminas, carecía de la tarjeta de transporte obligatoria para poder operar con sus vehículos y los mantenía en mal estado. Tal es así que, en abril de ese año, los interventores designados por el Ayuntamiento concluyeron que la empresa no se encontraba en condiciones de seguir prestando el servicio.

Como apreció la Audiencia Provincial cuando ordenó reabrir el caso, el Ayuntamiento pagó un importe de la deuda que arrastraba la empresa justo en el momento en el que se transmitieron las participaciones de la mercantil a ese grupo de trabajadores y permitió que se incumpliera el pliego de condiciones con que se adjudicó el servicio, al producirse la operación de compraventa de Autogrúas Poli sin antes comunicarla a la Administración municipal, sin que los nuevos socios estuvieran en posesión de la autorización administrativa de transporte (algunos vehículos incluso no habían pasado la ITV) o sin que hubieran acreditado estar al corriente de los pagos con la Seguridad Social.

Antes de la concesión del préstamo, y a la vista de su asfixia económica, la empresa quedó intervenida por el Ayuntamiento. Dos funcionarios interventores constataron que debía cientos de miles de euros y que incurría en “faltas muy graves o gravísimas” definidas en las condiciones contractuales, al punto de que advirtieron de que Autogrúas Poli  ya no podía prestar con normalidad el servicio público que tenía encomendado. Con tales antecedentes, sorprende que unos meses más tarde la decisión municipal fuera prorrogar el contrato por cinco año más.

El interventor, en contra

Comoquiera que el interventor general del Ayuntamiento se oponía al préstamo que promovió Clavijo, el entonces alcalde, para avalar el levantamiento del reparo,  recurrió a sus juristas externos de cabecera, los catedráticos de Derecho Administrativo en la ULL Francisco Villar (a quien luego como presidente del Gobierno regional encargó coordinar la redacción de una polémica Ley del Suelo, hoy en vigor) y Francisco Clavijo (primo del padre del presidente canario). El coste de sus honorarios para las arcas públicas rondó los 10.000 euros.

Luego, los amigos de Clavijo acabaron vendiendo Autogrúas Poli a un empresario, José Luis Tacoronte (casualmente conocido por Antonio Vera, uno de los interventores del servicio), que pagó un simbólico euro, pero a cambio de enjugar la deuda de la empresa, 715.215 euros. De paso, se quedó con la concesión del servicio, ya prorrogada.

Pero si estos avatares fueran pocos, cabe destacar también en el relato otra instrucción judicial paralela por la presunta sustracción de piezas de coches del depósito municipal para su posterior venta, unos hechos denunciados por uno de los trabajadores despedidos de Autogrúas Poli y en el que se investiga a los siete empleados que en su día se hicieron con la empresa, antes de su venta a Tacoronte. El depósito fue pasto del fuego, en extrañas circunstancias, el otoño del pasado año.

Fallida comisión de investigación

Toda esta historia había causado un creciente mal olor en la oposición de izquierdas, por lo que a principios del actual mandato logró que se constituyera una comisión de investigación (el actual alcalde prefiere llamarla “de estudio”), que presidió el exsenador y portavoz del PP, Antonio Alarcó, y ante la que no compareció en persona Clavijo. 

En abril de 2017, los demás grupos de la oposición (incluyendo Ciudadanos y dos concejales díscolos del PSOE, hoy expulsados por discrepar del pacto de gobierno con CC) abandonaron esta comisión entre acusaciones de que bloqueaba dirimir responsabilidades políticas y todo se derivaba en cuestiones técnico-administrativas. Así que Unidos Se Puede y XTF-NC centraron desde entonces su ofensiva en los juzgados.

Ambos partidos dieron este lunes una rueda de prensa, convocada con urgencia, tras filtrarse a dos periódicos canarios el nuevo escrito del fiscal, que ahora aprecia como delictiva la actuación de Clavijo, y ello a pesar de que el juzgado -incluso al día siguiente- aún no se lo había notificado a las partes.

El jefe del Ejecutivo canario también habló. En la rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Gobierno celebrada en la isla de La Palma, el mandatario mostró su “firme convicción de haber actuado en función del interés general de los ciudadanos”, porque solo buscó garantizar la continuidad del servicio de grúas, “sin ningún tipo de quebranto económico para las arcas municipales” y todo ello, dijo, “con el visto bueno de los funcionarios y de los asesores”. Excepto del interventor general, debió precisar.

Llama la atención que Clavijo justificara los números rojos de la empresa con dos argumentos: “Se peatonalizó el casco de La Laguna [ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad] y además se redujo la retirada de vehículos como consecuencia de la crisis”.

Las reacciones políticas al escrito del fiscal no se han hecho esperar. Podemos ha pedido la comparecencia del presidente en el Parlamento canario y el PSOE prefiere esperar a que el TSJC lo cite como investigado, un paso que los denunciantes del caso, Unidos Se Puede y XTF-NC dan por hecho, “por lógica jurídica e igualdad ante la ley”, pues ya están imputados el actual alcalde y un concejal laguneros.  

En el otro lado, Coalición Canaria ha cerrado filas en torno a Clavijo, a quien hace unas semanas designó de nuevo como candidato a la presidencia del Gobierno autonómico en las elecciones de 2019. En un comunicado, CC sostiene que si su líder regional acude al juzgado será “una oportunidad” para aclarar su gestión en este expediente sobre su época de alcalde en La Laguna. 

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que Clavijo se acerca a unas elecciones con la justicia al cuello. Ya en 2015 se libró, in extremis, gracias a que una juez sustituta sobreseyó una pieza separada del llamado caso Corredor -en el que estaba imputado- a falta de menos de un mes para que comenzara la campaña electoral.

El archivo se produjo tras una rocambolesca concatenación de hechos, entre otros la anulación de las escuchas policiales comprometedoras para Clavijo al no haberse hallado en el sumario una de las prórrogas judiciales que les daba cobertura (se sospecha de que hubo un robo de esos escritos) y una querella contra el juez instructor, César Romero Pamparacuatro, por parte del principal imputado, el empresario del ocio Evaristo González. Esta acción apartó el magistrado temporalmente de ese caso.

Cinco meses y cuatro días después, acabó un trance “duro y difícil”. La jueza de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, Teresa Álvarez, dio carpetazo definitivo a la pieza separada.

En el plano puramente político, Fernando Clavijo sobrevive en minoría desde que a finales de 2016 rompiera el pacto con el PSOE en el Parlamento de Canarias. Con apenas el 17% de los votos y solo 18 de los 60 diputados, ha conservado todo el poder gracias a la colaboración del PP y de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), liderada por el ex senador socialista Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, que saltó a la fama tras ser denunciado -y aceptó una condena económica- por un altercado con la Policía Nacional en Madrid. Tras su salida del PSOE fundó ese nuevo partido, que con tres diputados, fruto de la actual ley electoral canaria, se ha convertido en la llave de la gobernabilidad en las islas.