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Tres diputados majoreros

Consejo Político Nacional de Coalición Canaria celebrado este sábado.

En Coalición Canaria saben perfectamente que no pueden echar a Ana Oramas, ni siquiera someterla a la humillación de un expediente disciplinario inédito por su voto negativo en la investidura de Pedro Sánchez. Pero tanto Coalición Canaria como Ana Oramas saben perfectamente que esa indisciplina no puede volver repetirse y que hay que ir preparando un discurso creíble para el más que probable caso de que tenga que votar favorablemente a los Presupuestos Generales del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Ya veremos con qué espíritu heroico y con qué excusas.

Por primera vez desde que estalló esta crisis, la diputada nacional de CC tuvo la gentileza este sábado de dar la cara ante su partido y ofrecer las explicaciones hasta ahora desconocidas para justificar su indisciplina. Lo hizo a sabiendas de que nada malo le iba a pasar y que su influencia y control dentro de la organización iban a impedir cualquier disgusto. Sabe, como saben sus compañeros, que la única persona con patente para la indisciplina es ella y que islas como Tenerife, Gran Canaria o La Palma cerrarían filas ante la incapacidad de sus líderes locales de moverse sin salirse de la foto.

Pero la crisis originada por Oramas no se cerró este sábado con el blindaje a la diputada. Al contrario. Ha sido la piedra de toque para medir la fortaleza de Coalición Canaria seis meses después de haber perdido el poder en la mayor parte de las instituciones que venía controlando ininterrumpidamente hace casi tres décadas. Y los primeros síntomas hacen pensar que se trata de una explosión diseñada con el fin de marcar el territorio de cara al congreso del 9 de mayo, donde ha de quedar fijado un nuevo modelo de partido para acometer los tres años siguientes de oposición, la posible reunificación nacionalista con Nueva Canarias y la identidad de quienes decidan liderar la formación. 

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Coalición Canaria: manda Tenerife

Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, vota 'No' durante la investidura de Pedro Sánchez

A Ana Oramas le bastarán tan solo 1.000 de los 13.000 euros al año que declara percibir de su partido para “gastos de representación” (el único cargo institucional que cobra por ese concepto un sobresueldo) para dar por zanjado el incidente que protagonizó en la última sesión de investidura de Pedro Sánchez. Tras buscar y rebuscar el castigo más benévolo, Coalición Canaria se ha abrazado al reglamento del grupo parlamentario en la Cámara regional para imponer lo que considera una sanción suficiente al tamaño de la indisciplina en la que incurrió la diputada nacional.

Han vencido, como era de prever, las tesis de la organización tinerfeña, la vieja Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), que ha hecho valer la tradición y el peso de sus votos para imponer la que desde el principio fue su tesis de partida: hay que votar que no al Gobierno de Sánchez con Podemos.

A la altura de una rondalla de aficionados queda el consejo político nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, formado por un centenar de personas que discutieron en profundidad cuál debía ser la posición más conveniente, hasta alcanzar por unanimidad la orden de la abstención cursada a la diputada, que ni siquiera se dignó participar en el cónclave para al menos defender su posición contraria, justo la de la isla de Tenerife.

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¿Y a ti qué te importa la unidad de España?

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La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, conversa con el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

La intrépida diputada tinerfeña Ana Oramas se conmovió de nuevo en la tribuna de oradores del Congreso y, de paso, conmovió al muy conmovedor sector españolista del país. Casi gimoteando, hizo un sentido canto a la soberanía nacional y a la inquebrantable unidad de España; otro, a lo que le gusta a ella defender a Canarias para, a medida que iba subiendo el tono de su voz, acabar imprecando a Pedro Sánchez que lo va a votar la madre que lo parió. Hubiera sido un bello discurso si no fuera porque con él no engañó a nadie, si exceptuamos a los patriotas ávidos de estas soflamas, los entusiastas diputados y diputadas de la derecha y la extrema derecha, que le aplaudían a rabiar, y los centenares de personas que en las redes sociales la han elogiado por lo que dieron en llamar su “valentía” para desmarcarse de las decisiones de su propio partido.

A Ana Oramas le importa exactamente una higa la soberanía nacional, la unidad de España y su candidatura perpetua a reserva espiritual de occidente. Exactamente lo mismo que le importan las decisiones de su partido, Coalición Canaria, que ayudó a fundar hace la friolera de 26 años después de su paso por la UCD y las Agrupaciones Independientes de Canarias a través de la Agrupación Tinerfeña de Independientes, la famosa ATI. Oramas hizo el discurso que más le conviene en este momento, como ha hecho durante su larga e intensa carrera política, la que inició en los años 70 y que ha desarrollado sin solución de continuidad estas casi cinco décadas.

Con su patriotismo circunstancial, Oramas busca ahora sintonizar con las derechas españolas, las que se oponen radicalmente a la formación de un Gobierno de izquierdas en España. El Gobierno que se aprestan a constituir dos de los partidos que precisamente han arrebatado al partido de la señora diputada el poder institucional en Canarias, el que ella y sus correligionarios vienen ocupando de manera ininterrumpida —en el caso de algunas instituciones- estos últimos 40 años.

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La otra gran derrota de ATI

José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria.

La pérdida de poder continúa pasando factura a Coalición Canaria. No solo por la modalidad no presencial y más económica elegida para reunir a su Consejo Político, órgano formado por algo más de 100 dirigentes que debatieron este viernes por videoconferencia un asunto de tanta trascendencia como el voto de su diputada a la investidura de Pedro Sánchez, sino más que eso, por la pérdida de control de la tropa por parte del generalato.

Ya no hay puestos en los diferentes niveles de administración que puedan saciar estómagos con vocación de estar agradecidos, y eso lo ha empezado a notar el núcleo irradiador del partido, el que tiene su sede en la isla de Tenerife. Fueron sus dirigentes más destacados (José Manuel Bermúdez, Carlos Alonso, Francisco Linares…) los que desde el primer momento pusieron la proa al pacto suscrito el 12 de noviembre entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y lo hicieron por puro rechazo a Podemos, partido al que los líderes tinerfeños de CC responsabilizan de la pérdida de poder institucional en la isla, básicamente en el Cabildo y en los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna. Y por pura antipatía ideológica porque todo lo que pueda situarse a la izquierda del PSOE, provoca ronchones en las delicadas pieles de los insularistas de la vieja e incombustible Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI).

Con sus manifestaciones contrarias a un acuerdo por la izquierda, los tres líderes tinerfeños de CC contradecían la estrategia de campaña que había desarrollado Ana Oramas para el 10-N: “Esta vez no habrá vetos ni líneas rojas”, repetía a quien quería oírla la más dicharachera diputada de la asirocada nacionalidad. Una estrategia puramente coyuntural marcada por el socio electoral, Nueva Canarias, al que no había que permitirle que se quedara en exclusiva con la etiqueta progresista que venían exigiendo para toda la organización sectores de CC en las islas orientales, incluida Gran Canaria.

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Jueces y periodistas con el culo al aire (versión ampliada)

Salvador Alba y Chavanel.

Es muy probable que haya sido José Manuel Soria el primero que echó al vuelo la teoría de que es el PSOE el culpable de que haya tanta corrupción del Partido Popular. O, por ser más precisos, que es el PSOE el culpable de que el Partido Popular esté envuelto en tantos casos de corrupción. Lo decía el entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, luego presidente del Cabildo de Gran Canaria, vicepresidente del Gobierno regional y por último ministro del Reino cuando estallaron en Canarias sucesivamente los casos Faycán, Eolo, Góndola, Patronato o Salmón, en los que aparecían directamente implicadas personas de su mismo partido, incluyendo en algún caso él mismo.

Pero, ¿qué culpa tenía el PSOE de los casos de corrupción en los que se veía directamente involucrado el partido que presidía por entonces el exministro Soria? Pues ni más ni menos que haber tenido un ministro también canario, de nombre Juan Fernando López Aguilar, que en 2006 puso en marcha en varias autonomías calientes las fiscalías anticorrupción, creadas por ley en 1995 pero durmiendo el sueño de los justos hasta que a Aznar lo sucedió Zapatero.

La sucesiva constatación de que los casos de corrupción del PP de Canarias tenían consistencia y de que los jueces y fiscales actuaron correctamente durante su tramitación no han servido sin embargo para que los herederos de esa teoría soriana se hayan bajado del burro. En las últimas semanas dos personajes muy cercanos a la corrupción, un juez y un periodista, han vuelto a agitarla para tratar de justificar sus trapisondas, alguna de ellas ya con condena firme del Supremo.

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La inutilidad de la monarquía

El rey Felipe VI durante el discurso de Navidad.

El rey Felipe VI de este último discurso de Navidad es el mismo rey Felipe VI del discurso de Navidad de 2017. Algunos y algunas parecen haberlo olvidado y llevan ya más de 48 horas enfrascados en los mensajes proferidos por el jefe del Estado en ocasión tan magna pasando por alto el nada desdeñable y contrastado hecho de que no es su majestad el que escribe sus propios discursos, ni siquiera el que los inspira, por mucho que se conozca a la perfección cuál es su querencia política y cuáles de las presentes en el escenario político español defienden en consecuencia su continuidad inquebrantable en el ordenamiento constitucional.

Tiene razón Ada Colau cuando asegura sin más aspavientos que los necesarios que la monarquía es inútil. Ha vuelto a quedar de manifiesto en los episodios de estas semanas con las protocolarias consultas a las fuerzas parlamentarias y con el más que previsible discurso de Navidad. Que Felipe VI haya propuesto a Pedro Sánchez como candidato a una aún incierta investidura sin haber escuchado de boca de uno de sus apoyos imprescindibles la confirmación de sus 13 votos, sencillamente porque se trata de una fuerza republicana y, en consecuencia, antimonárquica, resulta como mínimo extravagante. 

El mismo rey que en diciembre de 2017 leyó un discurso absolutamente centralista, ausente de la más mínima empatía hacia el conjunto del pueblo catalán y alejado de cualquier invitación al diálogo, nos ha salido dos años después conciliador y moderado, como si aquellas desafortunadas e incendiarias palabras tras el referéndum del 1-O las hubiera pronunciado un paracaidista caído en La Zarzuela para la ocasión.

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La televisión de cócteles privados que algunos quieren

Santiago Negrín y Fernando Clavijo

Las claves me las reafirmó un día de junio de 2018 Fernando Clavijo, por entonces presidente de Canarias. Lo telefoneé para invitarlo a la cena de aniversario de Canarias Ahora, que por aquellas fechas cumplía 18 años. Clavijo me preguntó si yo estaba loco, que cómo me pretendía que él estuviera en una cena oficial de un medio de comunicación como el que yo dirijo, que qué iban a pensar sus “medios amigos”.

Aquella respuesta complementaba la que, en una conversación anterior a solas en Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, habíamos mantenido ambos a petición mía en 2016 para preguntarle por la persecución que su viceconsejero de Comunicación había iniciado contra mi periódico. Le recriminé que la inversión publicitaria hubiera desaparecido para Canarias Ahora mientras se incrementaba notablemente la de sus “medios amigos”. La respuesta retrató al personaje: “Ya tú has mamado bastante, ahora les toca mamar a ellos, que para eso me apoyaron para llegar aquí”.

Fernando Clavijo prometió a sus “medios amigos” un paraíso terrenal si conseguía auparse a la presidencia del Gobierno de Canarias. Para ello era necesario que le apoyaran en esa especie de primarias internas que organizó Coalición Canaria antes de las elecciones de 2015 para decidir entre él y su antecesor, Paulino Rivero. Los “medios amigos” se volcaron y contribuyeron sin duda -con la ayuda de algunos dineros con destino a ultramar, es bueno recordarlo- a que CC se inclinara por el entonces alcalde de La Laguna.

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Los últimos renglones torcidos del juez Rafael Lis

Rafael Lis / Foto: Facebook.

La justicia ha tardado nueve años en abrirse paso e instalarse en el sumario abierto en 2010 contra el que fuera denunciante del caso Unión y azote de la corrupción en la isla de Lanzarote, el socialista Carlos Espino. Se trataba de hacerlo pasar por las mismas calamidades que él hizo pasar a un buen ramillete de corruptos y corruptas que campaban a sus anchas en las instituciones lanzaroteñas desde que alguien corrió la voz de que había impunidad. Espino colaboró con la Guardia Civil y con la Justicia para esclarecer hechos verdaderamente escandalosos que empiezan ahora a confirmarse en sentencias judiciales (algunas ya firmes), y lo que recibió a cambio de buena parte de la sociedad y de los poderes políticos de la isla —incluida una facción de su propio partido, el PSOE- fue el rechazo, cuando no el desprecio, y como en este caso de la querella contra él, la persecución.

Pero para que la justicia se haya podido abrir camino y Espino haya podido quedar libre de las imputaciones que pretendieron endilgarle, ha hecho falta que desapareciera de la Administración de Justicia por la vía de la jubilación forzosa el juez Rafael Lis Estévez, un caso a estudiar de servidor público que decidió transitar los últimos años de su vida laboral en el sentido inverso que cubren las personas que quieren acabar en paz con la sociedad y consigo mismo para poder gozar de un último párrafo encomiable en su biografía.

Rafael Lis regresó a su carrera como juez tras varias décadas en el ejercicio libre de la abogacía, donde defendió todo lo que consideró defendible y enriquecedor para su bufete. Y regresó a la Judicatura para adoptar algunas actitudes y muchas decisiones que lo acercaban más a los malos que a los buenos.

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Morir en prisión sin devolver lo malversado

Ignacio González en el juicio de Las Teresitas.

Salvando las consideraciones humanas que conducen a lamentar la muerte de cualquier persona, el fallecimiento en la prisión Tenerife II del empresario Ignacio González, de 83 años, merece algunas aclaraciones.

1.- Los dos presos más viejos y más ricos. Ignacio González compartía prisión con los demás condenados por el caso de La Teresitas, entre ellos su socio Antonio Plasencia, los dos presos más viejos de Tenerife II, pero a su vez los más ricos. Ambos (y sus familiares) optaron desde el principio por que ambos empresarios, ejecutores principales del “pelotazo de libro” ejecutado en el frente marítimo de esta playa cumplieran sus cinco años prisión antes de ver aliviadas sus condiciones penales mediante el pago de la cantidad a la que fueron condenados por sentencia firme del Supremo. La condena no solo era de privación de libertad, sino de restitución de las cantidades malversadas mediante la responsabilidad civil. Solo Antonio Plasencia ha pagado una pequeña parte señalando algunos de sus bienes.

2.- No han devuelto lo malversado. La condena del caso Las Teresitas obligaba a ambos empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia, a responder de forma solidaria del pago de lo malversado, 52 millones de euros de principal (lo que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife les pagó por el frente de playa de Las Teresitas para que no lo urbanizaran) más otros 47 millones de intereses devengados desde que se inició el largo proceso penal. El convenio por el que el mismo Ayuntamiento, entonces en manos de Coalición Canaria, bajo la alcaldía de Miguel Zerolo (también en prisión), les otorgó derechos urbanísticos en Valle de Huertas supuso unas plusvalías de 90 millones de euros cuando las fincas fueron vendidas a una filial del grupo Mapfre. Por lo tanto, Plasencia y González se embolsaron 142 millones de euros de los que solo tienen que devolver 99.

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Tocata y fuga de ATI

Fernando Clavijo (a la derecha) y el exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz

Los abogados de Fernando Clavijo y de José Alberto Díaz personados en el caso Grúas se desgañitaban la semana pasada ante la jueza Celia Blanco para que suspendiera las declaraciones de los testigos más peligrosos para la integridad procesal del expresidente canario. Querían (y quieren) que la causa deje de instruirse en los juzgados de La Laguna en lo que el Tribunal Supremo se manifiesta acerca de la exposición razonada que la jueza elevó hace semanas atendiendo a la condición de aforado que adquirió Clavijo gracias a la generosidad y las artimañas de su grupo parlamentario.

Con esa actitud, los abogados del expresidente y del exalcalde de La Laguna insisten en destrozar sus propios argumentos, según los cuales entre los investigados no existe ningún tipo de temor a una investigación, se realice donde se realice, dada la prístina inocencia de sus patrocinados y la ejemplaridad y limpieza del expediente administrativo del servicio de grúas en esa ciudad tinerfeña.

Pero ha resultado que todos los testigos que depusieron la semana pasada han destrozado las versiones de los investigados y han dejado abierta la posibilidad de que la jueza complemente su exposición razonada al Supremo con el delito de tráfico de influencias, que llamativamente dejó fuera, pero que, a la vista de lo escuchado en su sala de vistas, toma cuerpo de manera evidente.

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