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Palabra de Alba

El periodista Francisco Pomares y el juez Salvador Alba, este lunes en el programa 'El foco'.

Además de ser el presunto  autor de cinco lindos delitos que le conducirán en breve al banquillo, del magistrado Salvador Alba Mesa también se puede decir que es un embustero redomado. De la escuela de su mentor y compañero de confidencias en Salinetas José Manuel Soria.

Después de más de dos años de instrucción, que acaba de concluir con la apertura de juicio oral, el magistrado cordobés ha decidido que ha llegado el momento de soltar la lengua a paseo y lanzar al mundo insinuaciones muy graves sobre el comportamiento de algunos de sus compañeros de la magistratura. Y no precisamente de Victoria Rosell, sobre la que ya se ocupó en su momento de verter todo tipo de acusaciones que alimentaron la querella de José Manuel Soria, finalmente archivada por tratarse de imputaciones falsas.

Han sido dos años en los que Alba ha perdido la oportunidad de denunciar las irregularidades que ahora proclama contra, por ejemplo, dos sus dos compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En concreto, la noche de este lunes señaló en el programa El Foco, de Televisión Canaria, a Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y a Carlos Vielba, uno de los magistrados que le acompañó en el tribunal del caso Faycán. A ninguno de los dos ha denunciado jamás, como tampoco ha hecho con las “autoridades judiciales” de alto nivel que fueron mencionadas en su conversación con Miguel Ángel Ramírez y a las que ahora parece lanzar sus indisimulados recaditos.

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Negrín, nuestro Cifuentes

Santiago Negrín y Cristina Cifuentes

Cristina Cifuentes sabía que era impepinable su caída desde el momento en el que se descubrió que habían falsificado su expediente académico para otorgarle un gracioso master en financiación autonómica. Se mantenía a duras penas mientras duró su pulso con el Partido Popular y éste la respaldaba con vítores para que mantuviera a raya a Ciudadanos, ese invento maléfico de la derecha salvaje que los populares no saben ahora cómo gestionar.

El empeño de la expresidenta de Madrid alcanzó cotas esperpénticas y fue un revés inesperado (la difusión de un viejo vídeo grabado tras un hurto en un supermercado) lo que precipitó lo inevitable.

A Santiago Negrín, presidente de Radio Televisión Canaria, le está sucediendo algo parecido a lo de Cifuentes. Primero empezó creyéndose que era intocable, que desde su privilegiada posición de jefe máximo del aparato propagandístico del Gobierno de Fernando Clavijo, fuertemente respaldado por los medios de comunicación afines al régimen, nada le iba a impedir hacer lo que le diera la gana. Buscó asesores jurídicos que dieran apariencia de legalidad y adaptaran a las circunstancias y a las instrucciones de la superioridad un concurso de 144 millones de euros que no quería someter a ninguna otra consideración que no fuera la suya propia; se enfrentó a los grupos de oposición en el Parlamento de Canarias (a todos) con mentiras y con una chulería intolerable, a pesar de ser esa instancia política, en la que está representada la ciudadanía, la que le colocó en ese puesto y la que ejerce -con poca fortuna, todo hay que decirlo- el control político de los dos medios de comunicación públicos archipielágicos.

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Soria y Alba, como si no se conocieran

Salvador Alba y su hermano Francisco, en una mesa de La Gabarra, a pocos metros de la que ocupaba Soria con su hermana y su cuñado.

Antes era el lugar en el que ambos fueron vistos en más de una ocasión departiendo amistosamente. Ahora casi da la impresión de que se esquivan. José Manuel Soria ya no es ministro de Industria, Energía y Turismo, sino un consultor internacional que se gana la vida explotando los contactos que atesoró durante sus más de veinte años en la política pública. Salvador Alba Mesa es un magistrado bajo sospecha que quedará automáticamente suspendido como juez en cuanto una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias decrete apertura de juicio oral  por la presunta comisión de cuatro delitos graves cometidos en el ejercicio de su función jurisdiccional (cohecho, falsedad, prevaricación judicial y revelación de secretos).

Ambos, el empresario y el juez en capilla, coincidieron la noche de este lunes en la misma terraza, La Gabarra, un lugar céntrico, casi inevitable de la playa de Salinetas, en el municipio grancanario de Telde. Esa misma mañana el TSJC había comunicado al juez que su última bala para esquivar el banquillo de los acusados la había gastado sin éxito: se inadmitía su recurso contra el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, la antesala al juicio oral, cuya fecha se señalará en cuanto se constituya un tribunal formado por tres magistrados o magistradas. Por eso quizás se le notaba decaído y taciturno en su larga charla con su hermano Francisco Alba, cirujano en Hospiten Roca, en la urbanización turística de San Agustín (San Bartolomé de Tirajana), y muy activo en las redes sociales tanto en aspectos muy técnicos propios de su profesión, como a favor de las tesis más conservadoras del Partido Popular cuando de hablar de política se trata.

 La mesa de Soria, al fondo, fotografiada desde la distancia en la que se encontraba la de Alba este lunes por la noche.

La mesa de Soria, al fondo, fotografiada desde la distancia en la que se encontraba la de Alba este lunes por la noche.

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¿Valió la pena, Negrín?

Santiago Negrín.

El escándalo llega a su fin. Que la oferta de Videoreport Canarias, la productora que ha batallado por tierra, mar y aire contra el concurso de informativos de la Televisión Canaria haya resultado la ganadora no desinfla lo más mínimo el tamaño del engendro ni la cantidad indecente de irregularidades que lo han adornado. Ni por supuesto ese triunfo de la productora demandante debe dejar borradas de un plumazo todas las arbitrariedades que la ciudadanía ha presenciado en el entorno del presidente de Radio Televisión Canaria y de quienes le han acompañado en esta absurda aventura. Si siempre he sostenido que este concurso estuvo mal planteado desde el principio, como coinciden algunos informes jurídicos y apuntan de manera más que amenazante algunos jueces, su resolución no lava en absoluto esas irregularidades. Ni las responsabilidades personales asumidas por Santiago Negrín y su lugarteniente, Daida Rodríguez, así como por el Gobierno de Fernando Clavijo, que ha actuado de modo irresponsable desde el principio.

La inesperada descalificación de una de las productoras concursantes, Nuntium TV, participada por Editorial Prensa Canaria y el Grupo Prisa, redujo la competencia a dos únicas ofertas, y entre Liquidmedia y Videoreport, fue la valoración objetiva, la que se obtiene de la aplicación de una fórmula matemática, la que decantó el triunfo a favor de esta última. Nadie se esperaba que, después de declararse desierto el primer intento de concurso, alguna de las concursantes volviera a cometer un error similar al que derivó en aquella decisión. Pero ocurrió y nadie pudo evitar expulsar Nuntium de esta licitación.

Videoreport Canarias, la actual adjudicataria, está fuertemente participada por Inforcasa, la empresa editora de Canarias7. Desde que se detectaron las primeras arbitrariedades puso el asunto en manos de los tribunales. Primero, del Tribunal Administrativo de Concursos Públicos, dependiente de la Consejería de Hacienda, que cinco meses después sigue sin decir esta boca es mía, y eso a pesar de una resolución judicial que se lo requería. El empeño de Clavijo y de Rosa Dávila por sacudirse las responsabilidades de encima les llevó a ordenar que no hubiera pronunciamiento de ese órgano -cuyo presidente ha quedado retratado- y a pregonar que debía ser el Parlamento el que se pronunciara.

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Cuidado, Patricia, con los “poderosos enemigos”

Sobre Patricia Hernández, diputada rasa del Partido Socialista Canario-PSOE desde que Ángel Víctor Torres descubrió que hay vida más allá de Arucas, van a caer las mismas maldiciones que cayeron sobre sus compañeros Juan Fernando López Aguilar y Carlos Espino. Meterse con una determinada clase de empresarios y con algunos poderes salvajes muy extendidos en esta región sale muy caro, incluso por encima de consideraciones tan románticas como que seas la persona más votada en unas elecciones autonómicas. Eso le pasó a ella en 2015 y eso mismo le pasó a López Aguilar en las elecciones de 2007, cuando levantó la bandera de las componendas generalizadas que había entre poderes empresariales y poderes políticos y sacó la friolera de 26 diputados al Parlamento regional. No lo dejaron ni disfrutar del momento porque los mismos empresarios que le escucharon decir en sus barbas que Canarias era uno de los sitios de Europa más afectados por la corrupción hicieron lo indecible porque José Manuel Soria y Paulino Rivero aparcaran sus profundas diferencias para blindar un gobierno incluso antes de que los canarios nos acercáramos a las urnas a decidir qué era lo que queríamos.

Patricia Hernández se propuso algo parecido a su compañero Juan Fernando López Aguilar, pero a diferencia de este, no anunció lo que iba a hacer si llegaba al Gobierno. Y lo que hizo, entre aciertos y desaciertos, fue poner al frente de la Consejería de Sanidad a un médico que sabía lo que pasaba dentro de ese servicio público, particularmente con los conciertos sanitarios, que se otorgaban cada año graciosamente a las cada vez más boyantes clínicas privadas de la región absolutamente al margen de la legalidad vigente. O por decirlo de un modo más cabrón y preciso, con la legalidad franquista. Los agentes implicados en la cuestión estaban encantados con aquel vetusto método porque no tenían que presentarse a ningún concurso ni molestarse lo más mínimo por si sus clínicas y hospitales cumplían con las exigencias de homologación mínimas. Lo único que hacían era gastarse unos cuartos en la prensa regional llegado el último trimestre de cada año y soltar la suerte de que la Sanidad pública iba de mal en peor con unas listas de espera astronómicas que requerían de la privada para poderlas aligerar.

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Lo que Cifuentes debió haber aprendido de Soria

Cristina Cifuentes y José Manuel Soria.(EFE)

A los pocos días de que eldiario.es iniciara la publicación del caso Cifuentes y empezara a tomar cuerpo lo que terminó siendo un master regalado, muchos dimos por hecho que la presidenta de la Comunidad de Madrid iba a dimitir de inmediato. Aplicamos la doctrina Soria, ya saben, la instituida cuando el exministro de Industria del Gobierno Rajoy se vio forzado a dimitir después de cuatro frenéticos días en los que quedó retratado como un mentiroso compulsivo.

José Manuel Soria actuó al final con inteligencia y con anticipación. Al contrario de lo que dicen sus hagiógrafos, no cayó víctima de un error o de una mala estrategia de comunicación derivada de la maraña de mentiras en la que se enredó. En realidad dimitió para que no lo siguieran investigando los más destacados medios de comunicación del país y, extraoficialmente, los servicios de inteligencia a las órdenes de Soraya Sáez de Santamaría, como también se divulgó entonces.

Soria se desenvolvía en su salsa convocando a la prensa cada día y colocándole en cada comparecencia una nueva mentira o una corrección forzada sobre la mentira anterior. Hasta que se percató de que las investigaciones de los medios informativos dieron con información sensible sobre empresas en paraísos fiscales cuya vigencia se acercaba peligrosamente a su ejercicio ministerial y amenazaban con llegar todavía más lejos, o por ser más precisos, más cerca. Fue entonces cuando miró a La Moncloa y a Génova y comprendió que su carrera política estaba acabada. Se lo explicó con toda crudeza María Dolores de Cospedal en una acalorada discusión que muchas personas pudieron presenciar en los pasillos del Congreso de los Diputados.

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25 años de corrupción canaria (CC)

Fernando Clavijo y José Alberto Díaz

Empecemos por los principios: Coalición Canaria no es un partido nacionalista, por mucho que sus dirigentes lo proclamen, abracen inopinadamente la bandera independentista de las siete estrellas verdes o se pongan flamencos ante el Gobierno de España cuando no afloja la pasta. Tampoco ha podido convencer a nadie de que sea una fuerza progresista, como se recoge en sus principios. Ni mucho menos tiene como objetivo “la consolidación por vías democráticas de la Nación Canaria”, ni “el reconocimiento y defensa de su identidad como pueblo soberano integrado en una concepción plurinacional del Estado”. Cuentos chinos. Coalición Canaria es un partido de poder, exclusivamente de poder, nacido justo en el momento en el que once formaciones políticas del más variado pelaje, once, sumaban 31 diputados en el Parlamento de Canarias.

Hace 25 años ahora que confluyeron alrededor de aquella iniciativa del irrepetible José Carlos Mauricio, eterno secretario general del Partido Comunista de Canarias, transformado en nacionalista canario tras convencerse a sí mismo de que le iba a resultar imposible gobernar instituciones sin contar con el régimen franquista. O por ser más precisos, con los franquistas que se quedaron colgados cuando UCD se disolvió. En 1993 Mauricio consiguió poner de acuerdo a personajes tan poco recomendables como Dimas Martín (actualmente en prisión por corrupto) con lo más genuino del régimen, como Manuel Hermoso, director provincial de Obras Públicas con Franco, o Luis Mardones, gobernador civil de botas de caña y correaje, cuyos cargos franquistas no constan en la web del Congreso, donde fue diputado nacionalista, progresista y soberanista canario. Manda trillos. Junto a ellos se abrazaron fascinados al invento de Mauricio algunos de sus más estalinistas seguidores, como la actual viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, los asamblearios de Fuerteventura, insularistas recalcitrantes, racistas y xenófobos que pidieron blindarnos contra los cayucos, o los bienaventurados cristianos de base, luego audaces manipuladores que ahora ocupan puestos en la penumbra que parece que no mojan pero empapan, verbigracia la oficina de colocación del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Desde el principio se le notaron los modales, aquellos que impuso el ya desaparecido cabo Paredes, encargado de las actividades molestas o insalubres, como traerse por la fuerza desde el hotel Mindanao de Madrid al Parlamento de Teobaldo Power a los dos diputados del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) que se resistían a apoyar una moción de censura del vicepresidente del Gobierno, Manuel Hermoso (Agrupación Tinerfeña de Independientes, la incombustible ATI), al presidente del Gobierno, Jerónimo Saavedra (PSOE). Aquella fue la primera traición protagonizada por lo que desde entonces (1993) pasó a llamarse Coalición Canaria. La última, muy reciente, cuando Fernando Clavijo echó al PSOE del Gobierno por pretender acabar con prácticas corruptas de algunas secciones, como los conciertos sanitarios con las clínicas privadas (que van a traer cola) o el pago de un plus ilegal y bajo cuerda a los catedráticos pata negra adscritos al HUC, que cobran a través del Cabildo con fondos del Servicio Canario de la Salud.

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Lunes negro para Coalición Canaria

Santiago Negrín.

Alguien debería revisar los conductos del aire acondicionado que llegan al despacho de Santiago Negrín en la sede tinerfeña de Radio Televisión Canaria en Santa Cruz de Tenerife. Algún ser extraño parece haberse colado en ellos y, al ser respirado por quienes más frecuentan esa dependencia, provoca una especie de chifladura majadera que impide ver con raciocinio lo que está pasando. Debe ser el mismo bichito que anida en los conductos del aire acondicionado de la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, incapaz de reconocer la evidencia a pesar de que le esté aplastando con su inmenso tonelaje.

Santiago Negrín se mueve desde hace tiempo en el filo de la navaja en la errónea creencia de que le basta con tener informes jurídicos favorables a su comportamiento para blindarse ante posibles acciones penales. Por eso  esconde la última acta del consejo rector de RTVC como un chiquillo esconde el balón de reglamento para que nadie le pueda meter un gol a su equipo. Alguien le debe haber hecho creer que las advertencias de la secretaria de ese consejo sobre la ilegalidad de sus comportamientos solo tendrán efectividad cuando el acta de la reunión en la que las proclamó esté aprobado por los presentes. Y que, mientras tanto, solo tienen vigor los informes que le han elaborado a la medida sus juristas de cabecera en pay per view.

Todos ellos, juristas y cuadro directivo de RTVC, se tropezaron este lunes con un inesperado auto de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo que no solo ha paralizado cautelarmente el concurso de informativos de 144 millones de euros, sino que además ya ha lanzado un aviso de por dónde puede venir la sentencia cuando el mismo juzgador entre en el fondo del recurso presentado contra ese famoso concurso: la nulidad de pleno derecho.

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La semana en la que una mujer fue presidenta de Canarias

Fernando Clavijo promocionaba en Londres a Canarias como plataforma de negocios hacia África, al tiempo que el director de Casa África acompañada al vicepresidente a una expedición de negocios a Cabo Verde.

Hay semanas en las que se dan hechos infrecuentes. Como, por ejemplo, que durante unos pocos días sea una mujer la que esté al frente del Gobierno de Canarias, aunque solo de manera accidental. Lo estuvo esta pasada semana la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en sustitución del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, al que no pudo reemplazar su sustituto natural, el vicepresidente, Pablo Rodríguez. El primero se fue a Londres a insistir en las bondades singapureñas que otorgan las ventajas fiscales de las Islas Canarias; el segundo encabezó un viaje a Cabo Verde que más parecía una expedición de la Cámara de Comercio de Gran Canaria que un viaje institucional con alta autoridad al frente.

Rosa Dávila podría ser perfectamente una de las personas que aparezca en la lista de posibles sustitutos a Fernando Clavijo en la carrera electoral de 2019 una vez Coalición Canaria se convenza de que el actual presidente puede convertirse, en cuestión de semanas, en una pesada carga difícil de sobrellevar si, como es de prever, resulta investigado por el caso Grúas.

El caso es que Clavijo se marchó a Londres en compañía de su consejero de Economía, Pedro Ortega, y del director general de Relaciones con África, Martín-Carbajal, porque uno de los objetivos del viaje, amparado por la Embajada española en el Reino Unido, era el de promover las excelencias del Archipiélago como plataforma comercial y logística hacia África. Sin embargo, al viaje no acudió el director de Casa África, Luis Padrón, que acompañaba esos mismos días al vicepresidente Rodríguez a su visita eminentemente comercial a Cabo Verde.

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El final de esta Televisión Canaria

Plató de informativos de la Televisión Canaria

El concurso “cumple con todas las garantías jurídicas”; está “totalmente ajustado a Derecho”, y de él “no se oculta nada”; “dejemos trabajar a la mesa de contratación”. Esas soflamas se pronunciaron hace ahora apenas un mes, ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria en el Parlamento regional, y su autor fue el todavía presidente de su consejo rector, Santiago Negrín. Ha sido hasta el momento la última comparecencia pública del máximo responsable de la debacle que se cierne sobre los dos medios de comunicación públicos de Canarias porque desde entonces nada se sabe de él mientras el prestigio te la tele y su credibilidad se hunden hasta registros que parecían imposibles y la audiencia la abandona de manera alarmante.

Treinta días después de aquella comparecencia triunfal, esa mesa de contratación para la que pidió libertad de movimientos le ha plantado a Negrín en todo el rostro una papeleta de desplante frente a la que 48 horas después todavía ha sido incapaz de reaccionar. O al menos de hacerlo como establecen las normas de un diligente responsable público que ha de velar por los presupuestos que maneja y que ve cómo un concurso millonario (144 millones de euros) salta por los aires a manos de la misma mesa de contratación a la que dice haber entregado un concurso limpio, transparente y perfectamente legal.

No opina lo mismo esa mesa de contratación, cuyos miembros, alertados por la secretaria del consejo rector del ente, única persona con conocimientos jurídicos y experiencia en contratación pública, han decidido pedir la paralización del concurso de informativos para la Televisión Canaria antes de que el asunto llegue a reventarles a ellos en la cara. Han preferido trasladar esa experiencia a Negrín, lo que debe haberle provocado tal descomposición que ha decidido esconderse a pesar de los constantes requerimientos de información que la prensa le hizo este jueves a raíz de las informaciones que se publicaban.

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