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La peor cara de Coalición Canaria

Acto del homenaje al escritor José Saramago en Lanzarote.

El triunfo electoral de Fernando Clavijo en 2015, cuando obtuvo los 18 diputados con los que ahora gobierna Canarias en solitario, le sentó a amarga victoria cuando comprobó que le iba a ser imposible gobernar con el Partido Popular, con cuya ideología se siente muy identificado, tanto él como gran parte de la dirigencia de Coalición Canaria. Se vio entonces obligado por las circunstancias a pactar con el PSOE, con el que pronto hizo estallar desavenencias hasta conducirlas a una agria ruptura en diciembre de 2016, con lo que la relación de conveniencia duró tan solo año y medio.

Es bueno recordar que aquella ruptura vino precedida de unos sonados desencuentros (al menos los que trascendieron) que alcanzaron su punto álgido cuando al presidente Clavijo no se le ocurrió mejor cosa que reducir drásticamente los presupuestos a la sanidad pública, en manos del socialista Jesús Morera, e investirse él personalmente en gerente de todos los hospitales de las islas. La idea era generar un caos controlado que permitiera expulsar a los socialistas acusándolos de malos gestores en un asunto tan delicado y, a su vez, permitir que su sucesor, a la sazón vicepresidente de las clínicas privadas de España, tuviera margen para revertir la situación de las listas de espera y el hundimiento de la calidad de los servicios sanitarios públicos. Veinte meses después, sigue sin conseguirlo.

La ideología ha vencido una vez más al sector progresista de Coalición Canaria, o por ser más precisos, al núcleo que perdió las primarias del partido cuando Clavijo y Ana Oramas se alzaron contra los partidarios de Paulino Rivero. En aquella guerra fratricida, una de las críticas más duras con las que arremetieron contra el expresidente fue la de la confrontación con el Gobierno de Madrid, unas hostilidades que Rivero abrió a partir de una sucesión infame de desplantes liderados por José Manuel Soria, irritado a partir del momento en que supo que por primera vez en el siglo los nacionalistas iban a dejar al PP en la estacada para pactar con el PSOE, entonces en manos de José Miguel Pérez.

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La misma televisión de Coalición Canaria

El expresidente del Consejo Rector de RTVC, Santiago Negrín.

A veces resulta muy complicado recordar qué hubo en Canarias antes de Coalición Canaria. La memoria se pierde en una especie de agujero negro donde aparecen revueltos los mismos líderes nacionalistas militando en otros partidos políticos y sus adversarios, atolondrados víctimas de sus manejos, sin saber a qué atenerse. Cuando se vuelve a hacer la luz, los mismos adversarios siguen desnortados mientras los de Coalición Canaria aparecen de nuevo en la poltrona mirando con desdén a quienes les preguntan qué extraño fenómeno ha operado para que todo se haya vuelto del revés menos sus altaneros rostros.

Todos son inocentes en Coalición Canaria menos los que estaban antes, es decir, menos los de Coalición Canaria que han sido sustituidos por Coalición Canaria. No es que parezca un bucle infernal, es que realmente lo es.

En una nueva demostración de que la desfachatez es cualidad imprescindible en el partido que gobierna este Archipiélago desde principios de los noventa, este martes hemos oído a dos de sus portavoces hacer acto de contrición por la gestión de Radio Televisión Canaria entre los años 2011 a 2013. Y se preguntarán ustedes por qué solamente en esos tres años concretos y no en toda la historia del ente público. Pues sencillamente porque fue ese periodo, nada más y nada menos que ese periodo, el que fue analizado en un informe de la Audiencia de Cuentas que se presentó este martes ante el Parlamento regional.

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Jurisprudencia Alba

El juez Salvador Alba (C) y los magistrados Carlos Vielba y Oscarina Naranjo en el juicio por el caso Faycán.

El Partido Popular, con la impagable (o no) ayuda de la formación local AFV-Ciuca, saqueó las arcas del Ayuntamiento de Telde durante los años 2003 a 2007. Dirigentes populares montaron una trama corrupta para cobrar comisiones ilegales a empresas y empresarios a cambio de favorecerles, bien adjudicándoles concursos públicos con argucias propias de trileros, o bien colocando sus facturas en la parte alta del montón para que cobraran antes que los demás proveedores municipales. Esos son los hechos probados, aunque el fallo de la sentencia del caso Faycán venga a decir, poco más o menos, que lo que allí ocurrió fue que tres o cuatro desalmados se aprovecharon de la noble candidez del PP para robar a mansalva, comprar coches, televisiones de plasma, cabañas de madera o pañuelos de seda. Unos cuantos millones de euros volatilizados al más puro estilo de los corruptos más bananeros que puedan conocerse.

Los más fervientes seguidores de la teoría de la conspiración, aquellos que siempre sostuvieron que la operación Faycán fue en realidad un montaje del PSOE para mortificar al PP de José Manuel Soria, se creen de enhorabuena, más que nada porque ninguno de los dos alcaldes implicados ha resultado premiado en la ruleta de la fortuna en la que se convirtió el juicio, presidido, como saben, por esa joya de la Justicia que se llama Salvador Alba Mesa.

Lo cierto es que los hechos que se dan por probados en la sentencia confirman de parte a parte la existencia de la trama corrupta y el saqueo que sufrieron las carcas municipales de manos de esta pandilla de sinvergüenzas, unos por acción y otros por omisión. Que el tribunal, con Alba a la cabeza, haya decidido absolver a los acusados que no reconocieron los hechos y no se conformaron con las penas propuestas por la Fiscalía Anticorrupción, solo significa que no se ha logrado probar que cometieron delitos. Pero que estaban allí, en aquel Ayuntamiento, mientras se robaba a manos llenas, no les libra en absoluto de la responsabilidad de, como mínimo, haber mirado para otro lado.

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Los peores días del periódico ‘El Día’

Imagen de archivo de José Rodríguez Ramírez, exdirector de 'El Día'.

El caballo de Troya se llama Ibrahim Inversiones y, según las informaciones oficiosas que circulan de modo frenético en los círculos donde estos temas interesan, ha colocado a Editorial Leoncio Rodríguez en una posición muy delicada que amenaza incluso su viabilidad económica. La empresa editora del periódico tinerfeño El Día se enfrentará los primeros días de septiembre a una huelga de los trabajadores por retraso en el pago de las nóminas mientras se dilucidan en los juzgados diversos pleitos (uno de carácter penal, incluso) por la negativa de la actual propietaria, Mercedes Rodríguez, a inscribir al nuevo accionista, Ibrahim Inversores, en el libro de socios.

De momento solo se sabe por fuentes oficiosas que Ibrahim Inversiones compró las acciones que en Leoncio Rodríguez tenía José Esteban Rodríguez, hermano de la actual editora del diario. Se trataría de un paquete de en torno al 30% que ha dado acceso a esos inversores a las cuentas de la sociedad, y por lo tanto a las ayudas públicas que ha venido recibiendo todos estos años de fervor por ATI. La estampida no se hizo esperar y los grifos han empezado a cerrarse, incluso entre los empresarios-anunciantes del régimen, temerosos de que el terremoto les pueda alcanzar. No se sabe con certeza quién está detrás de Ibrahim y nadie quiere cargar con las posibles consecuencias. Pero la crisis está servida y los primeros síntomas son alarmantes.

El periódico de Leoncio Rodríguez, que se convirtiera en 1939 en órgano de expresión franquista, y luego de su sobrino José Rodríguez Ramírez (don Pepito, mientras vivió), transformado en engendro insularista, a mayor gloria de la marca tinerfeña de Coalición Canaria, navega ahora sin rumbo cierto en medio de la crisis que azota a los periódicos impresos, con una dramática caída de la facturación publicitaria, una sangría de lectores que no consigue recuperar en su versión web y la pérdida casi absoluta de la influencia que llegó a disfrutar en los tiempos más gloriosos, cuando don Pepito acuñó aquella frase de que “si no sale en El Día, no es noticia”.

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Lo que tiene que explicar Clavijo (aunque no lo imputen)

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (i), felicita al presidente, Fernando Clavijo, ante la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, tras haber ser elegido por mayoría candidato a la Presidencia del Gobierno

Lo primero debería ser calmar a los exacerbados coristas de Fernando Clavijo, quejosos de que el fiscal personado en el caso Grúas haya cambiado de criterio. El representante del Ministerio Público, efectivamente, ha pasado de negar cualquier atisbo de delito en el asunto ­-para lo cual hizo piña al principio de la instrucción con la jueza que la lleva- a apoyar cualquier intento de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias dada la condición de aforado del presidente del Gobierno de Canarias.

¿Por qué ha cambiado de opinión el fiscal? Muy sencillo. Porque después del sonoro varapalo que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife propinó a la primera fase de la instrucción, tanto la jueza como el fiscal se han tenido que remangar y practicar las pruebas básicas que se negaron a atender cuando se las pedían las partes acusatorias (los denunciantes). Fruto de esas diligencias no solo ha sido la incorporación de nuevos documentos, sino también el testimonio de testigos tan decisivos como el interventor, los funcionarios que intervinieron el servicio municipal de grúas o los doctos catedráticos a los que acudió Clavijo para que le dieran la razón en las operaciones que pretendía ejecutar. Y fruto también de esas diligencias practicadas en esta segunda fase de la instrucción figuran en la causa como investigados el actual alcalde, José Alberto Díaz, y el portavoz municipal de Coalición Canaria, Antonio Pérez-Godiño.

El testimonio de José Alberto Díaz, imputado en la causa, pudo haber sido decisivo cuando declaró que no entendía cómo podía estar imputado si él no firmó ningún decreto. Cierto es, lo que automáticamente nos llevaría a mirar para quien sí los firmó, para quien levantó los reparos de legalidad impuestos por el interventor general del Ayuntamiento contra la decisión del alcalde Clavijo de otorgar a la empresa privada que se ocupaba del servicio de grúas un préstamo de dinero público para salvarla.

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