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Soria asoma el hocico; Clavijo, la nariz

José Manuel Soria, en primera línea en el acto electoral del PP con Mariano Rajoy en la Plaza del Pilar Nuevo de Las Palmas de Gran Canaria.

Estaba José Manuel Soria tan tranquilo creyendo que su apuesta por Pablo Casado iba a tener el largo recorrido que necesita para planificar sin prisas su regreso al Partido Popular, cuando se produjo el peor batacazo electoral de la historia de la formación que fundó Fraga Iribarne. El ministro panameño había echado el resto contra Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso del PP que estrenaba primarias. Y no solo hizo que lo eligieran compromisario por Las Palmas; no solo organizó aquel famoso almuerzo de entronización de Casado por parte de los exministros del G8, sino que también se ocupó de detenerse, mesa por mesa, en cada una de las que ocupaban los compromisarios canarios en la cena anterior a la votación definitiva, para dedicarle a la vicepresidenta de Rajoy los más deleznables epítetos, incluyendo los que mentan a la señora madre del mentado o mentada.

Ungido Casado, Soria regresó al cuidado de los negocios que fue cultivando durante su larga etapa como político en activo (1995-2016), que ahora canaliza a través de su propia empresa, Sorben Partners, dedicada a reclamar a los empresarios que tanto ganaron con sus descuidos y sus desvelos la correcta devolución de los servicios prestados.

El exministro solo interrumpió su retiro de la primera línea política para acudir a dos acontecimientos muy marcados: el primero, el cóctel de navidad del PP canario, donde se le pudo ver confundido entre el público municipal y espeso, sin reclamar ni focos ni privilegios, brindando y repartiendo parabienes. Y el segundo, cuando presentó el libro de José María Aznar (El futuro es hoy, -Península-) en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria ante la clamorosa ausencia de la cúpula orgánica e institucional del Partido Popular isleño.

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La televisión pública canaria como palanca de chantaje

El administrador único de Radio Televisión Canaria, José Carlos Naranjo.

El administrador único de Radio Televisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo Sintes, no ha aprendido la lección de sus antecesores. Uno de ellos, Willy García, se enfrenta a un grave problema penal por presuntamente haber beneficiado a un productor en apuros inyectándole dinero a través de la contratación de programas televisivos de dudosa rentabilidad. Santiago Negrín, que tuvo que salir por la puerta de atrás en 2018, está tirando de todo el santoral para que su gestión de los concursos de informativos y de transporte de la señal no acaben en un juzgado de instrucción con él asumiendo responsabilidades penales de las que no le van a defender los que le dieron aquellas instrucciones tan nefastas.

Naranjo Sintes fue nombrado administrador único de RTVC con unas encomiendas muy concretas del Parlamento de Canarias por un periodo de seis meses que expiró hace ya cinco: evitar que la televisión y la radio públicas se quedaran sin señal y enderezar la deriva auténticamente delictiva que había tomado el ente público para sacar del negocio audiovisual al que Clavijo convirtió en su enemigo público número uno: el periódico Canarias7 y su empresa editora, Informaciones Canarias, S.A., accionista destacada de Videoreport Canarias, concesionaria de los servicios informativos y de la continuidad de la señal de la televisión hasta que Negrín se lo llevó todo por delante.

Naranjo Sintes logró inicialmente evitar la catástrofe haciendo algunas piruetas que traerán consecuencias muy costosas a la comunidad autónoma, como asumir como trabajadores públicos a los más de 200 empleados de Videoreport sin pasar el más mínimo filtro legal.

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La desquiciada campaña de Clavijo

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.

Solo la remota posibilidad de que Coalición Canaria pueda perder el poder después de casi 30 años ejerciéndolo de modo ininterrumpido en la Comunidad Autónoma podría explicar la desesperación que está influyendo en la campaña electoral del candidato Fernando Clavijo.

Está aceptado por todo el mundo que los aspirantes están en su derecho de hacer promesas de difícil cumplimiento que luego se diluyen gracias a la frágil memoria del electorado o con la excusa de que no se alcanza la mayoría suficiente para aplicarlas. Esta campaña no es una excepción, y ahí tenemos a las derechas empeñadas en hacernos creer a todos que es posible mantener el estado del bienestar y los derechos consolidados bajándole los impuestos a todo el mundo y llamando “clase media” a los que verdaderamente suelen ser los destinatarios de tan generosas medidas, las clases más favorecidas.

Rajoy anunció una colosal bajada de impuestos que luego acabó exactamente en todo lo contrario. Pelillos a la mar.

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Adiós a un hombre bueno

La primera vez que oí hablar de Germán Suárez no fue para bien. En no pocos ambientes de la isla de Gran Canaria se le consideraba un empresario del lado oscuro del abigarrado mundo económico insular, influyente gracias a su dinero y a los resortes políticos que manejaba. Le pasaba lo que le pasa a muchos hombres y mujeres de negocios, personas poco dadas a cultivar su propia imagen y, consecuentemente, a permitir que se consolide la que el imaginario colectivo logra que se fije en el vecindario.

Desde que hizo por que nos conociéramos, la cosa cambió radicalmente. Descubrí, efectivamente, a un empresario conservador, efectivamente influyente como pocos, celoso de sus negocios y de lo que siempre creyó que era lo mejor para su ecosistema económico vital, el Puerto de La Luz y Las Palmas. Pero también descubrí a un hombre de tierra adentro, de las medianías de Gran Canaria, ambicioso, hecho a sí mismo, que tenía por norma la nobleza y que se desenvolvía con una extraordinaria capacidad para las relaciones personales y la persuasión.

Con él mantuve desde entonces con una periodicidad un tanto anárquica que él mismo fijaba, muchas horas de conversaciones a solas. Unas veces en su despacho de Astican y otras en su finca de Portada Verde, donde me enseñó los secretos del aloe vera y las enormes propiedades que él se aplicaba cada mañana con una dosis de una cucharada dentro del zumo de naranja que le preparaba su mujer, Mari Luz Calvo.

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La izquierda barre en Canarias con un aviso de CC

Victoria Rosell y Meri Pita analizan los resultados del 28A

La llamada al voto progresista contra el auge de la extrema derecha ha dado sus frutos en Canarias. No solamente se ha producido la esperada victoria del PSOE en las dos provincias, sino que Podemos ha dado la sorpresa aguantando su posición de las elecciones de 2016 a pesar del fuerte retroceso sufrido a escala nacional y ha derrotado y humillado al que ganó en 2016, el PP, que pierde más de 160.000 votos en justa traslación de la debacle nacional que, sin embargo, no hará asumir responsabilidades a Pablo Casado.

Asier Antona, el presidente regional del PP, tendrá que afrontar las inminentes elecciones autonómicas con una grave crisis interna y otra de pérdida de respaldo electoral consecuencia directa de la quiebra nacional de las derechas y el abrupto viraje ultra que ejecutó Pablo Casado bajo la inspiración de José María Aznar, el derrotado intelectual de las elecciones del 28A.

La derrota del PP en Canarias tiene un regusto especial para Unidas Podemos. O más concretamente para su número uno por Las Palmas, la magistrada Victoria Rosell. Derrotar en su circunscripción electoral al partido que la expulsó con trampas de la vida política en 2016, y hacerlo manteniendo los dos diputados obtenidos entonces, es una expresión infrecuente de la justicia política. Es cierto que aquel partido lo dirigía entonces José Manuel Soria, ahora fuera de la política y de alguna manera derrotado junto a su apadrinado Casado; y que Asier Antona se desmarcó de inmediato de su antecesor en prácticamente todo. Pero que Rosell vuelva al puesto de diputada que se vio obligada a abandonar por una denuncia que se demostró falsa y que encima lo haga derrotando al partido de Soria tiene un valor indiscutible.

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César Manrique y la desfachatez de Coalición Canaria

César Manrique/ Imagen cedida especialmente por la Fundación César Manrique

Ninguno de los tres últimos consejeros de Cultura del Gobierno de Canarias, todos ellos de Lanzarote, ha visitado jamás de manera oficial la Fundación César Manrique, titular de la herencia ambientalista y tenedora de la obra y de todos los derechos del genial artista, de cuyo nacimiento se cumplen cien años este miércoles. Puede que haya sido por vergüenza o puede que por desprecio. En ambos casos el motivo es el mismo: Inés Rojas, Mariate Lorenzo e Isaac Castellano saben perfectamente que han formado parte de gobiernos que han actuado a espaldas de los principios que inspiraron la vida y la obra de César porque que hace tiempo que Coalición Canaria decidió que le resultaba más rentable proteger a los especuladores que a la biodiversidad de las Islas.

A Fernando Clavijo se le empezó a ver el plumero de su escasa conciencia ambientalista con la posición de tibieza que adoptó cuando su antecesor, Paulino Rivero, encabezó la respuesta institucional de Canarias a las prospecciones petrolíferas que impuso el funesto ministro de Turismo que sufrimos hasta hace pocos años, el tal José Manuel Soria. Solo cuando la presión política fue insoportable resolló a duras penas.

El actual presidente canario es un desarrollista confeso, y para la posteridad dejará uno de los atentados legislativos más brutales contra las Islas Canarias: la Ley del Suelo. Frente a la oposición manifestada por expertos en el territorio, por los movimientos ecologistas y por plataformas organizadas a tal fin, Clavijo sacó adelante una ley que contó sobre todo con las aportaciones de los asesores jurídicos de grandes empresas inversoras, eufóricas ante la promesa presidencial de que se acababa con las tramitaciones garantistas y con el control previo de legalidad , con el blindaje del suelo rústico y con la lógica proteccionista de una tierra que se vende al mundo como destino turístico de gran calidad natural y paisajística. El presidente y los depredadores a los que animó desde el Gobierno encendieron la mecha del regreso del ladrillo con la coartada de que la crisis económica y las altas tasas de desempleo del Archipiélago obligaban a desarbolar la moratoria y a abrir nuevas oportunidades camufladas como operaciones estratégicas o inversiones de futuro.

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Los tres errores de Clavijo

Fernando Clavijo saliendo de los juzgados de La Laguna tras declarar por el caso Grúas.

Dice el magistrado Manuel Marchena en un artículo publicado en Archiletras que “el imputado, encartado o involucrado –renunciando anticipadamente a matices dogmáticos– sería aquel a quien la Policía, otro ciudadano o el propio juez atribuyen la comisión de un hecho punible”. Y lo dice el muy mediático presidente de la Sala Segunda del Supremo y del tribunal del procés, para comentar los infructuosos intentos del legislador (mayormente del PP) por rebajar al grado de investigado lo que, hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, en cuya elaboración él mismo participó, era un imputado.

Marchena viene a decir que resulta un intento baldío hacer variar la percepción de la ciudadanía, y que lo mismo da imputado que investigado que empapelado.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, se encuentra en estos momentos imputado por la comisión de tres presuntos delitos cometidos durante su gestión al frente del Ayuntamiento de La Laguna. Lo estaba antes de entrar este Miércoles Santo a declarar ante la jueza y lo sigue estando a continuación, por mucho que desde el juzgado se intente aclarar algo obvio: que de momento no está procesado (no se ha abierto auto de procesamiento ni de procedimiento abreviado); ni está acusado, modalidad que se estrena cuando se decreta la apertura de juicio oral.

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Un Miércoles Santo

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias y Ana Oramas, candidata al Congreso de los Diputados por Coalición Canaria.

Un Miércoles Santo. Ésa es la fecha que ha escogido la jueza de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco, para llamar a declarar como investigado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien por fin tendrá la oportunidad de responder por las acusaciones vertidas contra él en la denuncia formulada hace ya dos años por dos de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna. Dos años -bueno es recordarlo para aquellos que quieren convertir al encausado en víctima del sistema- que se han consumido en idas y venidas de la causa a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la mayor parte de las veces por sus propias maniobras, destinadas básicamente a dejarse acurrucar por el presidente de la Sala de lo Civil y Penal, Antonio Doreste, donde antes eran investigados los aforados que ya no lo son.

La elección del Miércoles Santo podríamos atribuírsela al mismísimo Clavijo si aplicáramos la regla con la que se verifica a quién beneficia tan señalada fecha. Para que se hagan una idea del efecto que produce una noticia la víspera de un largo puente de Semana Santa, han de saber que ésa es la que eligió el Gobierno de Canarias en 2013 para intervenir la Fundación CajaCanarias y llevarse por delante nada más y nada menos que a un presidente de la entidad que parecía intocable, Álvaro Arbelo.

CajaCanarias lo fue todo para la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), el gérmen de Coalición Canaria, y su consejo de administración (con una única y honrosa abstención) fue clave para el pelotazo de Las Teresitas, cuyo desenlace último acaba de empezar a producirse con el desfile de los condenados en dirección a la prisión Tenerife II. Sin aquella entidad bancaria, que concedió un crédito de 30 millones de euros a un empleado del empresario Ignacio González, quizás no se habría producido la componenda.

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Cambio de era

Miguel Zerolo, camino de la cárcel en coche policial.

Al tiempo que ingresaban en prisión tres de los principales condenados por el caso de Las Teresitas, tomaba posesión como nuevo fiscal jefe de Canarias Luis del Río. Puede considerarse este lunes como el que marcó un cambio de era en ámbitos relacionados con la Justicia en Canarias, a la espera de que por parte de la autoridad competente se ponga fin, aunque sea por la vía de la caducidad, con el funesto mandato del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el último vestigio de una administración casposa entregada descaradamente a los poderes clásicos mediante las prácticas más deplorables.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordenaba sorpresivamente la detención de los cuatro principales condenados por el caso de Las Teresitas en un gesto elocuente que transmitía a la ciudadanía que se acababa el cachondeo. Ya han pasado 17 años desde que se perpetraran los hechos delictivos que dieron lugar a la denuncia y a la causa posterior, y la sensación más extendida era que ni a Plasencia, ni a Ignacio González, ni por supuesto a Zerolo, a Parejo o a los técnicos que permitieron el pelotazo, les iba a pasar lo más mínimo. Las pistas para esa creencia generalizada las daba en primer lugar el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, eternamente reacio a reclamar la devolución del dinero malversado (52 millones de euros) más los intereses (casi 50 más), quizás en aplicación del cristiano adagio que dice “santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita”. Otras instituciones como el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias, también en manos del partido de los condenados, muestran aún la intención de alentar los negocios de sus empresarios de cabecera y preparaban hasta el otro día otros pelotazos como la compra de un edificio a Antonio Plasencia mediante un expediente plagado de las mismas sospechas que hicieron estallar el caso de Las Teresitas. O de un solar para aparcamientos recalificado que dio lugar a la nulidad judicial del Plan General de la misma ciudad jodida por estos mismos nacionalistas envueltos en la bandera tricolor y el grito desgarrado contra Madrid, que es el que nos roba. Chupito.

En la isla de enfrente se producía otro acontecimiento singular: la vetusta sala de audiencias del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria se llenaba para presenciar la toma de posesión como fiscal jefe de Canarias de Luis del Río Montesdeoca. El relevo también puede considerarse un cambio de era porque, además del tiempo que llevaba en el cargo su antecesor, Vicente Garrido, se hace cargo del Ministerio Público en el Archipiélago un fiscal que rompe con los moldes tradicionales establecidos aquí. No solo por su trayectoria personal y profesional (empezó de abajo a arriba, sacándose unas oposiciones a agente judicial hasta llegar a la cúspide), sino porque representa la solvencia de quien, aun en el aislamiento más desolador al que fue sometido durante décadas, no se dejó nunca contagiar por el sistema. La despedida que dispensó a su antecesor, a cuyos exabruptos lanzados en una entrevista respondió en su discurso con palabras elegantes no exentas de retranca isleña, parecen vaticinar un cambio de estilo en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.

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Coalición Canaria se aguanta las ganas de disculparse por La Teresitas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (c), junto a José Miguel Barragán (i)

Coalición Canaria pidió una prórroga en abril de 2017 cuando la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a Miguel Zerolo y a Manuel Parejo, entre otros, a siete años de prisión por el caso de Las Teresitas. El tiempo adicional se ha agotado porque lo que dijo entonces José Miguel Barragán, secretario general de la formación, era que Coalición Canaria pediría disculpas cuando la sentencia de caso fuera firme. Este jueves fue notificada a las partes tal firmeza y en ese partido se están aguantando las ganas de disculparse ante la ciudadanía.

Cuando Barragán pidió esa prórroga, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y su exconcejal en los tiempos gloriosos de los pelotazos de libro en la ciudad ya habían sido apartados de la militancia del partido por otras condenas que ya eran firmes. Zerolo, por el caso García Cabrera, por el que fue condenado a ocho años de inhabilitación por el Tribunal Supremo, bajo cuyo aforamiento lo protegió Coalición Canaria cuando abandonó el Ayuntamiento de Santa Cruz. Parejo abandonó el partido cuando se confirmó su condena por el caso Mamotreto, por el que tuvo que cumplir uno y medio -de los dos años de cárcel a los que fue condenado- en la prisión Tenerife II.

Asombrosamente, los estatutos de CC, según explicó hace dos años Barragán, solo contemplan la baja en la formación cuando sobre el afiliado en cuestión pesa una condena firme por casos de corrupción, lo que ya había sido aplicado para los dos altos cargos por sus respectivas sentencias. Pero esas condenas y los hechos probados relatados en la sentencia de Las Teresitas dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no fueron suficientes para que el partido que más tiempo ha gobernado en Canarias desde el advenimiento de la democracia pidiera disculpas a los administrados.

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