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Lo que tiene que explicar Clavijo (aunque no lo imputen)

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (i), felicita al presidente, Fernando Clavijo, ante la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, tras haber ser elegido por mayoría candidato a la Presidencia del Gobierno

Lo primero debería ser calmar a los exacerbados coristas de Fernando Clavijo, quejosos de que el fiscal personado en el caso Grúas haya cambiado de criterio. El representante del Ministerio Público, efectivamente, ha pasado de negar cualquier atisbo de delito en el asunto ­-para lo cual hizo piña al principio de la instrucción con la jueza que la lleva- a apoyar cualquier intento de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias dada la condición de aforado del presidente del Gobierno de Canarias.

¿Por qué ha cambiado de opinión el fiscal? Muy sencillo. Porque después del sonoro varapalo que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife propinó a la primera fase de la instrucción, tanto la jueza como el fiscal se han tenido que remangar y practicar las pruebas básicas que se negaron a atender cuando se las pedían las partes acusatorias (los denunciantes). Fruto de esas diligencias no solo ha sido la incorporación de nuevos documentos, sino también el testimonio de testigos tan decisivos como el interventor, los funcionarios que intervinieron el servicio municipal de grúas o los doctos catedráticos a los que acudió Clavijo para que le dieran la razón en las operaciones que pretendía ejecutar. Y fruto también de esas diligencias practicadas en esta segunda fase de la instrucción figuran en la causa como investigados el actual alcalde, José Alberto Díaz, y el portavoz municipal de Coalición Canaria, Antonio Pérez-Godiño.

El testimonio de José Alberto Díaz, imputado en la causa, pudo haber sido decisivo cuando declaró que no entendía cómo podía estar imputado si él no firmó ningún decreto. Cierto es, lo que automáticamente nos llevaría a mirar para quien sí los firmó, para quien levantó los reparos de legalidad impuestos por el interventor general del Ayuntamiento contra la decisión del alcalde Clavijo de otorgar a la empresa privada que se ocupaba del servicio de grúas un préstamo de dinero público para salvarla.

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La sentencia de la cucaracha

Cucaracha rubia en plena naturaleza.

Parecía imposible imaginar una sentencia más surrealista que la que ha anunciado (porque todavía no está formalmente redactada) la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre el famoso caso Faycán. Un comunicado de prensa en el límite de las vacaciones judiciales anunciaba urbi et orbi que los ocho acusados que no pactaron con la Fiscalía Anticorrupción reconocer los hechos y conformarse con una pena exigua iban a resultar absueltos por obra y gracia de las apreciaciones penales del magistrado Salvador Alba Mesa. El mismo que, como también sabe todo el orbe, está de baja por enfermedad y suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de que se le abriera juicio oral por la presunta comisión -nada menos- que de cinco delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Para tararí y no echar gota.

De este polémico magistrado (suspendido) no dejan de sorprender algunas de sus ocurrencias, y la ultima es la fórmula legal que empleó para eludir hasta en ocho ocasiones consecutivas que los agentes judiciales le notificaran resoluciones en su contra sin que, sorprendentemente, ningún órgano jurisdiccional haya actuado ante tamaña tomadura de pelo. Debería patentar tal práctica para que todos los delincuentes y presuntos delincuentes puedan aprender de un juez suspendido y tan experimentado trucos para esquivar tan grácilmente la acción de la justicia. Hace exactamente 17 días (naturales) que la Comisión Permanente del CGPJ decidió suspenderlo como juez y todavía no se ha dejado notificar tan importante resolución. Importante porque, mientras tanto, Alba sigue ejerciendo como juez como si esta guerra no fuera la suya, como si los cinco delitos que le ha imputado un auto de apertura de juicio oral, por los que la Fiscalía General de Canarias le pide diez años de cárcel, fueran en realidad una nadería.

Imitando la astucia de la cucaracha, que se esconde junto a los bajantes y las cloacas, y detrás de los electrodomésticos y los muebles que nunca se mueven para pasar la fregona, el juez (suspendido) Alba se ha atrevido a dictar la sentencia del caso Faycán. Y lo ha hecho con tal impunidad que sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas la han asumido como si todo se hubiera desarrollado con absoluta normalidad. Alegan tales jueces en su descargo que Alba era el ponente, y que el artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) “le obliga” a poner la sentencia. Falso. Lo que dice exactamente ese artículo es que el juez suspendido o apartado estaría obligado en tal caso a emitir su voto, momento procesal que ocurre cuando -en el caso de un ponente- los demás compañeros de tribunal no están de acuerdo con la ponencia. El artículo 155 de la Lecrim dice exactamente así: “Cuando fuere trasladado, jubilado, separado o suspenso algún magistrado, votará las causas a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubiesen fallado”. Lo que en realidad ha hecho Alba, y la Audiencia Provincial se lo ha admitido de modo inaudito, es emitir la sentencia estando de baja por enfermedad, camuflarla en forma de voto particular y aceptarla como cuerpo principal de la resolución, añadiendo tan solo la condena al Partido Popular como responsable civil subsidiario. Como si con esa salvedad consiguieran los restantes magistrados (Oscarina Naranjo y Carlos Vielba), salvar una sentencia que -por lo que se sabe gracias a las filtraciones de Alba- no se sostiene por ninguna parte.

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Casado con Soria

Pablo Casado unos días antes del Congreso del PP junto a varios exministros del partido, entre ellos José Manuel Soria (2d).

La corrupción se sigue permitiendo en el Partido Popular. Lo reflejó  claramente en su discurso de postulante ante el congreso nacional el que luego resultó elegido nuevo presidente: “Somos un partido honesto (…) Este es un proyecto de manos blancas y bolsillos vacíos ” y “no voy a permitir que se tenga un doble rasero y se condene a compañeros que luego son absueltos”. Y lo confirmaron los militantes del PP de Las Palmas de Gran Canaria,  que votaron masivamente a José Manuel Soria para que les representara como compromisario en el 19º Congreso Nacional del partido, celebrado este fin de semana en Madrid. Pablo Casado sabía lo que decía y los afiliados de Las Palmas de Gran Canaria, seguramente también lo que hacían. Echan de menos lo que este fin de semana se ha dado en llamar “las esencias” del partido, lo que en su día animó a Manuel Fraga a fundar Alianza Popular y a José María Aznar a llevarlo a las cavernas más ultras. La corrupción forma parte de esas esencias, como el ejercicio vitalicio del poder, el franquismo, el ultracatolicismo, el machismo y el nacionalismo centralista. Cualquier accidente, fenómeno o cataclismo que les arrebate esas señas de identidad, es inmediatamente anatemizado, por las buenas o por las malas. Ha vuelto el viejo PP.

Y, como venimos advirtiendo desde hace semanas en este periódico,  José Manuel Soria también ha vuelto. Y no lo ha hecho -de momento- para pedir un cargo público o una responsabilidad orgánica que le exponga a los ataques de los adversarios o de los medios informativos. Ha regresado para imponer su poder a un PP canario que estaba actuando a su libre albedrío, sin someterse a los deseos del que ya no llaman “José Manuel” sino, metafóricamente, “el jefe”. El exministro ha aprovechado la sobrevenida coyuntura nacional para volver a meter la cabeza en Génova respaldando al único candidato que plantó cara a Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta que le torció el brazo hasta hacerlo dimitir por los papeles de Panamá, entre otros papeles.

A Soria se le atribuye la organización del famoso almuerzo en el restaurante Jai Alai de Madrid con los ministros desafectos a Santamaría (el G8), y por supuesto la confección del escueto pero elocuente comunicado elaborado a los postres, así como la fotografía en la que se colocó conscientemente en un extremo por si, llegado el caso, fuera conveniente hacer una mutilación.

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Clavijo veta a Patricia Hernández; Bermúdez se asusta con Llanos; Mauricio conspira

Patricia Hernández, Ángel Llanos, José Carlos Mauricio y José Manuel Soria

Episodio 1. Fernando Clavijo veta a Patricia Hernández. Parlamento de Canarias. Causa baja en la Mesa de la Cámara el socialista Héctor Gómez, designado in extremis director general de Turespaña tras ver frustradas algunas de sus apetencias como secretario de Estado de Comercio. O algo similar, que no estábamos para exigencias. La vacante debería corresponder al PSOE y el nuevo secretario insular de Tenerife, Pedro Martín, reclama que sea Patricia Hernández, víctima doble de una alcaldada (con perdón) del presidente del Gobierno y de la bisoñez primeriza de Ángel Víctor Torres, secretario regional, al que le costó creérselo. Pero Torres acepta que sea Patricia Hernández la nueva integrante de la Mesa del Parlamento, resarciéndola así de la purga a la que la sometió cuando la pasó de vicepresidenta ganadora de las elecciones a diputada de a pie. Coalición Canaria reacciona: Clavijo no quiere a Patricia en ninguna foto, y menos ascendida por el PSOE que acaba de refundar Pedro Sánchez. Ruano, el portavoz coalicionero, tienta a Podemos: oye, que esta es tu oportunidad después de que yo te vetara tantos nombres en tantos otros órganos dependientes del Parlamento. Pide esa plaza, que te apoyo. Podemos entra al juego inicialmente, hasta que descubre la maldad: dejar fuera a una mujer que sustituye a un hombre por una vendetta de Clavijo. Mal asunto ese de aprovecharse de circunstancias tan puercas. Que sea Patricia, han dicho. Se la comerá Ruano; se la comerá Clavijo. Con papas, dicen.

Episodio 2. Llanos lanza el primer aviso. La maquinaria propagandística de Coalición Canaria ya está a pleno rendimiento:  guaguas, bocadillos de mortadela, rondallas y soflamas de canariedad inundan el panorama folclórico tinerfeño desde hace ya más de dos meses para ir calentando los estómagos (todavía agradecidos, pero ya veremos) de tantas personas que viven azocadas por ATI-CC. Carlos Alonso se come, al ritmo que caen los bocatas de mortadela, todas las carreteras de Tenerife una por una, sin conseguir que el salvífico Gobierno de Fernando Clavijo sin el PSOE pero con el brillantina de Pablo Rodríguez, le resuelva el clamoroso caos circulatorio de la isla que el Cabildo es incapaz de embridar. En La Laguna crece la ola del caso grúas y del caso prórrogas, sin que se descarten a estas alturas intentos eternamente aparcados. Ante panorama tan deprimente, en el partido omnipresente resalta la figura del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, tocado como mirlo blanco de la causa (otra vez, ¿viste?) por una parte de la muy engrasada prensa de Tenerife. Recuperaremos el suelo contaminado de la refinería de Cepsa para la capital para una “ciudad nueva”,  volverá la capital a ser la capital que siempre ha sido, la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos… mientras el PP, socio en el gobierno municipal, mata moscas con el rabo. De ahí que la aparición repentina de Ángel Llanos como posible candidato a la alcaldía por los populares haya hecho resucitar viejos fantasmas y la posibilidad -encuestas en la mano- de un pulso interesante en mayo del año que viene.

Episodio 3. Mauricio no ha cambiado. En la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria José Carlos Mauricio bordó de nuevo el esperpento. No le bastó con la investigación que de él y de sus cómplices hizo la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional; ni el informe demoledor que elevó una inspectora de la Seguridad Social. Ni siquiera que las otras dos personas que se sentaron junto a él en el banquillo reconocieran los hechos, es decir, que entre los tres fingieron la contratación de una ciudadana cubana para tratar de legalizarla en España. Mauricio hizo el favor y el novio de la señora, decano de la Facultad de Economía de la ULPGC, puso la pasta para la Seguridad Social. Y más cosas, porque este insigne dirigente universitario facilitó con sus contactos salvoconductos académicos y económicos al que fuera conseguidor máximo del coalicioneo durante los años dorados del aznarismo, hoy reinventado a la condición de asesor turístico. Mauricio creía que podía seguir campando a sus anchas, conduciendo sin carné y pisando la línea continua, así que nunca se creyó que fuera a sentarse en el banquillo de los acusados. Por eso estaba indignado tras el juicio: todo es un montaje, una conspiración contra mí, clamaba señalando nada menos que a la Policía, a la inspectora de la Seguridad Social, a los tres jueces que instruyeron la causa, a la que lo juzgó… La duda es si Mauricio está chocheando o si, como es lícito sospechar, sus delirios siempre fueron así.

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La reaparición de Soria

José Manuel Soria y María Australia Navarro. EFE/Cristóbal García

Australia Navarro fue la primera en restar importancia a la reaparición de José Manuel Soria en el Partido Popular de Canarias. Dijo a los periodistas que es un afiliado del PP y que, por lo tanto, tiene perfecto derecho a presentarse a compromisario del congreso nacional de los próximos días 20 y 21. Es Australia Navarro, presidenta del PP de Gran Canaria, la dirigente de los populares canarios señalada como la heredera de los principios políticos de quien lo fue todo en el partido, y la que hizo valer su memoria y su influencia en una reciente reunión del grupo parlamentario en el que se decidía respaldar o no a Coalición Canaria en el conflicto de Radio Televisión Canaria. A Antona no le gustaba José Carlos Naranjo Sintes como administrador único del ente público y dijo algo parecido a mandarlo a tomar por saco. Australia Navarro se le tiró al cuello y le dejó claro que “nuestro hombre es Sintes y el jefe ha dicho que lo vamos a apoyar”. El poder.

¿El jefe? El jefe sigue siendo en algunos ambientes del PP canario José Manuel Soria, que según estas fuentes continúa moviendo algunos hilos, particularmente aquellos que le permiten combinar dinero y poder, poder y dinero, la fórmula que le permite seguir vivo. Por eso se le atribuye a él el nombramiento de Juan José Cardona como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el momento exactamente anterior a que Pedro Sánchez pusiera repentino punto final al Gobierno de Mariano Rajoy. El dinero.

Soria necesitaba al frente de los Puertos de Canarias a alguien de su confianza, y Cardona siempre lo ha sido. El exministro se dedica a los negocios internacionales, es decir, a mover de aquí para allá sus influencias, particularmente las obtenidas durante el tiempo durante el cual ejerció como ministro de España. Sus socios en determinadas operaciones en el puertos africanos, como el de la capital angoleña, no se ocultan lo más mínimo para presumir de su influencia.

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Sobredosis de cantamañanas

Alfredo Briganty y Salvador Alba.

Lunes de oro para los cantamañanas. Casi a la misma hora en la que el juez Salvador Alba veía frustrado su intento de nacionalizar su conflicto para hacer más liviano su camino inexorable hacia el banquillo, el abogado Alfredo Briganty autorizaba a su abogado a decirle al jurado del caso Eólico que  reconoce los hechos y que siente mucho haber actuado como lo hizo en aquel concurso de asignación de potencia eólica que condujo a la Policía Judicial al estanque de los lebranchos para no perturbar la paz de los tiburones.

Tanto Alba como Briganty se han desgañitado anunciando un cataclismo judicial, social y político ante las revelaciones con las que han venido amenazando. Alba, desde el instante en la que la magistrada Margarita Varona le abría juicio oral por cinco delitos, y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma le pedía 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación por esos mismos delitos. Briganty, desde que se dio cuenta de que se había revolcado con los pringados del concurso eólico, él que siempre meó colonia, él que solo se juntaba en Madrid con grandes clientes que se podían permitir sus honorarios, él que llegó a ser candidato a delegado del Gobierno en Canarias. El abogado grancanario con despacho en la capital española llegó a escribir un libro, dicen que una trilogía, con el muy loable fin de “reivindicar mi inocencia, demostrar la corrupción institucional y desenmascarar a un sanedrín mafioso compuesto por políticos, empresarios, jueces, fiscales y periodistas”.

Para garantizarse la máxima divulgación, Briganty no puso la trilogía a la venta, sencillamente la regaló, en la errónea creencia de que su intenso estilo literario pudiera cautivar a aquellos lectores que no hubieran estado a aquellas alturas lo suficientemente ilustrados sobre lo que había ocurrido.

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Otro Negrín recambio de Negrín

José Carlos Naranjo Sintes

Con la mayoría parlamentaria boquiabierta, Coalición Canaria se dispone a perpetrar esta semana otro clásico de su repertorio de funambulismo. Consiste tal número circense en bendecir por la vía de urgencia las barrabasadas cometidas estos últimos años en el ente público Radio Televisión Canaria (RTVC) por el presidente que ese mismo partido puso a su frente sustituyéndolo por otro que pueda hacer lo mismo pero con la bendición y el aplauso del respetable.

Así es. Con Santiago Negrín dimitido como presidente de RTVC tras reconocer implícitamente que su gestión estaba marcada por la ilegalidad y (presuntamente) el delito, tras haber actuado al margen de los controles establecidos, Coalición Canaria ha convencido a la mayoría parlamentaria para nombrar a un sustituto que pueda hacer exactamente lo mismo. O, mejor dicho, que haga lo mismo que Santiago Negrín pero acabando el trabajo a satisfacción de la parte contratante: impidiendo que el concurso de Informativos (144 millones de euros) pueda llevárselo la actual concesionaria, Videoreport Canarias.

La fórmula escogida no puede ser más burda: reformar la ley para arrasar con cualquier parecido con la intención del legislador de alejar de las garras del Gobierno cualquier decisión en la gestión cotidiana del ente y, a cambio, someterla al control de un consejo rector elegido todo él por el Parlamento de Canarias entre personas cualificadas.

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Panorama canario tras la caída de Rajoy

La diputada de CC, Ana Oramas, durante la rueda de prensa ofrecida al término del pleno del Congreso. EFE/J.J. Guillén

“Nos tenemos que adaptar a la nueva situación”. Sin novedades en Coalición Canaria tras la proclamación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. José Miguel Barragán, secretario general de la formación que gobierna en Canarias resumió con esas ocho palabras los acuerdos adoptados este mismo viernes en el Comité Permanente del partido, desde donde sus dirigentes siguieron en directo los acontecimientos que se vivían en el Congreso de los Diputados (y Diputadas). Se adaptarán, cómo no, a la nueva situación, como han hecho con absoluta naturalidad estos últimos 25 años, gobierne quien gobierne. Por el camino, claro está, se dejarán un poco más de credibilidad porque el practicismo en política hay que saberlo gestionar con recato y con inteligencia, y en eso no andan muy sobrados desde que la mediocridad se instaló en la dirigencia nacionalista.

Ana Oramas, la única diputada que continúa manteniendo CC, consolaba a María Dolores de Cospedal solo minutos antes de la votación que acabó con el Gobierno del Partido Popular. Inteligente como pocos en ese partido, la dirigente tinerfeña sabe que a los populares les va a costar muchos años regresar a la senda de los triunfos electorales y a merecer la confianza de los españoles. Por lo que resulta clamoroso este error: Oramas quiso mantener su apuesta hasta el final creyendo que la censura contra Rajoy no iba a prosperar y que, por lo tanto, esta legislatura de lluvia de millones y descuentos para residentes se iba a alargar hasta 2020.

Por eso los de CC mandaron a la pobre Guadalupe González Taño, su secretaria de Organización, a soltar solo tres días antes aquello de que su diputada votaría en contra de una censura apoyada por “radicales y secesionistas”, lotes estos en los que todavía no incluían al Partido Nacionalista Vasco, con el que los canarios han pactado ir en coalición al Parlamento Europeo en las elecciones de 2019. Desvelada la incógnita de lo que haría el PNV, Coalición Canaria reculó a medias quedándose en terreno de nadie: ni apoyando a Pedro Sánchez, nuevo presidente, ni repudiando a Rajoy, cuya carrera política quedará para siempre marcada por este acontecimiento. La posición vasca fue la más inteligente,  como lo fue la de Nueva Canarias y debió haber sido la que adoptara CC: una vez aprobados los presupuestos y conseguidas las reclamaciones principales, la publicación de  la famosa primera sentencia de la Gürtel aconsejaba marcar distancias con un partido manchado para la posteridad por la corrupción que, a partir de ese momento, ya aparecía en las encuestas como favorito para ocupar el cuarto puesto.

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Negrín, en la Fiscalía; Clavijo, en un brete

El expresidente de la Televisión Canaria, Santiago Negrín. EFE/Ramón de la Rocha

A un mes escaso de que todo pueda irse al carajo en la Radio Televisión Canaria, el Gobierno de Canarias sigue sin proponer el nombre de una persona que sustituya a Santiago Negrín, el artífice del mayor caos que ha vivido jamás un ente público archipielágico.  El 30 de junio expira la prórroga de la que disfruta la productora adjudicataria de la prestación de los servicios informativos y de la continuidad de las emisiones de Televisión Canaria (el canuto por el que pasa toda la programación del medio), y a estas alturas no se sabe quién va a embridar el asunto y, sobre todo, cómo.

El Gobierno de Coalición Canaria busca desesperadamente a un incauto o incauta que, a título de administrador único, sea capaz de conjugar la legalidad vigente con una explosión controlada que impida que sus decisiones se vuelvan en contra de su antecesor y, consecuentemente, contra quienes lo nombraron y lo mantuvieron en el cargo a pesar de las constantes evidencias de que los problemas no se solucionaban sino que se complicaban por momentos.

Por fortuna, los partidos de la oposición han marcado a Coalición Canaria por dónde no debe ir el perfil profesional de la persona que sustituya a Negrín. Por lo tanto, no podrá ser Daida Rodríguez, presidenta y cómplice en la sombra, y actual mandamás de RTVC tras la dimisión de aquel. Ni podrá ser el siempre socorrido Francisco Martin, eterno asesor de José Miguel Ruano, el portavoz de Coalición Canaria ahora sumido en una frenética búsqueda.

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Palabra de Alba

El periodista Francisco Pomares y el juez Salvador Alba, este lunes en el programa 'El foco'.

Además de ser el presunto  autor de cinco lindos delitos que le conducirán en breve al banquillo, del magistrado Salvador Alba Mesa también se puede decir que es un embustero redomado. De la escuela de su mentor y compañero de confidencias en Salinetas José Manuel Soria.

Después de más de dos años de instrucción, que acaba de concluir con la apertura de juicio oral, el magistrado cordobés ha decidido que ha llegado el momento de soltar la lengua a paseo y lanzar al mundo insinuaciones muy graves sobre el comportamiento de algunos de sus compañeros de la magistratura. Y no precisamente de Victoria Rosell, sobre la que ya se ocupó en su momento de verter todo tipo de acusaciones que alimentaron la querella de José Manuel Soria, finalmente archivada por tratarse de imputaciones falsas.

Han sido dos años en los que Alba ha perdido la oportunidad de denunciar las irregularidades que ahora proclama contra, por ejemplo, dos sus dos compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En concreto, la noche de este lunes señaló en el programa El Foco, de Televisión Canaria, a Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y a Carlos Vielba, uno de los magistrados que le acompañó en el tribunal del caso Faycán. A ninguno de los dos ha denunciado jamás, como tampoco ha hecho con las “autoridades judiciales” de alto nivel que fueron mencionadas en su conversación con Miguel Ángel Ramírez y a las que ahora parece lanzar sus indisimulados recaditos.

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