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Fotografías que hubiera sido mejor no hacerse

Rafael Yánes, a la izquierda, contempla el cuadro: Rosa Dávila y Carlos Alonso, tras los chicos y chicas con síndrome de Down, y a la derecha, el alcalde de La Laguna, la consejera de Asuntos Sociales y el presidente del Gobierno, que pala en mano espera para entrar en acción.

No hay acto en el municipio de La Laguna o alrededores que no congregue irremediablemente al presidente del Gobierno de Canarias, al presidente del Cabildo de Tenerife y al alcalde de la ciudad, todos ellos de Coalición Canaria. En ocasiones se suma a la comitiva algún que otro cargo público con necesidad de mejora de imagen, y todo acaba en un reportaje fotográfico que de inmediato es enviado a los medios de comunicación y subido a las redes.

El formato de fotografía más repetido en esos actos viene siendo el de todos los señores políticos (suelen ser mayoritariamente hombres), mirando sonrientes a la cámara, extendiendo sus brazos señalando algo al frente, como queriendo componer un lazo de unión indisoluble. O, si no hay nada que señalar, uniendo cada unos sus propias manos de manera leve en señal de recogimiento político y en evitación de metérselas en los bolsillos, que ya se sabe las connotaciones que eso tiene.

Hay veces, sin embargo, que tratan de ser originales y buscan una composición fotográfica que rompa moldes y consiga llamar la atención del respetable. Es el caso de la primera fotografía que hoy queremos comentar para todos ustedes.

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La arriesgada verborrea de Pablo Casado

Pablo Casado, durante el acto de presentación de Antona como candidato del PP de Canarias

El frenesí con el que Pablo Casado intenta frenar el deterioro electoral del Partido Popular empieza a causarle efectos perniciosos. Aplica a su modo aquella receta de Aznar del “váyase, señor González”, pero dos octavas más altas, para ver si así frena a Vox o, en el peor de los casos, cimienta una alianza con la extrema derecha que haga volver a los desencantados a la casa común de los que todos provienen.

Aquí, en Canarias, el PP de Pablo Casado y Asier Antona se enfrenta a un escenario todavía más complicado que el que se le presenta en la mayoría de las comunidades españolas: además de Vox y de Ciudadanos, existe Coalición Canaria, que en algunas zonas muy concretas de alta concentración de electores le disputa el espacio de centro derecha moderado. En Gran Canaria a esa refriega a cuatro se suman dos pesos pesados (que lo fueron) del Partido Popular, José Miguel Bravo de Laguna y Nardy Barrios, ambos integrados en una extraña alianza con CC y ambos provenientes de aquellos tiempos en los que el PP podía ser considerada una formación democrática o al menos con vocación de serlo.

Las estimaciones que el PP canario hace de su escenario electoral de partida no llegan a ser catastróficas, pero sí resultan preocupantes. Necesitan recuperar a los votantes (más de 100.000) que se alejaron del partido cuando se inició la crisis de las prospecciones petrolíferas; que se desencantaron cuando descubrieron que su más carismático líder, José Manuel Soria, tenía negocios en el exterior, y que quedaron cautivados por los cantos de sirena de fuerzas emergentes como Ciudadanos (con sus altibajos) y más recientemente Vox (con su desenfreno), empeñado en alimentar los discursos más catastrofistas y populistas del mercado político español.

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Clavijo rentabiliza a Paulino

Pedro Sánchez y Fernando Clavijo, en su última reunión en octubre.

Ana Oramas acabó reconociéndolo en un foro de Editorial Prensa Canaria en 2017: Coalición Canaria descabalgó a Paulino Rivero de la carrera presidencial por su “enfrentamiento absurdo” con el Gobierno del Estado. Puede ser cierto, al menos en parte. Hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy, con José Manuel Soria ejerciendo como ministro exterminador, comenzó a humillar a Canarias por distintas vías, a Coalición Canaria le había ido muy bien conchabándose con el que quiera que fuera inquilino de La Moncloa. Con más querencia hacia el Partido Popular, todo hay que decirlo, dada la natural inclinación hacia la derecha que siempre ha manifestado este partido que agrupa en su seno a regionalistas folclóricos, nacionalistas de aluvión, estómagos agradecidos e independentistas de boquilla.

Aquellos tres primeros años de Gobierno de Mariano Rajoy, de 2012 a 2015, fueron verdaderamente duros para Canarias, pero no está nada claro que fuera Paulino Rivero el que hiciera explotar los puentes. La hemeroteca revela unos cuantos hitos verdaderamente notables que condujeron a la quiebra de las buenas relaciones que hasta entonces había habido entre CC y el PP. Y fue José Manuel Soria el verdadero dinamitero. Que Paulino Rivero no contara con él para el gobierno autonómico que se formó en el verano de 2011, con el socialista José Miguel Pérez como vicepresidente, fue una ofensa que el ministro off shore jamás perdonó al que hasta entonces había sido su socio natural. Y elevado a la más alta consideración por Rajoy en diciembre de 2011, empezó a hacer efectiva su venganza.

Los desplantes fueron continuos, pero quizás haya que situar en las prospecciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura, impuestas desde el Ministerio de Industria que dirigía el ilustre canario, el punto de no retorno. Y puede que aquel fracasado empeño, que lastró su imagen y el de la petrolera Repsol para los venideros años, también le condujera al principio del fin de su carismática carrera política, luego bruscamente rota cuando se descubrieron sus cuentas y sus empresas de ultramar en abril de 2016.

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Alba ya es oficialmente SAM y se estrella en Lanzarote

Cartel anunciador del concierto de Salvador Alba.

El juez Salvador Alba Mesa, suspendido por el Consejo General del Poder Judicial tras adquirir por auto del TSJ de Canarias la condición de penta-acusado, ha adoptado el nombre artístico de SAM y ha ofrecido un segundo recital musical en el mismo local en el que debutó. Ocurrió el viernes en el restaurante La Gabarra, en el barrio costero de Salinetas (Telde), propiedad de un cuñado del exministro José Manuel Soria.

Alba no se ha complicado la vida a la hora de escoger su nombre artístico y ha optado por las iniciales de su nombre y sus dos apellidos, Salvador Alba Mesa (SAM), que en el cartel anunciador de su concierto hizo acompañar de una fotografía en actitud de recogimiento artístico, casi abrazando una guitarra, como si fuera ahora mismo su única tabla de salvación una vez se desmoronan hasta los autos judiciales que ha venido poniendo en defensa propia. El último,  el de la peregrina anulación de la grabación que dio lugar al caso Unión.

Pero volvamos al arte. Con su guitarra y con el respaldo de otro cantante, Dan Medina, SAM ofreció el pasado viernes su segundo concierto “acústico” en La Gabarra para rendir homenaje a su manera a creaciones ajenas de los años 80 y 90 del siglo pasado, con alguna incursión en sus composiciones propias, producto de sus vivencias más recientes tras ser descubierto maquinando contra la jueza que se presentaba a las elecciones de 2015 en la misma circunscripción que el ya mentado José Manuel Soria, dimitido en marzo de 2016 al descubrirse sus cuentas en paraísos fiscales.

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Ilegalizar el Partido Popular

Pablo Casado.

Traición, rendición, humillación, secuestro, golpe de estado, 155 duro, violencia, guerra civil… Los argumentos del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sobre Catalunya y sobre la gestión que sobre este conflicto está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están tratando de conducir el debate hacia una frontera: la que separa a los que defienden la Constitución Española de los que tratan de violentarla para “romper a España” y acabar con nuestro régimen de libertades. A ese debate, convenientemente salpimentado por la prensa afecta a los extremismos, se ha sumado la posibilidad de ilegalizar a aquellos partidos que no superen un examen de constitucionalismo cuyos límites están siendo impuestos precisamente por el partido que más ha vulnerado el texto constitucional en sus cuarenta años de historia, el PP.

La utilización que históricamente ha hecho el PP del Tribunal Constitucional para fines puramente estratégicos y electoralistas tiene en el caso catalán uno de sus mayores exponentes. Como es bien sabido, es su recurso contra el Estatuto de Catalunya y su correspondiente sentencia uno de los factores determinantes de la actual situación. El PP, generalmente en connivencia con el PSOE, ha utilizado los nombramientos en el tribunal de garantías (y, como veremos más adelante, en las altas instancias de los tribunales de Justicia) para rebañar resoluciones convenientes a sus fines políticos, siempre con una visión cortoplacista de cada uno de los litigios, de cada uno de los conflictos, es decir, no más allá de los cuatro años que dura una legislatura. Da igual que el asunto se enquiste o no en el Constitucional (caso de la Ley del Aborto) o que el resultado pueda resultar catastrófico para la misma unidad de España que pregonan solemnemente (caso del Estatuto de Autonomía de Catalunya), porque lo importante es el ruido, o más bien la escandalera, y conseguir el propósito de que de la confusión salga el rédito correspondiente.

Una de las últimas aportaciones de Casado al debate político que padecemos en España ha sido promover la ilegalización de aquellos partidos políticos que atenten contra la Constitución. O por ser más precisos, contra su artículo 2, el referido a “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. La ocurrencia trata de asociarla Casado a la Ley de Partidos Políticos, que solo contempla la ilegalización en el caso de comportamientos que conduzcan a la violencia. Lo que explica a las claras por qué el PP y sus mariachis mediáticos han hecho todo lo posible por que los fastos del 21 de diciembre en Barcelona tuvieran un marcado carácter violento. Algunos de los periodistas más adictos a esta tendencia ilegalizadora no pudieron reprimir sus deseos, como fue el caso de José Antonio Zarzalejos, que se enfrascó en Twitter en un efímero y sutil debate con el subdirector de La Vanguardia Enric Juliana a la hora de describir el grado de las hostilidades previas al 21-D.

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Publicidad (y contrapublicidad) gubernamental

Valla publicitaria que fue censurada por el Gobierno de Canarias

No es la primera vez que el Gobierno de Fernando Clavijo impone su relato a base de prácticas anacrónicas y un pelín autoritarias. Pero en esta ocasión alguien se ha atrevido a contarlo, lo que es todo un acontecimiento.  Una valla publicitaria instalada este lunes en las inmediaciones del Hospital Insular de Gran Canaria denunciaba la deriva privatizadora de la sanidad pública que tiene Coalición Canaria desde que aceptó ponerla en manos de los grupos empresariales que se lo ordenaron en 2017. Clavijo gobernaba con el PSOE y el consejero socialista de Sanidad, el cirujano Jesús Morera, tuvo el atrevimiento de revisar los conciertos sanitarios, operativos desde el franquismo y absolutamente fuera del ordenamiento jurídico constitucional.

Los poderosos empresarios del sector montaron en cólera y el presidente del Gobierno obedeció lo que le ordenaron: no solo echó al PSOE del Gobierno, sino que accedió a nombrar consejero de Sanidad a José Manuel Baltar, que hasta ese mismo instante era el director general del grupo privado más influyente en las Islas, Hospitales San Roque, y a su vez vicepresidente de la patronal nacional de las clínicas privadas. Primero, eso sí, sometió a su consejero socialista a una cacería indigna de un dirigente público: le limitó recursos presupuestarios, lo ridiculizó en público situándolo por debajo de los gerentes de los hospitales, lo colocó a los pies de los caballos con las listas de espera y, ante sus reproches, lo cortó en seco diciéndole aquello de que “aquí se viene llorado”.

La valla publicitaria de esta historia, contratada por la Marea Blanca de Canarias y por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, denunciaba solo un aspecto concreto de esa deriva privatizadora, la del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín, en manos de una filial de Hospitales San Roque (Diagnósticos Médicos Especiales), a quien el consejero Baltar le ha incrementado el presupuesto en un 82% para que no haya dudas de cuál es su cometido. Lo ha publicado en exclusiva este periódico.

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Todo en el aire tras el tsunami andaluz

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El respaldo del juez Alba, lo que le faltaba a Clavijo

Salvador Alba durante la apertura del año judicial en Canarias.

Al esperpento político-judicial que vive estas semanas Canarias, con un presidente del Gobierno atacando a la Fiscalía General del Estado y al partido en La Moncloa (el PSOE) por su presumible implicación en el llamado caso Grúas, se ha sumado un nuevo elemento: el juez en suspenso Salvador Alba Mesa. Su aparición estelar en la polémica se ha producido opinando a favor de las tesis de Fernando Clavijo, como es natural, aunque para ello haya tenido que alinearse con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, contra el que mantiene viva (aún pendiente de admitir o rechazar) una querella ante el Tribunal Supremo acompañada de unas grabaciones que le hizo en un garaje.

Salvador Alba dedica el tiempo que le ha dejado libre su suspensión cautelar como juez a ejercer como comentarista de los tribunales en un programa de radio que dirige y presenta Juan Santana, el que fuera durante dos décadas jefe de prensa del PP canario y porteador del neceser de José Manuel Soria, no necesariamente por ese orden. Desde el mes de julio hasta la fecha puede que el comentarista Alba haya acudido a ese espacio radiofónico una docena de veces, dejando para la posteridad y las sonotecas momentos verdaderamente memorables.

Estos últimos días ha acudido al programa de Santana al menos en dos ocasiones que tengamos contabilizadas. Y en ambas se ha solidarizado Alba con el presidente del Gobierno de Canarias en su cruzada contra el envío del caso Grúas al Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna. Sostiene Alba, al igual que la defensa de “don Fernando Clavijo”, por emplear el mismo trato que le confiere, que antes de decidir sobre su competencia en el asunto, el TSJC debió haberse pronunciado sobre el fondo, es decir, si hay motivos para encausar o no al presidente del Gobierno.

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Clavijo desaforado, muy desaforado

Fernando Clavijo, en los juzgados de La Laguna. (EFE/Ramón de la Rocha)

Alguien debió haber dicho al presidente del Gobierno de Canarias que su presumible imputación en el caso Grúas iba a morir en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Era el lugar natural para hacerlo, como murió en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en manos de Manuel Marchena, la causa contra Pablo Casado por su máster fraudulento, o la que iba a caerle encima al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por conspirar contra autoridades catalanas utilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía, si fuera menester.

Por eso a Clavijo y a los dirigentes de Coalición Canaria no les preocupaba lo más mínimo la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, y como consecuencia, la desaparición de los aforamientos para las autoridades de esta sandunguera nacionalidad. Tenían la seguridad de que el presidente del TSJC, Antonio Doreste, iba a convencer a sus dos compañeras de la Sala de lo Penal de la conveniencia de sobreseer lo referido al presidente del Gobierno, lo que hubiera supuesto la muerte del procedimiento para los otros dos implicados, el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el portavoz de CC en ese ayuntamiento, Antonio Pérez-Godiño.

Sin embargo, algo empezó a torcerse la semana en la que se aprobó en el Senado el nuevo Estatuto de Autonomía. Fue como si, de repente, alguien se hubiera acordado de que esa causa, la de las grúas, estaba viva y había que resolverla. Desde el entorno del presidente del TSJC, Antonio Doreste, se filtró a varios periódicos que la decisión iba a ser la más razonable: si no se han abierto aún las diligencias y si el fiscal todavía no ha evacuado su informe, ¿para qué someterse al riesgo de escarnio público estando al caer el fin de los aforamientos?

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Coalición Canaria tiene un problema (y no lo sabe disimular)

Fernando Clavijo preside la mesa en el homenaje que el Parlamento de Canarias rindió a la memoria de Juan Carlos Alemán.

Nuevo día de furia el de este jueves en Coalición Canaria. Las presiones sobre la Fiscalía Superior de Canarias no daban sus frutos, y a última hora de la mañana hacía público por fin su informe sobre la competencia del Tribunal Superior de Justicia para conocer de la causa llamada caso Grúas. Se desvanecían las falsas expectativas que los dirigentes del partido trataron de transmitir a los suyos y a los medios de comunicación afines haciéndoles creer que todavía existía la esperanza de que el pleito quedara residenciado en una jurisdicción menos hostil que la del común de los mortales. Presionaron más de lo debido, faltaron a la más aconsejable de las prudencias sacando a la plaza pública el color y el dolor de sus presiones al Ministerio Público, y hasta se llevaron por delante el respeto institucional que, como Gobierno de Canarias, debieron siempre guardar.

Nunca hubo la más mínima posibilidad de ver cumplidos sus deseos desde que el pasado martes entró en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía y quedó abolido el aforamiento para las autoridades autonómicas. La publicación en el BOE sufrió unos días de retraso con respecto a las previsiones iniciales, sin que hasta el momento haya sido plenamente identificada la persona que hizo valer sus influencias en la Villa y Corte para dar más tiempo a la Fiscalía a ver si daba salida a un informe que todo el mundo interpretó siempre que iba a ser favorable al presidente del Gobierno.

Sin embargo, por el informe dado a conocer este jueves sabemos que el Ministerio Público jamás tuvo la menor intención de dejar que el caso Grúas entrara en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de ahí que se haga referencia expresa a la fecha de la aprobación inicial del estatuto en el Congreso de los Diputados (13 de septiembre) y en el Senado (24 de octubre) como hitos decisivos en este pronunciamiento. Hubiera resultado una extravagancia pronunciarse sobre la jurisdicción en una fase final de gestión parlamentaria sabiendo como se sabía que el aforamiento iba a pasar a mejor vida.

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