Águeda y Belén

Águeda Montelongo cumplió con las prescripciones del manual y con lo esperado. Accedió al Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, sede del Tribunal Superior de Justicia, sonriente, con apariencia de estar relajada y vistiendo de modo sencillo. Llegó caminando desde el cercano despacho de su abogado, Eligio Hernández, que la acompañaba campechano como siempre, sin adoptar ninguna pose forzada, encantado de conocerse. Como es él. Si no fuera porque la trayectoria del ex fiscal general del Estado en defensa de personas acusadas de corrupción forma parte hace tiempo del paisaje judicial canario, casi diríamos que resulta llamativo que una imputada del PP elija a un veterano socialista para defenderla. Es una estrategia de defensa como otra cualquiera: elegir a Eligio, según la creencia comúnmente aceptada, es contar con un letrado que presume de estrechísimas relaciones donde las togas tienen un más acentuado olor a naftalina y las puñetas amarillean. Otra cosa es su palmarés. Al abogado herreño afincado en La Laguna pero con despacho en Las Palmas de Gran Canaria se le acumulan últimamente demasiadas derrotas judiciales, algunas de ellas con severos apercibimientos de los magistrados ponentes por el tonito faltón que el pollo del Pinar ha adoptado en algunos de sus recursos. Sus diatribas públicas con jueces que investigan la corrupción empiezan a ser muy gruesas, tanto por la cantidad de papel que se acumula (es un pertinaz colaborador de El Día) como por el tamaño de los palabros que emplea para despreciar a los que él sencillamente reduce a la condición de jueces estrellas. La lucha contra la corrupción la entiende de un modo muy particular, quizás del modo que la entiende el Partido Popular, para quien este jueves se puso la toga en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Matar al auxiliar administrativo

A Santiago Santana lo enchufó el Partido Popular en el Patronato de Turismo de Fuerteventura como auxiliar administrativo. Allí tuvo la mala fortuna de tropezarse con Águeda Montelongo, vicepresidenta del organismo, que se dedicó (presuntamente, ¿eh?) a invitar a prebostes del partido a pasar lujosos fines de semana de tres en la isla a costa del organismo dependiente del Cabildo Insular. Por lo tanto, resulta comprensible que cuando estalló el caso Patronato, Santana cerrara filas con su jefa y sus compañeros de partido y abrazara con ellos –todos a una- la tesis oficial del error formal que entre todos cometimos y entre todos corregimos, amén. Desde que ocurrieron los hechos que ahora se juzgan y el juicio que comenzó este jueves en Las Palmas de Gran Canaria, ha pasado el suficiente tiempo como para que Santana descubriera que le iban a endilgar a él solito el mochuelo del caso Patronato, y encima, ya sin empleo. Eligio Hernández desde la tribuna de letrados y Salvador Alba desde el estrado del tribunal, achucharon al imputado para intentar aclarar qué momento de sus declaraciones (las de la instrucción o las de ahora) son las veraces. Están en su derecho (y en su obligación) de hacerlo, pero parece de sentido común descartar que un auxiliar administrativo se dedique por su cuenta y riesgo a falsificar documentación oficial para pagar con falsas identidades los gastos de prebostes a la mayoría de los cuales no conocía. Y todo a mayor gloria de la presidenta del partido que, aleluya, aleluya, no sabía que esas cosas estaban pasando a pesar de ser ella la que siempre quedaba como una generosa y eficaz gestora ante los convidados. Venga ya. Pero como los burros vuelan con simpar facilidad entre los patios y las palmeras del viejo Palacio de Justicia, cualquier cosa que ocurra no tiene por qué sorprendernos lo más mínimo. No olviden ustedes que fue este mismo TSJC, aunque con otros jueces, el que absolvió con palio, alfombra roja, escuadra y gastadores, a Jorge Rodríguez, alias Alicatessen, del caso Grupo Europa al considerar que su tráfico de influencias fue trafiquito y no influyó lo más mínimo en el cambio climático.

El Hierro no tiene arreglo

Qué tiempos aquellos en los que la isla de El Hierro era territorio indiscutible de los Padrones y no se movía un pajullo sin su control. Los fundadores de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) se aplicaron un día aquello de la renovación y dieron paso a unos herederos del invento que, sin un liderazgo tan firme como aquel, se tienen que pelear ahora para mantener una alcaldía con tan sólo tres concejales o un Cabildo apoyándose en un consejero de Nueva Canarias acusado de zurrarle a su propia hermana. La reunión que este jueves mantenían a contrapelo las dos partes enfrentadas en la isla (el PSOE y AHI) acabó como era de prever, sin acuerdo de ningún tipo. Y no solo porque Alpidio Armas se reiteró en lo que lleva días diciendo sobre la moción de censura en La Frontera, sino porque también se mantuvo en sus trece la presidenta del Cabildo, Belén Allende, autora del epicentro del terremoto político que en estos momentos sacude a la isla. Si ella hubiera cumplido con el cascado pacto regional en cascada con el PSOE, a estas horas el mapa político herreño sería otro completamente distinto: mayoría absoluta de los socialistas en El Pinar y gobiernos compartidos en Valverde y La Frontera. La señora Allende, que juró hacer pagar a Alpidio Armas la ofensa de haberla descabalgado de la presidencia del Cabildo en 2011, dice estar dispuesta a cumplir ese pacto con el PSOE si tanto Armas como su número dos, Juan Rafael Cabrera, abandonan la Corporación. Demasiado para un secretario general de un partido en la isla que acaba de ser presidente del mismo Cabildo ahora en disputa. Belén Allende estaba que se la llevaba el diablo en la reunión de este jueves en Santa Cruz de Tenerife. Hubo mucha tensión, muchísima, y no sólo entre ella y Alpidio Armas sino también entre ella y el presidente de la gestora del PSOE de Tenerife, Héctor Gómez, al que la presidenta herreña llegó a decir aquello de “usted mejor se calla”. Gómez, que tiene de nuevo lo que tiene de salvaje, se le tiró al cuello y no soltó a la lideresa hasta ver que agachaba la cabeza arrepentida de su desafuero.

Una sesión devaluada

Tampoco se cortó un pelo el líder de la Agrupación Palmera Indepediente, Antonio Castro, cuya presencia en la reunión resulta inexplicable a los efectos puramente territoriales, salvo por su indisimulable deseo de echar gasolina al fuego de la ruptura del pacto con los socialistas, con el que no está en absoluto de acuerdo. Al ex presidente del Parlamento no le gustó un comentario de Alpidio Armas referido a la paz que reina en el pacto entre el PSOE y Coalición Canaria en el Cabildo palmero a pesar de las profundas diferencias que sostuvieron ambos partidos en el mandato recién finiquitado. “De La Palma no hablemos”, vino a decir Antonio Castro en una preocupante reiteración de la postura censora de su compañera herreña. Pero tiene razón Armas: en La Palma funciona muy bien el recién estrenado pacto entre socialistas y nacionalistas pese a los duros enfrentamientos vividos en la segunda mitad del mandato anterior, cuando los primeros censuraron a los segundos con la ayuda del PP, ahora en la oposición. La representación nacionalista la completaban varios bomberos pirómanos más, como José Miguel Ruano, desesperado por transmitir tanto dentro como fuera de esa reunión la sensación de que el acuerdo regional está en serio peligro por la censura a la alcaldesa de La Frontera. A pesar de haberse aceptado que Alpidio Armas acudiera al encuentro en compañía de su socio de Unión Frontera, Pedro Luis Casañas, Ruano prohibió taxativamente que entrara alegando que aquella era una reunión de la mesa del pacto entre socialista y nacionalistas. Fue, dicho sea con el máximo respeto a los presentes, una mesa de segunda división, lo que ya demuestra la poca fe que los dos partidos tenían en esta especie de paripé. Porque a pesar de haber anunciado su presencia, no estaban ni Fernando Clavijo ni Patricia Hernández; y por el PSOE sólo escoltaron al secretario general herreño la diputada por la isla Ana González, el mencionado Héctor Gómez y el portavoz parlamentario, Iñaki Álvaro Lavandera.

A partir del 20, Valverde

Si alguien de CC o de AHI tenía alguna confianza en el resultado de esa reunión, ya puede ir dedicándose a otra cosa. Alpidio Armas no se marchó sin reiterar en varias ocasiones que la moción de censura se votará el día 19; que no se va a retirar del Cabildo para propiciar un pacto de Belén Allende con su partido; que le preocupa exactamente una higa que por culpa de La Frontera se rompa el pacto regional, y que a poder que él pueda, al día siguiente de cambiar a la alcaldesa de La Frontera comenzarán las negociaciones con el Partido Popular en la capital de la isla y, quién sabe, incluso en el Cabildo. Porque si finalmente resultara condenado el único consejero de Nueva Canarias, Eutimio Armas, el voto que sustenta a Belén Allende en la Corporación, y su partido decidiera darle el pasaporte y aceptara marcharse, el siguiente de la lista viene a ser un candidato de Unión Frontera, el partido con el que el PSOE va a gobernar ese municipio a partir del día 19. En resumen: por no querer cumplir el pacto en el Cabildo ni en Valverde, Coalición Canaria-AHI podría correr el riesgo de quedarse en la oposición en las cuatro corporaciones locales herreñas. Mejor no pensar en la pelotera que se puede montar en el hipotético caso de que los herreños de AHI cumplieran su amenaza de castigar a CC con el látigo de su indiferencia. ¿Y Lanzarote? Peor, gracias.

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