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'Bragagate': “Teníamos que justificar gastos”

Canarias Ahora / Canarias Ahora

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que no encontró pruebas para imputar a Cristina Tavío, a la sazón presidenta insular del PP de Tenerife, y a otros compañeritos suyos en el Ayuntamiento de Santa Cruz en el mandato anterior, por haberse mamado 160.000 euros de dinero destinado a gastos del grupo municipal y justificarlos con facturas de ropa interior (bragas y gayumbos, de ahí lo de Bragagate), circuitos de spa, lavado de coches, estancias en hoteles de lujo, puros y botellas de güisqui de gama alta, entre otras zarandajas. En realidad, según las explicaciones conocidas, el dinero se gastó en asuntos del PP, bien actos electorales o bien iniciativas del mismo grupo para ganarse el favor vecinal santacrucero. Pero el interventor puso reparos a los métodos de volatilización del dinero y pidió que se justificaran los gastos, lo que condujo, según explicó posteriormente el entonces secretario general regional del partito, Manuel Fernández, a que todos los implicados “se rascaran en bolsillo” buscando facturas personales que aportar hasta poder completar las cantidades presuntamente injustificadas. Es decir, un error contable que se resolvió presentando facturas falsas a una contabilidad oficial, la de un Ayuntamiento, para justificar el destino incorrecto de fondos públicos. Cuando la fiscalía archivó la denuncia de Justicia y Sociedad “por falta de pruebas”, Cristina Tavío guardó un prudente silencio. Sabía que el error era grave y no era aconsejable airearlo mucho, no ya por temor a una justicia que una vez más miró para otro lado, sino porque sabía que el escándalo había sido mayúsculo y no se debía presumir de tan pírrica victoria. Manolo Fernández no se calló, sin embargo, y llegó a afirmar que gracias a sus amplios conocimientos jurídicos, él sabía de antemano que no habría causa penal. Una vez más se amparó el PP en la cobertura judicial para escabullirse de un escándalo de claras connotaciones políticas, el uso torcido del dinero público para beneficio directo de la causa partidaria. No hubo dimisiones, ni disculpas. Sólo impunidad y chulería.

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