Catástrofe catastral en Santa Brígida

Nadie acierta a pronosticar qué va a pasar con las decenas de vecinos y vecinas de Santa Brígida cuyas casas han entrado directamente en el limbo urbanístico. El Supremo, como ya adelantó este periódico, ha declarado toda la expansión urbana de la villa ilegal de toda ilegalidad y desde que algún alma descarriada le dé por pedir demoliciones, habrá que demoler. La situación de incertidumbre en la que han quedado instalados esos perjudicados por un urbanismo desastroso, practicado por corporaciones sucesivas en ese municipio, no se alivia con el anuncio de las autoridades de que todo quedará legalizado con el nuevo Plan General, extremo que ningún experto urbanístico se atreve a avalar por la jurisprudencia y por la casuística de este municipio. Así las cosas, los vecinos empiezan a movilizarse, y la oposición al actual alcalde, Lucas Bravo de Laguna, también. En el último pleno, el pasado jueves, la concejala Guadalupe del Río, de Cambio por Sataute, ya pidió sin éxito que se le rebaje el IBI a estas viviendas, que han pasado de ser urbanas a edificaciones con riesgo de demolición en suelo rústico. Su valor teórico se ha depreciado todavía más de lo que ha caído el mercado inmobiliario, y en cualquier momento puede venir un banco a reclamar a sus propietarios que mejoren sus garantías en el caso de que estén pagando una hipoteca (la mayoría). El alcalde prefirió dedicar sus intervenciones a despotricar contra el abogado que ha sacado los colores a ese Ayuntamiento por su inagotable batería de irregularidades, muchas de las cuales se las ha de comer con papas el actual regidor, en lugar de a) reconocer que sus antecesores en el cargo la han cagado ampliamente; b) él, en alguna ocasión, también; c) buscar soluciones para los vecinos afectados, y d) no sacar mucho pecho porque el señor Bravo de Laguna, Lucas, y el señor Bravo de Laguna, José Miguel, se mofaron de las sentencias judiciales, y ya con una condena provisional, se permitieron inaugurar con escuadra y gastadores el centro polifuncional de servicios sociales, que también está en situación urbanística ilegal y, por tanto, susceptible de ser demolido en cuanto alguien pida la ejecución de la sentencia.