Clavijo derechiza su Gobierno para insinuarse al PP

Como un calcetín. Fernando Clavijo ha aplicado una transformación extrema de su Gobierno con tan solo producir la sustitución de los cuatro consejeros socialistas que el pasado diciembre destituyó tras una insostenible situación de desconfianza mutua. Si el sello del PSOE proporcionaba al Ejecutivo cierto aroma de progresismo, con los cambios introducidos este miércoles por el presidente regional eso se acabó. El trabajo que se venía desarrollando en áreas como la dependencia y las políticas sociales, auténticas marías en las pasadas legislaturas; el rigor y la exigencia introducidos en Obras Públicas, o los intentos modernizadores (ciertamente poco apreciables) en Sanidad, se toparon de bruces con el empeño presidencial -desde el minuto uno de aquel pacto- por trasladar a la ciudadanía que el invento no funcionaba. Pero antes de echarse en brazos del PP había que demostrar la tesis, y para conseguirlo el clavijismo hizo de todo. Ya saben, para qué aburrirles con esa sucesión indecente de traiciones, humillaciones, mentiras y trampas tendidas al PSOE estos 18 meses.

Por eso el primer gesto que Clavijo quería transmitir públicamente tras la expulsión del PSOE debía ser necesariamente de derechización. De mayor derechización todavía. Una descarada insinuación al Partido Popular para que se fíe de Coalición Canaria, difícil empresa después de verle hacer lo que todos le hemos visto hacer. Hasta que Madrid decida, Clavijo y su Gobierno se arrastrarán para que el PP le preste su respaldo y, a ser posible, se incorpore al Ejecutivo. No dependerá de Asier Antona, y mucho menos del pobre Clavijo, que tardará poco en descubrir que echó por la borda el pacto que más le convenía.

Designar consejero de Sanidad a un dirigente de la patronal española de la sanidad privada es un paso intragable que jamás se hubiera atrevido a dar ningún dirigente del Partido Popular. Es de un descaro y de una desfachatez insuperables por lo que significa de desprecio absoluto a la gestión de lo público y por la completa postración del presidente de todos los canarios ante el lobby empresarial grancanario, personificado en el empresario Mario Rodríguez, uno de los líderes con más peso específico del Círculo de Empresarios y, por analogía, de la Confederación Canaria de Empresarios.

El lobby de la sanidad privada, que también en Tenerife tiene un inmenso poder, ha conseguido doblegar a todo un presidente del Gobierno, atemorizado por la reacción que la patronal le hizo llegar tras conocer los intentos del destituido consejero socialista, Jesús Morera, de revisar y actualizar los conciertos sanitarios, anteriores a la Constitución Española. “¿Qué coño es eso de que tengamos que hacer sala de baños para los pacientes en camilla? ¿Habitaciones con aire acondicionado y con solo dos camas? ¿Más enfermeros y enfermeras? ¿Y nuestros beneficios?”

“Échales un par de millones más a estos, a ver si los tranquilizamos”, le llegó a decir Fernando Clavijo a Jesús Morera en una de esas reacciones de estadista que frecuentemente tiene nuestro presidente de Canarias.

Tocar la sanidad privada conlleva serios riesgos, y Clavijo no los quiso asumir nunca. Al contrario, una vez despejado el camino, ha decidido que sean los patronos de ese sector los que gobiernen la sanidad pública de Canarias. Un disparate insuperable que hará que se profundice aún más en el desconcierto y la desmoralización del colectivo sanitario y en las comprensibles sospechas de los usuarios.

Ya dilucidarán los expertos en Derecho y en incompatibilidades cómo es posible que un dirigente empresarial pueda asumir una cartera cuyas decisiones cotidianas habrán de tropezar ineludiblemente con los intereses del sector al que algún día habrá de volver. Política y éticamente este nombramiento no tiene ningún pase, por mucho que el presidente se dedique, en uno de sus gestos frívolos, a decirnos que Baltar, el nuevo consejero, ya gestionó un hospital público gallego ¡hace veinte años! Ahora gestiona un poderosa empresa de clínicas privadas, San Roque, que recibe nada menos que 20 millones de la consejería de la que ahora pasa a ser máximo responsable.

¿A quién en su sano juicio se le ocurre poner la sanidad pública canaria en manos de quien asegura poder acabar con las listas de espera en seis meses si le dan 16 millones para las clínicas privadas? Si no fuera porque no se pueden arriesgar esos 16 millones de los contribuyentes canarios, sería el momento de invitarlo a que demuestre tamaña chulería.

Cualquiera que haga un seguimiento a las intervenciones quirúrgicas que se realizan en Canarias descubrirá que las cataratas y los traumas, las más sencillas, son la especialidad de las privadas mientras que las operaciones que entrañan más dificultad y riesgo (tipo obesidad mórbida) las rechazan y quedan en manos de la pública. Pero cada uno es libre de proponer realizar la mayor fantasmada del mundo. Lo que no es de recibo es que un presidente se la trague.

Poco se puede esperar de la sensibilidad de Clavijo hacia la sanidad pública y las necesidades de sus usuarios cuando fue capaz de ordenar al consejero Morera que, para recortar gastos, dejara de dispensar con cargo al Servicio Canario de la Salud las vacunas de la Hepatitis C. En Galicia, donde gobierna el PP, hay dos altos cargos imputados por haberlo hecho. Morera se negó y le cayó una campaña de descrédito público de la que no llegó a recuperarse.

Con el nombramiento de Baltar en Sanidad ya son dos los miembros del Gobierno de Canarias impuestos por el lobby empresarial canarión. En Industria, como saben, se encuentra Pedro Ortega, que lideró la patronal industrial de Canarias, Asinca.

Si en algo está siendo coherente Clavijo es en su deseo de gobernar para los empresarios, como ha repetido sin remilgos varias veces en el Parlamento.

Un desafío en Empleo

Tampoco deja de ser llamativo el nombramiento de Cristina Valido como consejera de Empleo. Actualmente en el Cabildo de Tenerife, a las órdenes directas de Carlos Alonso, uno de los ideólogos de la voladura de la Comunidad Autónoma diseñada desde la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), a Cristina Valido hubo que insistirle mucho para aceptara el cargo. Sabe que la encomienda que tiene no tendrá un final feliz: o pierde su puesto en el Gobierno por la entrada del PP antes de que termine la próxima primavera, o su cartera quedará desnaturalizada si prosperan los intentos del presidente del Cabildo de Tenerife de repartir entre las corporaciones insulares canarias sus fondos y la gestión de las políticas activas de empleo. Conviene no olvidar que ese empeño fue una de las causas de la ruptura del pacto regional, al retirársele a la anterior vicepresidenta, la socialista Patricia Hernández, 30 millones que le debieron llegar vía Fondo de Desarrollo de Canarias, el famoso y tenebroso Fdecan.

Para que quedara bien claro por dónde vienen los tiros, al frente del Servicio Canario de Empleo ya han colocado al hermano de Carlos Alonso, Sergio Alonso, que abandona el puesto de jefe de gabinete del alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, en medio del tronar de tambores que anuncian moción de censura cuando los socialistas dejen de hacer el tolete. A Sergio Alonso le crearon esa plaza en Aguere para dar satisfacción a las exigencias de su hermano, al que defiende con uñas y dientes en las redes sociales, insultando a periodistas si es menester. De él solo cabe esperar que ejecute las órdenes que le den, como si entre ellas se incluye el desmantelamiento del Servicio Canario de Empleo a favor de los cabildos.

¿Y qué decir del nuevo vicepresidente y consejero de Obras Públicas? Lo mejor que se puede decir de Pablo Rodríguez es que es buena gente. Y punto. Sin capacidad de liderazgo político, sin gancho maldito para resucitar a una moribunda Coalición Canaria en Gran Canaria, fracasado en sucesivos procesos electorales, Clavijo lo coloca en la cúspide gubernamental porque es el único diputado de su partido por la isla de Gran Canaria. Es decir, si hubiera sido otro, otro sería ahora el presidente. Lamento decirlo por el bueno de Pablo, pero las cosas son como el propio Clavijo las contó este miércoles.

Sin formación ni experiencia, a Rodríguez se le endosa el peso de la vicepresidencia y nada menos que la Consejería de Obras Públicas, desde la que tendrá que lidiar con hostilidades externas e internas. Las externas, el déficit financiero de los convenios con el Estado frente a la exigencia de infraestructuras en todas las islas. Y las internas, de nuevo Carlos Alonso, el ambicioso presidente del Cabildo de Tenerife, que también en esta materia pretende el desmantelamiento de la autonomía: que le den el dinero y las competencias, que él licita y adjudica. Ornella Chacón, la consejera socialista saliente, pudo sostener el pulso. Pablo Rodríguez no aguantará ni media hora, otra de las virtudes que le han permitido acceder a ese cargo.

Su papel resultará tan insípido (esperemos que no llegue al rango de vergonzoso) que se hace difícil creer que su paso por el Gobierno de Canarias pueda suponer algo positivo para la recuperación de Coalición Canaria en Gran Canaria.

Por último, José Miguel Barragán, el Antonio Hernando de Coalición Canaria. Capaz de servir lealmente a Paulino Rivero y adaptarse sin solución de continuidad a las mismas funciones para Fernando Clavijo, conocedor como ninguno de lo que se movió en aquellas alcantarillas para que el relevo ocurriera, es un pilar innegable de la organización.

Le repugnaron los movimientos de su partido para humillar y echar a los socialistas, y hasta amenazó con irse para su casa si los suyos continuaban moviendo los cubiletes de trileros. Lo debieron convencer y ahí sigue. Le conviene a Clavijo tener a alguien así a su lado, alguien que de vez en cuando le recuerde que se está cargando CC, aunque el alcalde-presidente crea lo contrario. Fuerteventura está peor, debió pensar.